El FMI y el aumento de los impuestos

Es llamativa la propuesta del FMI de incrementar impuestos. En su reciente publicación titulada “Fiscal Reform can Help Dominican Republic Attract Greater Investment” plantean que el alto índice de ‘debt affordability’ medido como pagos de deuda/ingresos tributarios encarece el costo de los fondos internacionales. Una reforma fiscal que aumentara los ingresos (impuestos) mejoraría este índice y la evaluación de nuestros instrumentos de deuda internacional lo que reduciría las tasas de interés a pagar. 

Estos flujos de fondos a menor precio, postula, permitiría aumentar la inversión pública y privada - a incluir proyectos que permitan enfrentar los embates del cambio climático - y aumentar el gasto social, gracias a un aumento en el endeudamiento futuro. 

Veamos cómo se corresponde la hipótesis de un mejor rating a mayor acceso a financiamiento internacional en el pasado. En los años en que los instrumentos de deuda dominicanos pasaron de un Moody’s rating de B2 (2007) a B1 (2010) la deuda externa del gobierno central aumentó de USD 6,508 millones a USD 9,940 millones, USD3,432.1 millones o 53 % en 3 años. En 2017 el rating dominicano aumentó de B1 a Ba3 estable; la deuda subió a USD 18,815 millones, para un incremento de USD 8,874.4 u 89% en 7 años. Gracias a las mejoras en la evaluación internacional de nuestra economía que avanzaba a buen paso, la valoración de nuestros instrumentos de deuda fue mejorada a Ba3 positivo en 2023, momento en el cual la deuda externa alcanza un nivel de USD 38,900 millones para un incremento de USD 20,032.8 millones o 106 % con respecto a 2017.

¿Qué ha ocurrido con la inversión pública en este lapso de tiempo?   

En términos dolarizados, ha aumentado USD 5,515.9 millones, USD 11,864.3 millones y USD 9,942.1 millones para los mismos periodos. Esto implica que el endeudamiento externo ha cubierto el 62%, 75% y 201% de la inversión pública. Más claramente, la inversión pública ha estado estancada por debajo de los USD 1,500 millones por año con la excepción del 2022 y 2023. Los montos acumulados por periodo de clasificación Moody’s indican que, durante el último periodo (2017-2023), a pesar del aumento de la inversión en los últimos dos años, al menos USD 10,000 millones de endeudamiento externo fueron dedicados a gastos no de capital, léase, gastos públicos corrientes. ¿Es ésta la vía del desarrollo? 

Cabe señalar que la inversión pública solo ha representado un 9.0% de la formación bruta de capital fijo total de la economía desde 2007; y con tendencia a la baja, iniciando cerca del 10% y cayendo a un mínimo de 5.2% en 2022 para repuntar a 6.8% en 2023. Lo anterior significa que la mayor proporción de la inversión realizada la ejecuta el sector privado en base a reinversión de beneficios, la obtención de préstamos a tasas domésticas y préstamos externos. Dado que la inversión privada es el factor preponderante para el crecimiento económico, se esperaría que el FMI estuviera recomendando medidas para que esta sea fortalecida, cosa que el aumento de impuestos no logra de manera directa. 

Como evidencia, en su artículo reciente el FMI argumenta que los países de la región con calificación BBB muestran una tasa de impuestos/PIB de 17.6%, apenas 0.3% mayor al mismo ratio para países con la calificación menor de BB. Incluyen un gráfico que muestra una gran dispersión en este ratio para países de la región que va desde 7.5% a 28% para países con calificación BB y de 10% a 24% para países con calificación BBB, lo cual solo puede considerarse como evidencia inconclusa. 

Igual acontece con su grafico que muestra que, en promedio, los países con mejor rating disfrutan de un spread de 64 puntos básicos menos en el costo de sus instrumentos de deuda. Se observa que superan al spread de RD dos países con calificación superior de BBB y que cinco países con calificaciones BB disfrutan de spreads de hasta -100 puntos básicos que nosotros. Esto así, parece que entran en juego muchos otros considerandos a la hora de los ratings que muy minuciosamente elaboran las agencias en busca de ofrecer claras pautas a los inversionistas. 

Sorprende, pues, que el FMI, abanderado de los equilibrios fiscales y promotor de reglas fiscales de varios tipos en todo el mundo, no haga un llamado a racionalizar el gasto fiscal visto que el gasto corriente (incluyendo intereses) absorbe el 82% del gasto público, un hecho que limita los fondos disponibles para inversión. Este faltante termina auspiciándose con financiamiento externo. 

Visto que su interés radica en el esquema tributario, todo apunta a que el FMI debiera enfatizar la necesidad de elaborar un código tributario que fortalezca la inversión privada, motor del crecimiento, con miras a eficientizar las recaudaciones, minimizando, como señalan, la evasión y factores distorsionantes como pudieran ser algunas exenciones. La mejora de los ratings financieros es un resultado de esto, no un fin en sí mismo. Dicho de otra manera, es preferible que los ratings reflejen el fortalecimiento de la economía, no del Estado.  

Una reforma fiscal, que debiera incluir reglas sobre el control de gastos y del equilibrio fiscal, incluyendo topes al endeudamiento externo, es la que pudiera generar una plataforma para un crecimiento sostenido a mediano plazo que permita realizar el potencial de la economía dominicana.