La AIRD reafirma su compromiso en la lucha contra el comercio ilícito

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reafirmó ayer su compromiso de combatir el comercio ilícito, calificándolo como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las empresas formales, la recaudación fiscal y la seguridad de los consumidores en el país.

Según la AIRD, esta práctica genera graves distorsiones en el mercado, debilita la competitividad industrial y fomenta actividades delictivas internacionales, impactando negativamente a los sectores formales de la economía.

La institución compartió en una nota de prensa un resumen del contenido de su revista Hecho en RD.

 Destacó la importancia de unificar esfuerzos entre los sectores público y privado para enfrentar este desafío. "No existen soluciones individuales; el actuar fragmentado fortalece a quienes se benefician del comercio ilícito", señaló Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo y editor de la publicación.

Enfatizó la necesidad de sanciones severas, la cooperación interinstitucional y la conciencia social como pilares fundamentales en esta lucha.

La conformación del Consejo Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito, creado bajo la Ley No. 17-19, es reconocida por la AIRD como un avance significativo en este esfuerzo conjunto. Este organismo tiene como objetivo proponer medidas preventivas para erradicar el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados, mediante la colaboración entre gremios del sector privado y los organismos reguladores correspondientes.

"Desde la AIRD respaldamos el comercio responsable y la competencia leal, así como las alianzas público-privadas que asumen la responsabilidad compartida de eliminar este cáncer social", afirmó la entidad.

La AIRD reiteró su compromiso con esta causa y su determinación de continuar trabajando para garantizar un mercado transparente, competitivo y justo para todos los actores involucrados.

Muchas voces, una sola lucha

Diversos gremios y representantes del sector privado se pronuncian en esta edición de Hecho en RD sobre el impacto del comercio ilícito en sus áreas de trabajo, sumándose a una lucha común.

Juan José Alorda, presidente de ARAPF, destacó los riesgos que los medicamentos ilícitos representan para la salud pública, mientras que Ludwig García, de INFADOMI, enfatizó la importancia de adquirir medicamentos solo en establecimientos autorizados. Por su parte, Ana María Martínez, de ADOFACE, subrayó la necesidad de garantizar seguridad y transparencia como pilares en la lucha contra este flagelo. Giuseppe Bonarelli, presidente de RIVLAS, y la Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON) advirtieron que los aumentos en impuestos a las bebidas alcohólicas fomentan el comercio ilegal. Además, Andrés Espinal, de ASOCIGAR, y Litto Gómez, de PROCIGAR, señalaron cómo este problema afecta la competitividad económica y productos emblemáticos como el cigarro dominicano. Desde ADEIC, Rosanna Grullón instó a enfrentar el comercio ilícito como un desafío nacional.

Expertos técnicos también aportaron sus perspectivas. Jaime R. Ángeles analizó el impacto en la industria farmacéutica, mientras que Ralvin Gross y Erick Pérez del Toro destacaron los riesgos económicos y sanitarios asociados al comercio ilegal de bebidas alcohólicas y otros productos. Jorge Esteva enfatizó los desafíos que el comercio ilícito de combustibles representa para el sector energético dominicano.

En el ámbito gubernamental, figuras clave compartieron sus iniciativas. Miriam Germán Brito, procuradora general de la República (PGR), destacó que el combate al comercio ilícito es una tarea urgente y prioritaria. Por su parte, Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), subrayó los avances liderados por esa institución en esta lucha. Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas, destacó que cada golpe al comercio ilícito refuerza la seguridad nacional.

Luis Valdez, director general de Impuestos Internos (DGII), señaló la importancia del control fiscal, mientras que Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor, alertó sobre los riesgos que representa el comercio ilícito para los derechos de los consumidores. Leandro Villanueva, de DIGEMAPS, habló sobre la vigilancia sanitaria frente a la falsificación de fármacos.

Desde ProCompetencia, María Elena Vásquez recalcó la necesidad de proteger la economía local, mientras que Néstor Julio Matos, de INDOCAL, destacó el rol de la normativa de calidad. Finalmente, el general César A. Miranda Mañón, del CECCOM, afirmó que proteger la salud social y las inversiones lícitas no es negociable.