Total ausencia de marco legal sobre pasivo ambiental minero en República Dominicana

La República Dominicana no cuenta con un marco legal que defina y regule los pasivos ambientales generados por la actividad minera y carece de un inventario que liste los pasivos ambientales mineros existentes.

Estas son dos de las principales conclusiones de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, publicada este martes, y que analiza los distintos instrumentos legales que inciden en la conservación del medio ambiente y su aplicación desde el primero de enero de 2015 al 31 de marzo de 2020.

En su informe, la Cámara de Cuentas también destaca que además de la ausencia de "normas y políticas específicas relacionadas con el manejo de Pasivos Ambientales Mineros (PAM)", el país tampoco cuenta con "procedimientos para la gestión correctiva de los Pasivos Ambientales Mineros".

El estudio, que se realizó a partir del oficio de la Presidencia número 006275/2020, del 23 de junio de 2020, surgió de una del Grupo de Trabajo de Obras Públicas (GTOP) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).

"En ese marco, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana fue invitada a participar de esta Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales Mineros, la cual cuenta con el apoyo del Proyecto Olacefs-(GIZ) para fortalecer el control externo en el área ambiental", explica el organismo regulador

Sin presupuesto ni planificación

Entre los demás hallazgos de esta auditoría, la Cámara de Cuentas señala que no existen fondos económicos para reaccionar ante emergencias generadas por colapsos estructurales de los pasivos ambientales mineros o depósitos derivados de la minería. Tampoco se identificaron fuentes de financiamiento internacional para estos fines.

A esto suma que el Ministerio de Medio Ambiente no contempla una planificación estratégica de mediano (5 a 10 años) y/o largo plazo (de 10 a 20 años) en atención de la recuperación de los pasivos ambientales mineros, ya existentes.

"Observamos que no existen mecanismos o procedimientos de control respecto al tratamiento de los Pasivos Ambientales Mineros" y que "no existen los mecanismos de seguimiento para la etapa de post regeneración", dijo el órgano auditor.

La Cámara de Cuentas también apunta la ausencia de articulación, coordinación y participación desde Medio Ambiente con otros organismos gubernamentales, ni con la ciudadanía, para el manejo de estos pasivos ambientales. La situación es igual en cuanto al sector privado. 

No obstante a no contar con un marco regulatorio específico, que considere un régimen de responsabilidad de la gestión y regeneración de los pasivos ambientales mineros, en el informe se indica que "pudimos observar que la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que la responsabilidad de la gestión debe estar considerada en la autorización ambiental emitida por el Ministerio, donde se obliga al promotor a ejecutar un plan de manejo y adecuación ambiental, frente a los daños o impacto ambiental ocasionados".

En el documento se hace referencia a respuestas ofrecidas por el ingeniero Julio Valdez, exdirector de Recursos Mineros del Ministerio de Medio Ambiente; y por el exministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, ante los distintos hallazgos.

Recomendaciones

Ante el panorama en torno a estas carencias, la Cámara de Cuentas recomienda gestionar con el Congreso Nacional "la creación de un marco normativo para la gestión de pasivos ambientales y una normativa específica para los pasivos ambientales mineros".

También elaborar procedimientos y políticas internas para la gestión preventiva y correctiva de estos pasivos; establecer instrumentos de planificación estratégica para su manejo integral y su recuperación; y promover la participación ciudadana.

Además, elaborar un inventario de los pasivos ambientales mineros existentes en el país, categorizado según su riesgo ambiental; así como establecer responsabilidad y sanciones a los entes que generen pasivos ambientales.

Por último, implementar herramientas de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales existentes y realizar programas que promuevan el reaprovechamiento de los pasivos ambientales pasivos.

La Cámara de Cuentas dispone la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias, tomando en consideración las observaciones y conclusiones que plantea, para remitir un informe a este organismo "en un plazo no mayor de noventa días", contados a partir de la fecha del recibo oficial del informe.