Jueza recesa medida de coerción contra imputados en robo de municiones en la Policía

Faltando solo la réplica de uno de los imputados, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió recesar la noche de este lunes el conocimiento de medida de coerción contra los 11 implicados en la supuesta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, desmantelada mediante la operación Pandora, que alegadamente sustrajo al menos 900 mil proyectiles de la uniformada.

La jornada judicial continuará este martes a las dos de la tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

Una vez terminada la presentación de la defensa, la jueza deberá retirarse a ponderar la petición de medida de coerción. 

Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.

Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.

El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.

Dijo que diligencias las investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.

Cuatro negociaron, según abogado 

Los rasos de la Policía Nacional Ángel Rubiel Martínez Basilio y Morelbin Medina Pérez, así como el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat y la civil Miguelina Bello Segura, son los cuatro señalados que alegadamente negociaron y colaboraron con el Ministerio Público. 

Así lo confirmó el abogado Gerangel Alies, representante legal del capitán Nelson Valdez. Dijo que su representando no acordará nada con el Ministerio Público porque no ha cometido ningún ilícito.

El Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva contra los encartados que no han negociado y que el caso sea declarado complejo.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, encabezaba este lunes el conocimiento de medida de coerción como representante del Ministerio Público.

Camacho expresó que el expediente consta de 213 páginas y unos 135 medios de prueba.

La acusación pesa contra diez personas físicas y una empresa vinculada a uno de los imputados. 

Sobre la investigación

Las municiones eran sustraídas, supuestamente, de la Intendencia de Armas de la Policía y eran vendidas. El Ministerio Público continúa el rastreo de los lugares donde eran comercializadas las municiones. 

La investigación que condujo a la operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada. 

En la ejecución de la operación participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.