Maduro promulga ley que castiga con 30 años de cárcel respaldo a sanciones contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó este viernes una ley que castiga con pena máxima de 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país, un día después de que fuese aprobada por el Parlamento, controlado por el gobernante chavismo.

"¡Ejecútese desde este mismo momento!", dijo Maduro tras firmar la legislación en un acto transmitido en cadena de radio y televisión.

La nueva ley fue aprobada el jueves entre recrudecidas tensiones por la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo (2025-2031), que la oposición liderada por la exdiputada María Corina Machado denuncia como un fraude y reivindica el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia.

"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años", recoge uno de los artículos de la ley.

La norma estipula además inhabilitaciones de 60 años para ejercer cargos públicos a dirigentes que las apoyen y multas equivalentes a entre 100,000 y un millón de dólares.

Los acusados podrán ser juzgados en ausencia.

Es "una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer, como estamos venciendo y venceremos, todas las amenazas, todos los bloqueos, del imperialismo norteamericano y sus países satélites", expresó Maduro.

La Ley Libertador Simón Bolívar impulsada por el Parlamento venezolano responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Venezuela. El texto aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.

La legislación en discusión en el Congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLÍVAR por sus siglas en inglés), veta contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro, considerado "ilegítimo" por Washington.