Republicanos alimentaron el miedo al voto de los no ciudadanos; casos de Ohio muestran otra realidad

Antes de las elecciones presidenciales de noviembre, el secretario de gobierno y el fiscal general de Ohio anunciaron investigaciones sobre un posible fraude electoral que incluía a personas sospechosas de haber votado aunque no eran ciudadanos de Estados Unidos.

Esto coincidió con una estrategia retórica republicana a nivel nacional que advertía que potencialmente miles de electores no elegibles votarían.

“El derecho al voto es sagrado”, dijo en un comunicado en ese momento el fiscal general Dave Yost, republicano. “Si no eres ciudadano estadounidense, votar es ilegal, tanto si pensabas que podías hacerlo como si no. Tendrás que rendir cuentas”.

Al final, sus esfuerzos sólo condujeron a un puñado de casos. De las 621 denuncias por fraudeelectoral que el secretario de gobierno, Frank LaRose, envió al fiscal general, los fiscales han logrado acusaciones contra nueve personas por votar como no ciudadanos en el transcurso de 10 años, y más tarde se descubrió que una de ellas había fallecido. Ese total es una pequeña fracción de los 8 millones de votantes registrados en Ohio y las decenas de millones de votos emitidos durante ese período.

El resultado y las historias de algunos de los que ahora enfrentan cargos ilustran la brecha, tanto en Ohio como en todo Estados Unidos, entre la retórica sobre el voto de no ciudadanos y la realidad: poco frecuente, se descubre y se persigue cuando ocurre y no forma parte de un plan coordinado para alterar las elecciones.

The Associated Press asistió en persona y virtualmente a audiencias judiciales de tres de los acusados de Ohio en las últimas dos semanas. Cada uno de los casos involucraba a personas con fuertes lazos con su comunidad que actuaron solas, a menudo bajo la impresión errónea de que eran elegibles para votar. Ahora se enfrentan a cargos por delitos graves y posible deportación.

Entre ellos se encuentra Nicholas Fontaine, un trabajador metalúrgico especializado en chapas de precisión de 32 años de Akron. Fue acusado en octubre de un cargo de voto ilegal, un delito grave de cuarto grado.

Fontaine es un residente permanente nacido en Canadá que se mudó a Estados Unidos con su madre y hermana cuando tenía 2 años. Se enfrenta a una posible pena de cárcel y deportación por acusaciones de haber votado en las elecciones de 2016 y 2018.

Recuerda que, siendo estudiante de secundaria, lo abordaron en la calle para que se inscribiera en el censo electoral.

“Creo que en mi cerebro de joven adolescente, pensé, ‘Bueno, tengo que inscribirme en el servicio militar, debería poder votar’”, explicó Fontaine en una entrevista.

Los residentes permanentes como Fontaine son solo una de varias categorías de migrantes que deben registrarse para un posible reclutamiento militar a través del Servicio Selectivo, pero que no pueden votar legalmente.

Fontaine dijo que recibió una postal de la junta electoral local en 2016 informándole sobre su lugar de votación. Votó sin problemas. Incluso mostró su identificación antes de recibir su boleta.

“No hubo problemas. Entré, voté, entregué mis cosas de votante, eso fue todo”, relató. “No hubo algo como: ‘Oye, hay un problema aquí’, o, ‘Hay una cosa aquí’. Solo, aquí está tu papel (boleta)”.

Fontaine dijo que un oficial del Departamento de Seguridad Nacional lo visitó en su casa en 2018 o 2019, le alertó sobre el hecho de que sus votos en 2016 y 2018 habían sido ilegales y le advirtió que no votara nuevamente. Desde entonces, nunca lo ha hecho. Esa es una razón por la cual su acusación este otoño fue una sorpresa.

Dijo que nunca recibió notificación de que había sido acusado y se perdió su audiencia judicial a principios de diciembre, siendo informado de los cargos solo cuando un reportero de la AP tocó a su puerta después de la audiencia programada y le dijo.

Fontaine dijo que se crió en un hogar donde su padrastro estadounidense le enseñó el valor del voto. Dijo que nunca habría emitido un voto ilegal intencionalmente.

“No conozco a ninguna persona, incluso estadounidenses con quienes he hablado sobre votar, que consideraría votar ilegalmente por ninguna razón”, afirmó. “¿Por qué harías eso? No tiene sentido. Se van a enterar, claramente, se van a enterar. Y es convertir un voto en dos. Incluso haciendo eso, ¿puedes conseguir cien? ¿Cuántos millones de votantes hay en América?”.

Faith Lyon, la directora de elecciones del condado de Portage, indicó que los funcionarios locales en el condado donde se acusa a Fontaine no habrían tenido ninguna manera de verificar independientemente su estado migratorio. Cada formulario de registro de votantes incluye una casilla que pregunta si una persona es ciudadano de Estados Unidos o no y explica que las personas no pueden votar a menos que lo sean, dijo.

En otros dos casos de votación ilegal que avanzan en los tribunales de Ohio, los acusados dejaron esa casilla sin marcar, según sus abogados, creyendo que la omisión resultaría en que la junta electoral no los registrara si realmente no eran elegibles. Sin embargo, fueron registrados de todos modos y ahora enfrentan procesos penales por votar.

Un día antes de la audiencia programada de Fontaine, una de las personas acusadas, Fiona Allen, de 40 años, lloró fuera de una sala de tribunal en Cleveland cuando un defensor público le explicó los cargos que enfrentaba.

Se mudó a Estados Unidos desde Jamaica hace nueve años. Después de entregar el formulario de registro de votantes y recibir su registro, Allen votó en 2020, 2022 y 2023, dicen los fiscales. Allen, madre de dos hijos, incluido un hijo en la Marina de los Estados Unidos, y su esposo desde hace 13 años, un ciudadano naturalizado que también es militar, no quisieron hacer comentarios en el tribunal. Allen se ha declarado inocente.

Otra, Lorinda Miller, de 78 años, apareció ante un juez a través de Zoom la semana pasada. Parecía atónita al enfrentar los cargos.

Su abogado dijo que Miller, quien llegó a Estados Unidos desde Canadá cuando era niña, está afiliada a una tribu indígena que le emitió documentos que la identifican como “ciudadana de América del Norte”. Le dijeron que eso era suficiente para permitirle registrarse y votar. Incluso la han llamado para el servicio de jurado, indicó el abogado Reid Yoder.

Planea llevar el caso a juicio después de que Miller se declaró no culpable de los cargos.

“Creo que la integridad del voto debe ser protegida, de todo corazón”, afirmó Yoder. “Creo que la intención de la ley es castigar a las personas que defraudaron el sistema. Esa no es mi cliente. Para realmente defraudar el sistema, tienes que saber que lo estás haciendo. Mi cliente no es así. Ella cree en la santidad del voto, por eso participó. No sabía que estaba haciendo algo mal”.

Los casos de Ohio son solo un ejemplo de lo que es cierto a nivel nacional: que la narrativa de números generalizados de migrantes sin los documentos legales necesarios que se registran para votar y luego votan simplemente no está respaldada por los hechos, dijo Jay Young, director senior del Programa de Votación y Democracia de Common Cause.

Las listas de votantes estatales se limpian regularmente, afirmó, y las penas por emitir un voto ilegal como no ciudadano son severas: multas, la posibilidad de una pena de prisión y deportación.

Dijo que el papel de tales migrantes y su potencial para influir en la elección “fue la narrativa falsa más duradera que vimos durante esta elección”. Pero también evidenció que cumplió un propósito, mantener al país dividido y sembrar desconfianza en el sistema electoral.

“Si tu candidato no gana o eres un candidato que no gana, tienes una excusa que puedes decirte a ti mismo para justificarlo”, afirmó.