Imputado en el robo de municiones de la Policía busca un acuerdo con el Ministerio Público
La corte tenía previsto conocer un recurso de apelación a la prisión que se le impuso a Ángel Rubiel Martínez, audiencia que fue aplazada a solicitud de su abogado
El raso de la Policía Nacional, Ángel Rubiel Martínez, quien guarda prisión preventiva por su presunta vinculación en el caso Pandora, conversa con el Ministerio Público para poder llegar a un acuerdo con ese órgano acusador.
El imputado también interpuso un recurso de apelación para que se le varíe la medida, la cual fue aplazada para el día 14 de enero, a solicitud de su abogado.
A Rubiel Martínez se le investiga por el presunto robo de más de 900 mil proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía. Su abogado, Rubén de los Santos, solicitó a los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazar la audiencia del recurso de su defendido.
Atendiendo a esta petición y debido a que el imputado no fue trasladado al tribunal, los jueces pospusieron la audiencia para el próximo 14 de enero. En esa fecha, también se conocerá el recurso de apelación presentado por el subintendente de Armas de la Policía Nacional, Juan Miguel Pérez Soler, quien sí estuvo presente en el salón de audiencias.
El caso Pandora involucra a una red de 10 oficiales de la Policía Nacional acusados de la sustracción y comercialización ilícita de miles de municiones, de los cuales a siete policías de los 10 acusados, la magistrada Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses prisión preventiva.
Nombres de los procesados
En Operación Pandora se involucra al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones; al subintendente Juan Miguel Pérez Soler; al capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como Miguelina Bello Segura.
El Ministerio Público señala al capitán Santos, quien llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, de falsificar datos en la auditoría de febrero y de asociarse con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue detectada por los investigadores.
Según el Ministerio Público, diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, "consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción".