Estados Unidos todavía no está listo para democracia en Haití

Cuando la “comunidad internacional” culpa a Haití de sus problemas políticos, el concepto subyacente es casi siempre que los haitianos no están listos para la democracia. Pero es Washington el que no está listo para la democracia en Haití. Los haitianos han estado listos para la democracia desde hace muchas décadas.

Estaban listos cuando los masacraron en las mesas electorales al intentar votar en 1987 después de la caída de la asesina dictadura Duvalier. Volvieron a estar listos en 1990, cuando votaron con una mayoría de dos tercios a favor del sacerdote católico izquierdista Jean-Bertrand Aristide, solo para presenciar su derrocamiento siete meses después por un golpe militar. Posteriormente se comprobó que el golpe fue organizado por personas pagadas por la CIA estadounidense.

Los haitianos volvieron a estar listos en el año 2000, cuando eligieron a Aristide por segunda vez con un 90 % de los votos. Pero Washington tampoco aceptó los resultados de esa elección; organizó el corte de la ayuda internacional al gobierno y envió millones de dólares a la oposición.

Como Paul Farmer (enviado especial adjunto de la ONU a Haití) testificó ante el Congreso de EE.UU. en 2010: “El corte de la ayuda al desarrollo y para la provisión de servicios básicos también cortó el oxígeno al gobierno, lo que había sido permanentemente la intención: desplazar el gobierno Aristide”.

En 2004 llevaron a Aristide a toda prisa a uno de esos aviones que el gobierno de EE. UU. ha utilizado para las “entregas extraordinarias” y le enviaron contra su voluntad a la República Central Centroafricana.

Ocho años después el gobierno de EE. UU. todavía no está listo para la democracia en Haití. El 3 de marzo, el Miami Herald informó que “el expresidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, vuelve a estar en la mira del gobierno de EE. UU., esta vez por haber recibido millones de dólares en sobornos de empresas de Miami…”. Todo huele mal en esas afirmaciones, como los excusados exteriores que no se han limpiado desde hace meses en algunos de los campos en los que siguen languideciendo cientos de miles de haitianos desplazados por el terremoto.

Primero la fuente: Patrick Joseph fue jefe de la compañía nacional de telecomunicaciones (Teleco) de Haití, hasta que fue despedido por corrupción por el presidente Aristide en 2003. Nueve años después: el mes pasado Joseph negoció un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales de EE. UU. por haber aceptado 2.3 millones de dólares en sobornos de compañías estadounidenses. Como parte de ese acuerdo de cooperación, acepta testificar y dice que cerca de la mitad de ese dinero era para el presidente Aristide. Qué conveniente. Así debe de haber reducido su condena en algunos años.

Además, existe la oportunidad de las nuevas acusaciones. La primera acusación en este caso, en 2009, no menciona a Aristide o a nadie que pudiera representarlo. Lo mismo vale para la segunda acusación, en julio de 2011, que agregó a Patrick Joseph. Pero la acusación de enero de 2012 menciona a un “Funcionario B” no identificado del gobierno haitiano; y ahora nos dicen que el “Funcionario B”, según uno de los abogados de la defensa del caso, es Aristide. ¿Cómo pudo saberlo? Oficialmente, el Departamento de Justicia de EE. UU. no comenta sobre el asunto, pero parece la fuente probable de los informes que identifican a Aristide.

¿Por qué ahora? Aristide ha estado muy silencioso y se ha mantenido fuera de la política desde su retorno a Haití, hace un año. Se ha concentrado en la Universidad de la Fundación Aristide, clausurada desde el golpe de 2004; la Escuela de Medicina pudo reabrir en el otoño pasado. Pero todavía cuenta con la mayor base de apoyo de cualquier personalidad política en el país, y sigue siendo el único dirigente realmente popular, democráticamente elegido, que Haití ha tenido.

Su partido, Fanmi Lavalas, sigue siendo el partido político más popular. Aunque fue afectado por divisiones políticas mientras Aristide estaba en el exilio, se informa de que desde su retorno está más unido. Las manifestaciones en el octavo aniversario del golpe de 2004 -hace dos semanas- lanzaron a miles de personas a las calles. “La demostración de apoyo popular a Aristide es muy preocupante para EE. UU., por lo tanto la acusación contra Titid [Aristide] antes de un posible retorno a la política tiene mucho sentido”, dijo al Miami Herald Robert Fatton, experto en Haití de la Universidad de Virginia.

Tiene aún más sentido si se considera lo que el gobierno de EE. UU. -en colaboración con funcionarios de la ONU y otros aliados- ha estado haciendo a Aristide desde que organizaron el golpe contra él en 2004. Un documento estadounidense clasificado, filtrado por WikiLeaks, informa de una reunión entre el máximo funcionario del Departamento de Estado para el hemisferio de entonces (Thomas Shannon) y el jefe de la misión militar de la ONU en Haití (Edmund Mulet), en 2006. Describe sus esfuerzos para mantener a Aristide en el exilio en Sudáfrica. Mulet también “instó a una acción legal de EE. UU. contra Aristide para prevenir que el expresidente obtuviera más apoyo entre la población haitiana y retornara a Haití”.

Este último episodio forma parte de la “acción legal” a la que se refiere el documento. Lo mismo ocurrió con los intentos de Washington con acusaciones amañadas de participación en el narcotráfico en 2004. Estas se basaban en un criminal condenado, un narcotraficante que se enfrentaba a una larga concena de cárcel. El caso no llevó a ninguna parte, por lo mismo que sucede ahora: ninguna evidencia.

En un último esfuerzo ilegal para impedir que Aristide volviera a su país el año pasado, el presidente Obama llamó al presidente sudafricano Jacob Zuma para persuadirlo de que mantuviera a Aristide en ese país. También presionó al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, sin éxito.

El Gobierno de EE. UU. ha gastado millones, posiblemente decenas de millones de dólares, en el intento de incriminar falsamente al expresidente de Haití. En nombre de los contribuyentes estadounidenses, podríamos solicitar una investigación del Congreso de este abuso de nuestros dineros públicos. También erosiona lo que nos queda de un aparato judicial independiente el hecho de que se utilicen tribunales de Florida como instrumento para propagar embustes en la política exterior.

En Haití, estos intentos de negar los derechos democráticos de la gente llevan a la inestabilidad. Hay que imaginar un intento de decir a los brasileños que el expresidente Lula da Silva no puede participar en la política de Brasil y amenazar con procesarlo en los tribunales de EE. UU. O hacer lo mismo con Evo Morales en Bolivia, o Rafael Correa en Ecuador. Nunca se toleraría.

Sin embargo, porque los haitianos son pobres y negros, Washington cree que se puede salir con la suya al pisotear sus derechos democráticos. Pero demasiados haitianos han luchado y muerto por esos derechos; no renunciarán a ellos fácilmente.

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Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en Economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.