Seguridad Social en Latinoamérica: desafíos y reformas en medio de una alta informalidad

Latinoamérica enfrenta retos estructurales en la seguridad social, incluyendo una creciente informalidad laboral, la desigualdad y los déficits financieros, y pese a que algunos países han implementado reformas para mejorar la sostenibilidad y cobertura, las soluciones a largo plazo aún son inciertas.

Alta informalidad

En Perú, el 71,2 % de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, aunque la cobertura de salud alcanza al 89,1 %, principalmente a través del Seguro Integral de Salud (SIS).

En pensiones, solo el 34,9 % de los adultos mayores están afiliados a un sistema, y la sostenibilidad del mismo enfrenta presiones crecientes.

En Venezuela, los pensionistas enfrentan ingresos muy bajos (2,5 dólares mensuales) complementados por bonos gubernamentales. Aunque la Constitución garantiza la salud pública gratuita, los hospitales sufren de escasez de recursos. Además, la informalidad laboral es elevada, 70 % según cálculos no oficiales, agravando la carga sobre los contribuyentes formales.

Colombia aprobó una reforma, que entra en vigor en 2025, con la que el Gobierno busca ampliar la cobertura de pensiones del 24 % al 87 % para 2052.

La reforma introduce un sistema mixto con cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Sin embargo, la alta informalidad (50 %) y la brecha de género son desafíos persistentes.

En Argentina cada trabajador aporta a la seguridad social un 11 % de su salario para el sistema de jubilaciones y un 3 % para los servicios de salud, mientras que su empleador aporta un 16 % de su salario al sistema de jubilaciones y un 6 % a salud.

El sistema cubre asignaciones familiares, pensiones y desempleo, pero enfrenta problemas de sostenibilidad debido al envejecimiento y un creciente déficit fiscal.

Hasta mayo de 2024, el 27,3 % de la población total contribuía al sistema. Quedan fuera del sistema de la seguridad social los trabajadores informales (asalariados e independientes), cuyo porcentaje es muy alto en el país (36,4 % de los asalariados).

México cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como principales instituciones públicas de seguridad social.

El IMSS atiende a más de 75 millones de personas y el ISSSTE a 13,5 millones de personas. Adicionalmente, el IMSS-Bienestar ofrece atención médica gratuita para quienes no tienen seguridad social. Sin embargo, la informalidad sigue siendo un reto importante.

El Salvador muestra una tasa de informalidad del 70 %, lo que afecta la sostenibilidad de su sistema de seguridad social. Pese al crecimiento económico reciente, la pobreza ha aumentado, reflejando la persistente desigualdad.

En Honduras, los ciudadanos asegurados representan el 39 % de la población asalariada, mientras que la informalidad afecta al 77 % de los empleos que, según cifras de la empresa privada, representa un 44 % del PIB del país, unos 300,000 millones de lempiras (11.848 millones de dólares).

Este panorama refleja un sistema excluyente y vulnerable.

Bolivia tiene una tasa de informalidad cercana al 80 %, según datos de organizaciones privadas. Aunque su sistema de pensiones ofrece una renta de vejez del 70 % del salario referencial, solo 220,000 personas están jubiladas. La precarización laboral y la limitada cobertura son problemas estructurales.

Reformas pendientes

El sistema de seguridad social en Brasil enfrenta una grave amenaza a su sostenibilidad debido al acelerado envejecimiento poblacional y al creciente déficit. Aunque la reforma de 2019 estableció una edad mínima de jubilación, no ha sido suficiente para garantizar los beneficios a largo plazo.

En 1980 el sistema contaba con un beneficiario por cada 15 contribuyentes y hoy es de un beneficiario por 5 contribuyentes, la previsión es que en 2054 llegue a un beneficiario por un contribuyente.

Esa situación presionará aún más las cuentas de un sistema que en 2023 recaudó unos 98,167 millones de dólares en contribuciones y gastó 150,783 millones de dólares en pensiones y jubilaciones, por lo que terminó con un déficit de 52,617 millones de dólares.

Chile adoptó un sistema de capitalización individual durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) que es gestionado por las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Aunque el modelo es pionero, las pensiones son bajas, especialmente para las mujeres. En 2022 se introdujo la Pensión Garantizada Universal para los sectores más pobres. Una reforma pendiente propone un sistema mixto y un aumento en las contribuciones, pero enfrenta oposiciones políticas.

Uruguay reformó su sistema en 2023, elevando la edad de jubilación a 65 años. Aunque la medida busca garantizar la sostenibilidad, enfrentó la resistencia social. Las reformas continúan siendo un tema clave para el nuevo gobierno del izquierdista Yamandú Orsi, que asumirá la Presidencia en marzo de 2025.

En Panamá, la Caja del Seguro Social (CSS) enfrenta una crisis financiera. Una propuesta reciente incluye elevar la edad de jubilación y aumentar las contribuciones patronales, pero ha generado amplio rechazo social y político y el Gobierno acordó retomar el debate en enero de 2025 con miras a aprobar su proyecto.

Costa Rica implementó en 2024 una reforma a su sistema de pensiones (IVM), eliminando la jubilación anticipada para los hombres. Aunque su modelo universal enfrenta problemas de sostenibilidad, se busca atraer a los trabajadores informales, quienes representan el 40 % del empleo.

Paraguay reformó el cálculo de jubilaciones para evitar distorsiones por aumentos salariales tardíos. Sin embargo, la seguridad social cubre solo al 24,5 % de la población, con un alto nivel de informalidad laboral (62 %).

Cuba, con un sistema de seguridad social único en la región, garantiza la cobertura sanitaria universal y gratuita. No obstante, enfrenta el deterioro en la calidad de los servicios y dificultades económicas.

En República Dominicana, el régimen subsidiado ha ampliado la cobertura de salud, pero los servicios enfrentan alta demanda y retrasos. La informalidad laboral también limita las contribuciones al sistema contributivo.

En abril de 2018, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprobó una polémica reforma que aumentó las cotizaciones laborales y redujo beneficios para jubilados, lo que desató masivas protestas contra el Gobierno.

Aunque luego el presidente Daniel Ortega la derogó, en 2019 aprobó nuevos aumentos en las cuotas obrero-patronales y redujo en un 30 % las nuevas pensiones, lo que según economistas independientes afectó la economía formal y actualmente más del 70 % del empleo es informal y sin acceso a seguridad social.