Proyecto plantea la sustitución de Espectáculos Públicos por el Instituto de las Comunicaciones

El anteproyecto de ley sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación fue socializado este miércoles en un panel por los miembros de la comisión consultiva que fue designada por el presidente Luis Abinader para revisar y actualizar esa legislación y en la cual se plantea la sustitución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por otro organismo.

El trabajo realizado por la comisión contempla el umbral de las redes sociales y la creación de un Instituto Nacional de las Comunicaciones en reemplazo de la Comisión Nacional De Espectáculos Públicos y Radiofonía (Cnepr).

La propuesta de ley contempla aspectos como la regulación de contenido en los medios audiovisuales que tengan que ver con los derechos de la niñez, horarios de programación, imagen de la mujer, la producción de la cultura nacional y la tutela efectiva en la vía administrativa de la libertad de expresión y que se fortalezca la participación y el pluralismo.

Este proyecto plantea crear un organismo que sea descentralizado de la administración y que será designado por el Congreso Nacional.

Durante el panel se resaltó la importancia que reviste para el país el tener una legislación actualizada y acorde a los nuevos tiempos y que no coarte la libertad de expresión.

Hasta el momento, el texto del anteproyecto es un preliminar de lo que la comisión realizará del texto original debido a que continuarán consensuando con los diversos sectores la referida pieza.

Novedades del proyecto

El abogado Namphi Rodríguez, en su ponencia explicó que entre las novedades del borrador del proyecto se encuentra la inclusión del artículo tres sobre el derecho de acceso a internet.

Según la explicación de Rodríguez, lo que se plantea con ese artículo es que hoy en día la libertad de expresión discurre por las plataformas digitales de internet, lo cual ha representado un fenómeno de convivencia con las plataformas clásicas impresas y las digitales.

 

El artículo tres del anteproyecto establece: “Reconoce el derecho a toda persona a acceder a internet independientemente de su condición personal, social, económica y geográfica para asegurar el disfrute efectivo del derecho a las libertades de expresión e información, así como a otros derechos fundamentales y que el Estado propenderá a garantizar un acceso universal, ubicuo y equitativo, económicamente accesible y de calidad adecuada, a la infraestructura de internet y a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación”.

El anteproyecto contiene los principios clásicos de libertad de expresión como no censura indirecta, principio de conducciones previas y también se incluyeron otros esenciales para el fortalecimiento de la crítica, el debate público, la trasparencia, entre otros.

“El principio de transparencia se incorpora a la ley, el principio de acceso universal y el principio de pluralismo y en su principio número nueve aparecen replicadas una fórmula del artículo 273 de la Constitución donde se encuentran las disposiciones generales al uso del lenguaje y a una visión neutral”, destacó Rodríguez.

De aprobarse esta ley se crearía el derecho a la comunicación social donde no solamente se tratará la libertad de expresión y la posibilidad de que se constituyan medios de comunicación, sino que incorporará el derecho a la comunicación social al ámbito normativo como un derecho con ciertas garantías para las empresas periodísticas.

“La comisión ha querido consignar el derecho de los medios de comunicación a preservar sus archivos informativos frente a demanda de terceros, de personas que han estado expuestos a situaciones de cuestionamientos y posteriormente cuando aquello termina que, puede ser una situación de carácter judicial, entonces la solicitan a un tribunal que le ordene a un periódico borrar todo lo que se trató bajo el entendido de, por ejemplo, que se obtuvo una absolución”, manifestó el jurista.

A las plataformas digitales se les concede dentro del proyecto una reivindicación como lo es el principio de neutralidad que estará incluido en el sistema de responsabilidad en el sentido de que si la plataforma digital no manipula y no interviene la información que se coloca no estaría asumiendo responsabilidad por lo publicado.

Los panelistas

Miguel Franjul, miembro de la comisión, destacó durante su ponencia que la comisión no solo realizó en la reforma del marco de la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, sino que fue más allá produciendo una ley “más garantista, más completa, y más moderna que ampara el ejercicio” periodístico.

“Yo creo que ciertamente coloca la alfombra para que, por fin, después de tantos años de lucha y de tantos años de esfuerzos infructuosos por establecer una ley garantista, la República Dominicana se enaltezca ante el mundo, ante América Latina, con una ley de esta naturaleza, que estoy bastante seguro de que afianzará el clima de pluralidad que se han acostumbrado los dominicanos”, expuso Franjul en su participación en el panel.

En tanto que el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, dijo que la ley tiene el desafío de garantizar y de proteger derechos fundamentales, que es donde entra la dimensión del proyecto de modificación de la ley que trabaja la comisión a la que pertenece.

“Así como garantiza la libertad de expresión también garantiza el derecho a la dignidad y al honor de las personas y yo creo que hemos tratado de dar ese sentido de integralidad para hacer una ley mucho más moderna que recoge las tendencias modernas como el tema de la internet. Ya el internet es un derecho esencial para la condición humana desde el punto de vista de la educación de la libertad de expresión y un derecho para la salud incluso”, destacó Maldonado.

Manifestó que en este proceso que el Gobierno está haciendo de modernizar una serie de leyes del país, este proyecto “viene como anillo al dedo y creo y estoy convencido de eso porque es un proyecto que lo hemos cedaceado tanto con los sectores internos como los sectores internacionales”.

Dijo que como representante de la Sociedad Dominicana de Diarios y con los directores de medios se ha logrado conciliar en torno al proyecto sin contradicciones, lo cual es un interés universal para toda la sociedad.

También participaron en el panel Hermógenes Acosta, abogado y Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), que trataron las sanciones, las infracciones consagradas en la ley, la cláusula de conciencia y el derecho de la audiencia.

La actividad se realizó en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y contó con la moderación de Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

En tanto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que el Gobierno está comprometido con la libertada de expresión en la República Dominicana y espera que todos los sectores expresen sus ideas sobre proyectos de esa naturaleza.