Más de la mitad de las empresas señaladas en caso Medusa no irán a juicio de fondo

De las 22 personas jurídicas (empresas) imputadas por el Ministerio Público en el caso de supuesta corrupción contra el Estado denominado Operación Medusa, 12 no irán a juicio de fondo, según determinó la noche de este viernes el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Amauri Martínez. 

El auto de no ha lugar dictaminado ha sido a favor de los terceros civilmente demandados por el Estado dominicano, entre las que se citan las razones sociales Complementos Er, S.R.L., Procons, S.R.L., Productiva, S. R. L. y Alfeizar Construcciones, S. R. L y Constructora Casasnovas S. R. L.

También, Marizán Ingeniería Construcción y Bienes Raíces, S. R. L., Grupo Acor, S. R. L. y Grupo Antares, S. R. L, First Medical Depot By Guzmán, S. R. L, y Tecnicaribe Dominicana, S. A., Transformadores Aquino, S. R. L., y Arquitectura Integral, S. R. L., en virtud al artículo 304 del Código Procesal Penal, en sus numerales 1, 4 y 5.

Las empresas que sí irán a la etapa final del sonado caso son las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll  Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.

Las siete empresas que faltan están en curso de conocimiento, porque fueron desglosadas, debido a que algunos de sus representantes estaban enfermos y con la finalidad de seguir avanzando el proceso estas van a juicio independientes, según explica el abogado de uno de los imputados en el caso Medusa, Manuel Sierra.

Decisiones contra 17 imputados

De las personas físicas, que son 41 imputadas, el magistrado dictó auto de no ha lugar en favor de la imputada, Sara María Fernández, esposa del también encartado en el caso de corrupción contra el Estado, José Miguel de Moya. Sin embargo, unos 17 implicados más del caso de corrupción administrativa van a fondo.

Irán a juicio de fondo los imputados Jean Alain Rodríguez, Jhonatan Joel Rodriguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Más de una veintena ya hizo acuerdos con el Ministerio Público, al cabo de los tres años que lleva el caso en los tribunales.

Para todos, el tribunal consideró que existen elementos de prueba suficientes para conocer en juicio de fondo la acusación presentada por el Ministerio Público tanto contra el exfuncionario Jean Alain Rodríguez, como para los demás, por presuntamente cometer acciones criminales en perjuicio del patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la Procuraduría General de la República.

Los tipos penales que se le imputan al grupo son asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionario, financiamiento político, sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.

En cambio, el magistrado Martínez excluyó los tipos penales consistentes en falsedad en escritura, uso de documentos falsos y autor ilícito de daños o alteración de datos y sabotaje ciberdelitos por entender que no se configuraban los elementos constitutivos de los mismos en cuanto a los hechos y las pruebas.

En sus motivaciones, el magistrado Amauri Martínez examinó lo estipulado en la ley “llegando a la conclusión de que hay aspectos que necesariamente deben ser observados ante un tribunal en sede de juicio, sin desconocer que el principio de la presunción de inocencia se mantiene siempre alrededor de estos, y de todos los demás ciudadanos del presente proceso, conforme lo establecido en la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes”.

Medidas de Coerción

El Juez Amauri Martínez decidió mantener las medidas de coerción que pesan sobre Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercedes Marte, consistente en arresto domiciliario, garantía económica y colocación de localizadores electrónicos, ya que no han variado los presupuestos ante la ausencia de novedades para cesarlas.

Los acuerdos 

Asimismo, el tribunal acogió los acuerdos arribados entre el Ministerio Público y 21 personas físicas y empresas presuntamente involucradas, las cuales mediante un procedimiento denominado acuerdo pleno por procedimiento penal abreviado, llegaron a acuerdos penales y civiles con el órgano persecutor y el Estado Dominicano.

El proceso

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado mediante auto número 01480-2022, el 5 de julio de 2022 a los fines de conocer el proceso denominado operación medusa. El tribunal procedió a fijar la audiencia preliminar mediante auto número 059-2022-TFIJ-0011, y en el transcurrir del mismo se celebraron distintas audiencias para salvaguardar las medidas de instrucción, así como el derecho de defensa de las partes.