Instituciones se unen en apoyo a un plan sostenible para San Cristóbal

Después de un proceso de levantamiento y análisis de la situación, atención a las urgencias inmediatas y coordinación intersectorial, las organizaciones agrupadas en el comité Unidos por San Cristóbal han consensuado un plan de trabajo para dar respuesta a las consecuencias de la explosión del pasado 14 de agosto en el antiguo mercadito de la calle Padre Ayala y que ha dejado un saldo de 37 personas fallecidas, 59 heridas y más de dos centenares de afectados directos.

El comité conformado por la Gobernación, la Diócesis de Baní, el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial, el Instituto Politécnico Loyola, el Consejo Empresarial para el Desarrollo de San Cristóbal y Cámara de Comercio y Producción de la provincia, ha mantenido un diálogo con el gobierno local y central para coordinar los esfuerzos directos en favor de las víctimas y garantizar que las donaciones de empresas, instituciones y personas se inviertan de manera eficiente, transparente y con rigurosa rendición de cuentas.

A más de 70 millones de pesos ascienden los aportes del Banco Popular Dominicano (30 millones), el Banco BHD (20 millones), la Fundación Sur Futuro (20 millones colectados en un telemaratón), el Senado de la República (tres millones) y la Cámara de Diputados (dos millones), entre otras instituciones, para financiar la recuperación de la ciudad.

Las urgencias inmediatas han sido atendidas por el gobierno central en coordinación con el comité Unidos por San Cristóbal. “Ahora nos corresponde empeñarnos en asegurar que los fondos provenientes de las entidades privadas y públicas nos permitan avanzar en la dirección correcta e impulsen las iniciativas que hemos priorizado entre todos”, afirmó monseñor Víctor Masalles, obispo de la Diócesis de Baní.

“La explosión de San Cristóbal nos hiere a todos y, al mismo tiempo, pone de manifiesto las heridas estructurales que, como sociedad, debemos atender. Este drama nos deja lecciones de las que podemos aprender y salir fortalecidos”, agregó el padre José Victoriano, rector del Instituto Politécnico Loyola, institución que coordina las actividades del Comité.

De su parte, el presidente del Plan Estratégico de Desarrollo Provincial, José Martich, señaló que la efectiva coordinación intersectorial ha sido posible gracias a los vínculos que se han venido fortaleciendo en la provincia. “Pocas horas después de la explosión, las manifestaciones de apoyo comenzaron a llegar; el Comité identifica la necesidad de diseñar un plan de acción y asume el compromiso de responder por los fondos depositados por los donantes con la garantía de que su manejo será oportuno, transparente, riguroso y eficiente”, afirmó el empresario.

El Comité, además de sumarse a la atención de emergencia, ha identificado los proyectos e iniciativas en apoyo sostenido en el ámbito social -de atención a las personas y comercios afectados, según prioridad y niveles de necesidad- institucional -para el fortalecimiento de las organizaciones de emergencia- y educativo - de cara a la sistematización de la experiencia, la gestión de riesgos y la prevención.

Apoyo a afectados

Para suplir las necesidades básicas de primer orden, el comité ha erogado 2.7 millones de pesos de los 20 millones recibidos en respaldo a dependientes directos de las personas fallecidas y a los heridos. “Los fondos donados por el Banco Popular han sido destinados a este programa de apoyo tan necesario en la etapa de primeros auxilios” explicó el padre José Victoriano, del Instituto Politécnico Loyola.

Además, cerca de 5.5 millones de pesos del fondo donado por el Senado y la Cámara de Diputados han sido dirigidos a la reposición de cristales rotos de los negocios en que esta donación permitiría acelerar su reactivación.

El sacerdote agregó que, como parte del plan de acción sostenible, se ha diseñado un programa de apoyo a emprendimientos de los núcleos familiares afectados: “El proyecto incluye la creación de un capital semilla financiado por el Banco BHD para el fortalecimiento de las mipymes”.