Exdirectora del Conani queda fuera de acusación Coral, pese a irregularidades detectadas

La señora Greybby María Cuello, exdirectora del Conani y esposa del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, quedó fuera de la acusación depositada por el Ministerio Público en el caso Coral y Coral 5G.  

Esto pese a que las investigaciones especiales que realizó la Cámara de Cuentas al Consejo Nacional de la Niñez (Conani) reveló que hubo serias irregularidades en esa institución durante la gestión de Cuello. 

Los hallazgos indican que en el Conani supuestamente se replicó el modelo fraudulento que se había detectado tanto en el Cestur como en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en otros estamentos militares y policiales. 

La investigación indica que el Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por el coronel Rafael Núñez de Aza, pese a que este estaba impedido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para ocupar cargos administrativos; encontraron contrataciones firmadas con fecha superior al límite contemplado en la legislación; personal militar en funciones administrativas sin autorización del MAP y la Contraloría General. 

También hallaron asignación de combustible y viáticos a personal que no estaba nombrado en el Conani. 

Cabe destacar que las investigaciones de la Cámara de Cuentas han sido utilizadas como pruebas en la acusación que ha depositado el Ministerio Público en contra de 30 personas y 18 empresas del entramado Coral y Coral 5G. 

Las pruebas e imputaciones

El Ministerio Público depositó ayer ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación correspondiente a las operaciones Coral y Coral 5G, al tiempo que solicitó la fusión de ambos procesos que incluyen a 48 imputados, (30 personas físicas y 18 personas jurídicas).

La acusación contiene más de 3,500 pruebas, por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos, asegura la Pepca. 

El Ministerio Público ha ocupado bienes muebles e inmuebles por más de 2,000 millones de pesos invertidos por los supuestos integrantes del entramado criminal con dinero fruto de la corrupción, producto de lo que desfalcaron al Estado, tanto en  el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) como en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, alegado cabecilla; Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.