Casos de corrupción, lavado y narco; retos de justicia en este 2022

El sistema de justicia de la República Dominicana mantiene la atención de la ciudadanía en este año que recién inicia, por los importantes casos que en materia de corrupción, narcotráfico y criminalidad organizada fueron sometidos a los tribunales en el año 2021.

A consideración de diferentes sectores sociales, llevar a juicio estos casos y lograr justicia, sin violentar los derechos a la presunción de inocencia de los sometidos, constituye uno de los retos principales para la justicia de cara a este 2022.

De acuerdo con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la sociedad percibe el gran incremento del trabajo del Ministerio Público, “tomando en consideración el elevado número de acusaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales, especialmente aquellos que involucran expedientes complejos de alegados entramados de corrupción y narcotráfico”.

Presunción inocencia

Sin embargo, advierte que la persecución penal no puede derivar “en el sobretratamiento mediático de los casos”, para evitar violaciones de los derechos de los procesados. “Esta garantía resulta ineludible para que los imputados no se vean expuestos a un juicio anticipado e incluso a una pre-condena basada en los medios de comunicación”, precisa Castaños.

Mientras que Participación Ciudadana valora que las actuaciones de justicia el año pasado permitieron mejorar los índices de República Dominicana en materia de corrupción.

Sustentan ese planteamiento en los resultados del “Índice 2021 de Américas Society/Council of the Americas y Control Risk”, que mide la capacidad de 15 países latinoamericanos para combatir la corrupción. De acuerdo con esos indicadores, la República Dominicana fue el país con mayor avance en esa materia, al mejorar de un 3.26% a un 4.38%, pasando del lugar 13 al 10.

“Fin de la impunidad”

“El fin de la impunidad debe traducirse en sentencias contra todos aquellos que resulten culpables de los delitos. Deberán ampliarse las investigaciones y sometimientos a todos los funcionarios públicos que, en las últimas décadas se han apoderado de los recursos públicos”, establece un comunicado del movimiento cívico.

Asimismo, para la abogada penalista y catedrática universitaria, Emery Rodríguez, el principal reto para el Ministerio Público “es concluir con éxito los casos abiertos y apuntalar la idea de independencia que requiere una actuación objetiva en un ámbito que derribe las dudas recurrente de algunos sectores sobre su imparcialidad”. Dice que la gran tarea “es conducirse de forma tal que mantenga la buena fama de sus principales actores”.

En cambio entiende que los tribunales (jueces) trabajarán “en tiempos de tormentas, “por los cambios de su entorno. Los cambios perseguidos en la Policía Nacional y el Ministerio Público y percepción de la población en un ambiente más abiertos, de mayor observación desde el exterior y cuestionamiento que conllevará que la justicia se reenfoque para posicionarse en el marco social sin el lastre de las dudas sobre su imparcialidad”.

Mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, tiene pautada una actividad con motivos del Poder Judicial en donde expondrá, desde el punto de vista institucional, los logros y retos de ese poder del Estado de cara al 2022.