¿Vamos hacia otro curso escolar sin libros de texto?

La fecha era importante. Algunos convenios que firmó el Minerd con las instituciones, academias y particulares para elaborar internamente los libros de texto del sector público del próximo año escolar fijaban la entrega el 31 de mayo.

Es el caso de lo acordado con la UASD, la UCE, la UNPHU, Fe y Alegría y la Academia de la Lengua. La Academia de Ciencias debe entregar el 30 de junio y otros, como el convenio con el Arzobispado de Santo Domingo, el Archivo General de la Nación, la Academia de la Historia y la  Universidad Católica Nordestana se extienden hasta el 31 de julio. El firmado con la Universidad ISA tiene como fecha de entrega el 30 de septiembre.

Así que era importante que el 30 de mayo, en rueda de prensa, se presentaran los libros. Bueno, algunos. En realidad una muestra de algunas páginas en unas pantallas. Y no se aceptaron de buen grado preguntas.

¿Por qué el Ministerio de Educación habría decidido encargar la elaboración de los textos a personalidades y academias sin experiencia en la elaboración de libros escolares? ¿Por qué este gobierno, tan inclinado a establecer alianzas público privadas en todos los campos posibles se decide por estatizar la elaboración de los libros de texto? Solo Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala y ahora en parte México lo hacen así en el continente. Los países punteros en Educación ponen a competir a las editoras especializadas y los mejores, ganan. Además... ¿hay capacidad en el país para imprimir 13,500,000 libros antes de que comience el curso? La licitación para la impresión se hizo también por el procedimiento dirigido de excepción. Presumiblemente dos empresas se van a beneficiar de la impresión de los primeros seis millones de ejemplares, en una adjudicación anunciada para el 6 de junio.

Y lo más importante: ¿estos libros serán mejores que los que se habían licitado y estaban aprobados por el mismo Minerd en este gobierno, (no en el del PLD), elaborados por editoras especializadas?

Antecedentes

Diario Libre denunció en diferentes reportajes las irregularidades de las licitaciones para la elaboración de libros impresos y digitales, irregularidades que terminaron con varios de estos procesos en la Justicia. Uno de los más recordados, por supuesto, es el de las editoras que habrían incurrido en prácticas de colusión y la historia de un chofer que aparecía como el autor de varios textos de dichas editoriales.

Pero a la fecha, Diario Libre no tiene constancia de que el Minerd haya promovido ningún procedimiento administrativo sancionador o una investigación en contra de estas editoras que presumiblemente incurrieron en prácticas concertadas en los procesos de compras de los libros digitales.

¿Más barato?

Cuando Ángel Hernández, actual ministro de Educación, anunció la creación de una unidad editorial dirigida por Manuel Núñez y la participación de expertos para la elaboración de los libros de texto del próximo curso, saltó la sorpresa. En realidad ya había habido una licitación y se habían aprobado los textos. ¿Por qué hacerlos de nuevo?

Porque saldrá más barato, respondió el Minerd. Sin embargo, no parece que el ahorro vaya a ser tal. Lo denuncia la ADP y lo advierten instituciones ligadas al mundo educativo. ¿Cuánto hubiera costado imprimir los libros que ya el Minerd había aprobado, elaborado por las casas editoras nacionales e internacionales más reconocidas? En 2021 se aprobó la compra de 9,167,950 libros, por un monto de 2,133,386.058 pesos. ¿Precio promedio? 232 pesos. Ahora, en este proceso de compra por excepción de impresión que se ha llevado a cabo, es de 250.30 pesos. La impresión únicamente, la elaboración aparte.

Durante 2021-2022 con 402 libros de texto aprobados, el Minerd realizó dos procedimientos de contratación pública por un monto de 3,888 millones de pesos. ¿Puede el Ministerio descartar esta compra? ¿Cuánto va a costar la impresión ahora? Bailan las cifras.

Confidencialidad

Desde el anuncio de la decisión de elaborar textos nuevos en un departamento interno el secretismo ha acompañado todo el proceso. Los convenios incluyen una cláusula de confidencialidad que ha mantenido en secreto desde los nombres de autores subcontratados por los firmantes, a las fuentes para la elaboración de los textos pasando por cualquier otro dato, incluso la confirmación de si se estaba trabajando con el Minerd.

La “discreción” también acompaña a los impresores. Fuera de récord, en dos imprentas reconocen que no será posible entregar esas cantidades ni distribuirlas a tiempo para el nuevo curso. Al día de hoy, dice otra persona que exige no ser identificada, ni siquiera tienen los artes para comenzar a imprimir. Un secretismo que raya en la neurosis.

¿Por qué no licitación?

La palabra “convenio” es la clave. No se habla de contratos sino de “convenios” con instituciones sin fines de lucro y reconocida trayectoria y que tienen prohibido utilizar los fondos para beneficio particular. Bajo ese concepto, la Dirección General de Compras y Contrataciones aprobó el procedimiento que obvia la licitación, aunque en declaraciones públicas anteriores, Carlos Pimentel se había manifestado en contra de utilizar los “convenios” para eludir los procesos debidos. Otro ejemplo, EDUCA ha suscrito un convenio por valor de US$649,364 para desarrollar unos programas de apoyo en las escuelas públicas sin necesidad de participar en un concurso o licitación.

La fecha era importante. El día anterior a esa rueda de prensa el Minerd había hecho públicos unos resultados decepcionantes. Nuestros estudiantes siguen retrocediendo en lectoescritura y matemáticas y los niveles tanto del sector público como el privado son preocupantes. Y para castigar a las editoras, que obviamente vendían al precio que el Minerd compraba, los estudiantes del sector público tienen una alta probabilidad de quedarse sin libros de texto. Otra vez.