EE. UU. afirma haber deportado a 17 "criminales violentos" más a El Salvador

El gobierno de Estados Unidos dijo el lunes que ha deportado a El Salvador a otros 17 “criminales violentos” pertenecientes a las pandillas Tren de Aragua y MS-13, como parte de una política de expulsar a personas a países distintos al suyo, a pesar de las críticas por la falta de transparencia y problemas de derechos humanos.

El Departamento de Estado estadounidense dijo que los migrantes fueron expulsados la noche del domingo. El comunicado afirma que entre ellos había asesinos y violadores, pero no da detalles sobre las nacionalidades o los presuntos delitos de los expulsados. La oficina del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, indicó que entre ellos había salvadoreños y venezolanos.

“Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y ciudadanos", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El Departamento de Estado informó que los hombres fueron trasladados a El Salvador por el ejército de Estados Unidos. Como se ve en un video del gobierno salvadoreño, fueron transportados en autobús a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde se les cambió a la vestimenta blanca estándar de la prisión y se les rapó la cabeza.

El video muestra que fueron llevados por los guardias a un bloque de celdas y algunos fueron obligados a arrodillarse en el suelo con las muñecas esposadas detrás de la espalda y los tobillos encadenados. Los guardias pusieron una o ambas manos en los cuellos de los hombres y los obligaron a caminar rápidamente mientras permanecían inclinados y encadenados. Se puede escuchar que algunos gruñían por el esfuerzo y uno parecía vomitar en el suelo mientras escuchaba instrucciones.

Migrantes venezolanos

Estados Unidos envió hace unos días a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador y también se encuentran detenidos en la prisión de máxima seguridad.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, también ha deportado a migrantes de varias nacionalidades a otros países de Centroamérica. Pero El Salvador es el único país al que Estados Unidos está enviando personas para que sean encarceladas allí.

Durante una reunión con Rubio en febrero, Bukele ofreció encarcelar a los migrantes que Estados Unidos quisiera deportar, independientemente de su nacionalidad.

Trump ha afirmado que la pandilla venezolana Tren de Aragua está invadiendo Estados Unidos e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una autoridad para tiempos de guerra que permite al presidente mayor flexibilidad en políticas y en medidas ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas. Envió a decenas de personas a El Salvador antes de que un juez prohibiera más deportaciones amparadas por dicha ley. El gobierno estadounidense ahora pide a la Corte Suprema que le permita reanudar esas deportaciones.

El Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que manejaron las expulsiones del domingo, no proporcionaron información detallada sobre quién estaba en el vuelo, sus presuntos delitos o bajo qué autoridad legal fueron expulsados del país.

Derechos de inmigración 

Defensores de los derechos de inmigración y civiles han interpuesto demandas para impedir que el gobierno de Trump deporte a personas a países distintos al suyo, argumentando que primero deben tener la oportunidad de decir si temen ser víctimas de persecución o tortura en dicha nación. También exigen que se deje de usar la Ley de Enemigos Extranjeros.

El viernes, un juez federal prohibió temporalmente al gobierno de Trump deportar a personas hacia terceros países sin que primero se les permita argumentar que ello pondría en peligro su seguridad.

El domingo, el gobierno de Trump pidió al tribunal que revirtiera su decisión y proporcionó información que el Departamento de Seguridad Nacional utiliza para determinar si alguien puede ser removido a un tercer país.

Anwen Hughes, abogada para Human Rights First —uno de los grupos que presentaron la demanda contra el gobierno— dijo el lunes que su equipo aún intenta obtener datos sobre las expulsiones del domingo, incluidas las nacionalidades de los involucrados y qué autoridad se utilizó para su deportación.

En general, señaló Hughes, cuando los inmigrantes son deportados a su país de origen, es probable que comprendan las condiciones que existen en ese país y suelen tienen familiares o amigos que los ayuden. Cuando son enviados a otro lugar, a menudo se encuentran en una posición de vulnerabilidad, dijo Hughes, porque no conocen el país ni tienen los derechos de un ciudadano.

Además, un juez federal suspendió el lunes los planes del gobierno del presidente Trump para poner fin a las protecciones temporales para cientos de miles de venezolanos, una semana antes de la fecha programada para expirar.

Por su parte, abogados contratados por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, pidieron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador para que “verifique si el listado de personas que nos han otorgado el poder se encuentra dentro de las personas que están en Centro de Confinamiento del Terrorismo”.

También requirieron que se verifique la situación de salud en la que se encuentran, así como también si se está brindando asistencia médica a algunos de ellos, indicó el abogado Jaime Ortega, del Bufete Grupo Ortega.

El 24 de marzo los abogados contratados por el gobierno de Maduro presentaron un hábeas corpus para exigir la liberación de 238 venezolanos deportados por Estados Unidos.

Al ser consultados por los otros 17 “criminales violentos” enviados a El Salvador, dijeron no tener información.

• En cuanto a las acusaciones de que los venezolanos forman parte del grupo criminal Tren de Aragua, el abogado Ortega dijo que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado “una prueba" de que "sean en realidad terroristas o sean delincuentes”.

• Agregó que “los mismos personeros del gobierno de Estados Unidos, han manifestado con claridad que 101 personas que venían en ese vuelo tienen situaciones migratorias y que están siendo procesados por cuestiones migratorias”.

AP

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