El temor se apodera de los inmigrantes dominicanos en Puerto Rico
Los dominicanos ansiosos por el riego de deportación en Puerto Rico
Diario Libre USA
La tristeza, la ansiedad y el miedo predominan entre los miembros de la comunidad dominicana en Puerto Rico tras un operativo realizado el pasado domingo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Barrio Obrero, epicentro de la diáspora dominicana en la isla.
Ese día, numerosos dominicanos se encontraban reunidos en los negocios ubicados en la avenida Borinquen, cerca de la avenida Constitución, en San Juan, cuando, de manera sorpresiva, agentes del ICE descendieron de sus vehículos y comenzaron a interrogar aleatoriamente a los presentes sobre su estatus migratorio. Durante el operativo, al menos tres dominicanos fueron arrestados, asegurando que se encontraban en proceso de regularización, pero no tenían sus documentos a mano.
Según medios locales, la redada comenzó alrededor del mediodía en el Barrio Obrero, Santurce, y se extendió hasta la avenida José de Diego, donde se produjeron múltiples detenciones. Entre los arrestados se encontraba un dominicano que había salido de su casa simplemente a comprar un aguacate para el sancocho que preparaba su esposa.
Detenciones e incertidumbre
Los agentes del ICE detuvieron a inmigrantes que no pudieron presentar documentación que acreditara su identidad o su estatus migratorio, colocándoles esposas y subiéndolos a los vehículos oficiales hasta que se verificara su situación legal en el país.
El temor a ser detenidos y deportados sin nada, después de años de esfuerzo y trabajo, ha llevado a muchos dominicanos a evitar lugares públicos y a reducir su presencia en plazas y centros comunitarios desde el operativo.
Puerto Rico alberga una de las principales comunidades dominicanas fuera del país, y, con frecuencia, embarcaciones transportan migrantes dominicanos y haitianos hacia Borinquen de manera ilegal.
La redada en Santurce representa el primer operativo migratorio de gran escala llevado a cabo en Puerto Rico en respuesta a las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, implementadas bajo la administración de Donald Trump. Se prevé que este tipo de acciones se intensifiquen en los próximos meses.
Entre los más de 500 inmigrantes detenidos en Estados Unidos tras la orden ejecutiva del 20 de enero, hay ciudadanos dominicanos arrestados por delitos graves. Entre ellos, se reportó un caso en Boston, Massachusetts, donde un dominicano fue apresado por cargos de tráfico de drogas.
Estas medidas forman parte de la estrategia del gobierno estadounidense para reforzar la seguridad fronteriza y cumplir con la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la “mayor operación de deportación masiva en la historia”, la cual comenzó a ejecutarse tras su toma de posesión.
Las recomendaciones para la comunidad inmigrante
El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, fue consultado por varios medios en Puerto Rico y compartió recomendaciones para que la comunidad inmigrante, en especial los dominicanos, conozcan sus derechos ante una intervención del ICE.
“Exhortamos a quienes tengan residencia que siempre lleven consigo su tarjeta de residencia, pasaporte o alguna identificación que acredite su estatus como residente o ciudadano. De lo contrario, podrían ser llevados a la cárcel hasta que alguien pueda presentar sus documentos”, recomendó Rodríguez.
Asimismo, aconsejó a la población migrante no abrir la puerta de sus hogares sin una orden judicial a su nombre y, en caso de ser detenidos en la calle, acogerse a la Quinta Enmienda y solicitar comunicarse con un abogado.
Acogerse a la Quinta Enmienda significa ejercer el derecho a no responder preguntas o proporcionar declaraciones que puedan autoincriminar a la persona detenida.
Rodríguez enfatizó que una orden de arresto firmada únicamente por un agente del ICE no es suficiente para ingresar a un hogar o forzar a alguien a descender de su vehículo. Para que una orden sea válida, debe estar emitida por un tribunal y firmada por un juez federal autorizando el allanamiento o registro.
- Guardar silencio y no responder preguntas sobre su estatus migratorio.
- No autoincriminarse ni firmar documentos sin la presencia de un abogado.
- Exigir ver una orden judicial antes de permitir la entrada de agentes a su hogar.
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