Proyecto de ley volvería delito obligar a alguien a abortar en Kansas
El Congreso estatal de Kansas, controlado por los republicanos, impulsa medidas que penalizan la coacción para abortar
AP
Las personas que amenacen física o económicamente a otras en Kansas para obligarlas a abortar podrían pasar un año en prisión y ser multadas con hasta 10,000 dólares, según una de varias propuestas impulsadas por el Congreso estatal, controlado por los republicanos.
Los opositores al aborto de Kansas buscaron la medida contra la “coacción” del aborto, aumentaron la información sobre el tema y la ayuda en los centros antiaborto que proporcionan asesoramiento gratuito, suministros y otros servicios a las mujeres embarazadas y a las nuevas madres, debido al inusual entorno jurídico del estado. Mientras que el Congreso tiene fuertes mayorías antiaborto, la Corte Suprema del estado declaró en 2019 que la Constitución estatal protege el derecho al aborto, y los residentes de Kansas afirmaron decisivamente esa posición en una votación estatal en agosto de 2022.
La gobernadora demócrata Laura Kelly es una firme defensora del derecho al aborto, y muchos legisladores esperan que vete todas las medidas antiaborto que lleguen a su escritorio. Todas las propuestas parecen tener o estar cerca de tener las mayorías de dos tercios necesarias en ambas cámaras para anular un veto.
- “La mayoría de los habitantes de Kansas están de acuerdo en que demasiadas mujeres creen que el aborto es su única opción”, dijo el martes en un correo electrónico Danielle Underwood, portavoz de Kansans for Life, el grupo antiabortista con más influencia política del estado.
Kelly tiene hasta el lunes para actuar sobre el proyecto de ley que haría que obligar a alguien a abortar sea un delito. La gobernadora también tiene hasta el lunes para decidir sobre un proyecto de ley que obligaría a los proveedores de aborto a preguntar a sus pacientes por qué quieren interrumpir sus embarazos y luego reportar la información al departamento de salud del estado.
Los grupos antiabortistas y los legisladores están presionando para que el estado recopile los datos para orientar mejor la política estatal. Los proaborto sostienen que la medida es innecesaria y violaría la intimidad de las pacientes.
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