Condado de Colorado desafía leyes estatales al mantener convenio con autoridad migratoria

El condado de Teller, el único del estado de Colorado que aún mantiene un contrato con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó que continuará con ese convenio pese a las leyes estatales que prohíben el uso de fondos públicos locales para asuntos migratorios federales.

Por medio de un comunicado, los comisionados Bob Campbell, Erik Stone y Dan Williams, junto con el alguacil Jason Mikesell, desestimaron la ley HB23-1100, aprobada recientemente por la Legislatura estatal con apoyo bipartidista, indicando que la nueva norma “no tiene impacto alguno en los acuerdos 287(g)”.

Los acuerdos 287(g) se basan en la sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad con ese número que permite al ICE entrenar a policías locales para arrestar inmigrantes. Inicialmente, solo se aplicaba a personas buscadas por crímenes, pero desde 2006 se expandió esa autoridad para incluir el arresto de indocumentados sin antecedentes criminales.

“La Oficina del Alguacil tiene la intención de mantener este programa legal, diseñado para mejorar la seguridad pública al reducir la cantidad de delincuentes criminales no ciudadanos liberados de vuelta en la comunidad”, dice el comunicado.

En el mismo documento, el alguacil y los comisionados dijeron que el condado de Teller “se asegurará de que Colorado no sea un estado santuario”.

Esas declaraciones hacen referencia al hecho que, antes de que el gobernador demócrata Jared Polis firmase la ley el pasado 6 de junio, los tres comisionados del condado le habían pedido por escrito que vetase la ley. Polis rechazó formalmente ese pedido.

La nueva ley estipula que todos los acuerdos entre fuerzas del orden en Colorado con el ICE deben terminar antes del 1 de enero de 2024 y que, en caso contrario, el Gobierno estatal reducirá su transferencia de fondos a las jurisdicciones que no lo hagan.

Por eso, el alguacil Mikesell y los comisionados indicaron que trabajarán directamente con la Legisladura de Colorado para que la decisión de mantener el acuerdo con el ICE “no tenga un impacto financiero” en ese condado.

Mikesell tampoco respetó una ley similar de 2019 ni cumplió con un fallo de la Corte Suprema de Colorado validando la legitimidad de esa ley. Según Mikesell, él está autorizado a trabajar con el ICE como parte de sus deberes de “mantener la paz” en su condado.

Por su parte, la filial en Colorado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) indicó que llevará el caso ante la Corte de Apelaciones de Colorado “en los próximos meses” para que emita un dictamen definitivo.

EFE

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