Gobernadora de Nueva York da a la ciudad US$ 1,000 millones ante fin de la Título 42
Ordenó movilizar a 500 agentes suplementarios de la Guardia Nacional para que se sumen a los 1,000 ya desplegados
EFE
La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó este martes desbloquear mil millones de dólares para ayudar a la ciudad en la que se prevé una nueva llegada masiva de inmigrantes desde la frontera sur del país al expirar el Título 42.
Además, ordenó movilizar a 500 agentes suplementarios de la Guardia Nacional para que se sumen a los 1,000 ya desplegados en tareas de asistencia logística a los inmigrantes, tanto en la principal estación de llegada (Port Authority Terminal) y los albergues donde son alojados.
Los 1,000 millones que Hochul entregará a la ciudad irán destinados principalmente a costos de alojamiento (741 millones), el despliegue de los agentes (162 millones), cuidados de salud (137 millones) y otros conceptos como asistencia a discapacitados, asesoría legal, transporte o reubicación voluntaria de familias.
La orden ejecutiva busca distribuir de forma más ágil "los recursos necesarios a los municipios que asuman a los solicitantes de asilo", una respuesta indirecta a los condados del norte del estado -principalmente dirigidos por republicanos- que ya se han mostrado contrarios a acoger a una parte de los inmigrantes, como se lo solicitó el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams.
El alcalde de Nueva York anunció el viernes que la ciudad ha recibido desde el pasado agosto a más de 60,000 inmigrantes y, ante la situación de saturación -ocupan 120 hoteles y varios grandes albergues- ha comenzado a enviar inmigrantes a hoteles de los condados de Rockland y Orange, -los primeros a las afueras de la ciudad- donde estarán por cuatro meses.
Hochul recordó que ya ha pedido al presidente Joe Biden ayuda federal, tanto financiera como legal, y específicamente "acortar los periodos hasta que los que los solicitantes de asilo puedan trabajar en la legalidad", en alusión a las dificultades burocráticas que les impiden conseguir un permiso de trabajo (entre uno y dos años) y les obligan con frecuencia a trabajar en negro.
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