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Envían buses con decenas de migrantes desde El Paso a Nueva York y Chicago

La Tribunal Supremo debe decidir en los próximos días si mantendrá en pie o no el Título 42 mientras una corte en menor instancia analiza el caso

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Envían buses con decenas de migrantes desde El Paso a Nueva York y Chicago
Las autoridades locales y federales esperaban que la suspensión de la norma, impuesta por el gobierno del ex presidente Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

Decenas de migrantes fueron enviados en buses a Chicago y a Nueva York durante la pasada noche desde la frontera sur de EE.UU. en Texas, horas después de que el Tribunal Supremo ordenara mantener la normativa sanitaria conocida como Título 42.

La alcaldía de la ciudad de El Paso, Texas, que limita con Ciudad Juárez en México, anunció que mantendrá el estado de emergencia, declarado por el alcalde ante lo que se esperaba fuera el fin del regla, que permite la expulsión de la mayoría de migrantes que llegan a EE.UU. por tierra.

"Seguiremos procediendo como si se hubiera levantado" el Título 42, dijo el alcalde Oscar Leeser en una conferencia de prensa el lunes, después de conocerse la decisión del Supremo en Washington D.C.

Las autoridades locales y federales esperaban que la suspensión de la norma, impuesta por el gobierno del ex presidente Donald Trump (2017-2021) y mantenida por el actual mandato demócrata de Joe Biden, tuviera como consecuencia un aumento en el número de migrantes que llegan a las ciudades fronterizas.

Al caer la noche en El Paso, fuera del albergue de la parroquia El Sagrado Corazón, al suroeste de la ciudad, un hombre y una mujer con camisetas y credenciales de la Oficina de Manejo de Emergencias del estado de Texas comenzaron a ofrecer a los migrantes un viaje gratis en bus a Nueva York o Chicago, según pudo comprobar EFE.

Desde abril de este año, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha estado enviado docenas de buses con migrantes hacia ciudades al norte del país, con el objetivo de presionar al presidente Biden para endurecer las políticas migratorias.

Quienes se quedaron sin espacio en el refugio jesuita, que tiene una capacidad limitada para unas 150 personas, escucharon atentamente las condiciones del viaje.

Según les explicó la mujer, sólo podían montarse las personas que tuvieran papeles de migración estadounidense. Es decir, quienes se entregaron a la Patrulla Fronteriza al cruzar la frontera y no los que la atravesaron sin ser detectados.

Desanimados tras escuchar las condiciones, muchos se alejaron.

"Nosotros no podemos montarnos, nos pueden deportar", dijo a EFE uno de los migrantes, que pidió ocultar su identidad. Cabizbajo, cruzó al otro lado de la acera, donde pasó la noche a la intemperie, con temperaturas inferiores a los 8 grados centígrados.

Tiene 22 años y dice haber cruzado ya casi 16 países. Salió de Venezuela hace tres años y vivió antes en Ecuador y en Chile, pero decidió venir hacia Norteamérica para poder ayudar económicamente de mejor manera a su familia.

Aunque está ahora en EE.UU., dice que su destino final es Canadá porque, según ha leído, apoyan más a los migrantes.

"Quiero hacer un poco de dinero acá y seguir", explicó a EFE este migrante, que cargaba una una maleta rosa con diseño de princesas y un gorro negro. Casi todo lo que tiene, contó el joven, se lo regalaron, porque un grupo de personas lo robó todas sus pertenencias en Ciudad Juárez.

El sacerdote Rafael García, quien coordina el albergue, explicó cómo además de un lugar donde dormir, el transporte es la otra necesidad principal que ve en las personas migrantes que llegan a El Paso.

"Hay una gran necesidad de muchas personas que no tienen cómo trasladarse al lugar donde los van a recibir", subrayó el párroco, que desde 2016 reside en la ciudad fronteriza.

Un pasaje de bus hacia Denver o Los Ángeles, dos de las ciudades con mayor población al oeste de El Paso, cuesta entre 90 y 95 dólares.

La Tribunal Supremo debe decidir en los próximos días si mantendrá en pie o no el Título 42 mientras una corte en menor instancia analiza el caso.

Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2.7 millones, según datos del International Rescue Comittee.

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