Fuerza del Pueblo denuncia presunta “venta de permisos ambientales” y exige auditoría
La organización opositora acusa al ministro Paíno Henríquez de manipular cifras y debilitar controles legales en la emisión de licencias
Diario Libre
El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este jueves la existencia de un presunto esquema de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, relacionado con la emisión masiva e irregular de permisos ambientales.
La denuncia fue realizada durante una rueda de prensa y recogida en un documento oficial titulado Licencias y permisos preocupantes en el Ministerio de Medio Ambiente, según informó la organización en una nota de prensa.
La denuncia fue presentada por Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la FP, quien acusó al ministro Paíno Henríquez de dirigir un modelo de gestión “distorsionado” y alejado de los principios establecidos en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Entre las acusaciones figuran la manipulación de cifras, el debilitamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental y la existencia de intermediarios que facilitarían licencias a cambio de pagos irregulares.
Uno de los puntos principales señalados por la Fuerza del Pueblo es la afirmación del ministro de haber aprobado más de 6,000 licencias ambientales en solo 11 meses, cifra calificada como “astronómica” e “inviable” por el equipo técnico del partido, que sostiene que el ministerio no cuenta con la capacidad técnica ni administrativa para tramitar tal volumen cumpliendo con el debido proceso.
Solicitudes de auditoría e investigaciones oficiales
La organización política también cuestionó la veracidad de los datos oficiales sobre cobertura boscosa e importación de madera, calificándolos como “inflados” o “fuera de contexto”. Además, denunció el deterioro de las condiciones laborales de los guardaparques y el abandono institucional de las áreas protegidas.
Fuerza del Pueblo solicitó una auditoría forense a la Cámara de Cuentas y pidió la intervención de la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental (OEIG) para investigar el proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales. También advirtió sobre un patrón similar al detectado en el caso de corrupción en SeNaSa, destapado por esa misma organización y actualmente bajo investigación judicial.
La nota concluye alertando que estas prácticas implican una degradación institucional que compromete la sostenibilidad ambiental del país y que, de comprobarse, afectarían seriamente la gobernabilidad y la credibilidad del sistema de protección de los recursos naturales.
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