Finjus: desde el déficit fiscal hasta la Cámara de Cuentas, estos son los retos para 2025
La Finjus asegura que este puede ser un año con la oportunidad de implementar importantes reformas legislativas
Jesús Vásquez
El fortalecimiento institucional, la eficientización del gasto público, la reducción de la corrupción, la expansión de la infraestructura y la mejora de los sistemas de educación, salud pública y seguridad ciudadana, son algunos de los principales desafíos que las organizaciones de la sociedad civil han identificado para este 2025.
A pesar de los indicadores positivos y los avances de la República Dominicana en el año previo, el país no está exento de problemas y retos que deben ser atendidos para mejorar los niveles de institucionalidad.
En un comunicado, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó que uno de los retos más importantes de este 2025 es la reducción del déficit fiscal del Gobierno.
“Dentro de los retos más visibles vinculados con las metas anteriores, encontramos la necesidad de fortalecer la fiscalidad del Estado para reducir el déficit tanto fiscal como cuasifiscal, lo que permitiría un manejo más idóneo y sustentable de la deuda pública”, establece el documento.
Un año para importantes reformas legislativas
Con la mayoría abrumadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la actual legislatura podría ser más rápida a la hora de despachar proyectos de ley, siempre y cuando tengan el visto bueno del oficialismo.
En esa coyuntura, la organización destaca la urgencia de una modificación al proyecto del Código Penal, cuyo conocimiento resultó infructuoso durante el 2024.
“Con la reforma de la legislación penal se impulsaría el desarrollo de la política criminal, lo que contribuiría a la eficiencia del sistema de justicia al proporcionar coherencia y claridad en la aplicación de las normas”, detalla la carta.
Otro tema que requerirá la revisión de los legisladores es la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional el pasado mes de diciembre.
“El 2025 se avista como un escenario favorable para reintegrar el conocimiento de esta norma, acogiendo las mejoras sugeridas, analizadas y revisadas que propusimos”.
Queda pendiente, como reto para el 2025, la realización de un conjunto de reformas, como la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas; el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil; la actualización de la Ley de Libre Expresión del Pensamiento; la iniciativa sobre Protección de Testigos y Víctimas; el proyecto de ley de Participación Ciudadana y Mecanismo de Control Social, entre otros aspectos de primer orden en una agenda legislativa prioritaria para vencer la opacidad y la corrupción.
Finjus entiende que el 2024 cierra con un proceso de reforma que no satisfizo las expectativas de la sociedad, dejando pendiente para el 2025 el desarrollo de iniciativas que impacten el fortalecimiento institucional del país.
Deficiencias en materia de auditorías externas
Durante el 2024, la Cámara de Cuentas exhibió una gestión que Finjus tilda de “desalentadora” y que debe mejorarse con el propósito de luchar contra las amenazas para la administración de los recursos públicos y el avance institucional.
En un contexto en el que el Congreso Nacional está llamado a evaluar y escoger a los miembros titulares del principal órgano de auditoría y control externo, la entidad llamó a los legisladores a seguir un riguroso proceso de selección.
“Exhortamos a que se siga un proceso riguroso donde impere una visión de Estado que priorice herramientas que fomenten el desarrollo armónico e integral de la nación, siendo este el sustento apropiado para evitar el detrimento de la gobernanza e institucionalidad del país”, destaca el texto.
Poder Judicial y sus desafíos
El Poder Judicial enfrenta grandes debilidades en 2025, de acuerdo con la valoración de la organización. “Desde nuestra óptica, lo más importante es profundizar el estatuto de la carrera para dignificar la labor de los jueces y garantizar su estabilidad en el cargo, al tiempo que se cumplen las metas institucionales”, señala la entidad.
Otro desafío que enfrenta el Poder Judicial en 2025 es la masificación del uso de herramientas digitales, tanto en su interior como en los demás órganos del sistema, para agilizar los servicios y hacer más transparentes los procesos judiciales.
Principales avances del 2024
En su análisis, la organización presenta las victorias más significativas del país en cada sector. A continuación, se enumeran los principales avances del año pasado en materia de institucionalidad:
- La consolidación de la figura del Procurador General de la República. Asegurar su imparcialidad y arbitrariedad, separándole del proselitismo político y excluyéndole del Consejo Nacional de la Magistratura, son pasos significativos para el buen funcionamiento del sistema judicial.
- El buen desempeño mostrado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP). A pesar del reducido número de defensores, la ONDP asistió en 2024 a un promedio de 58,000 personas sin los recursos económicos necesarios para garantizar por sí mismas su derecho a la defensa en los tribunales mediante servicios de representación legal.
- Los avances del Poder Judicial en la reducción de la mora judicial. Más del 60 % de los tribunales de primera instancia del país se han puesto al día en el conocimiento de los casos, y solo un 10 % de los juzgados de paz conserva alguna mora.
- El progreso y desarrollo de la gestión de la Policía Nacional, que ha representado una mejora en los niveles de seguridad ciudadana.
Jesús VásquezJoven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.
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