Detienen a unas 200 personas durante operativos para prevenir nuevos incendios forestales
Las intervenciones buscan impedir el uso inapropiado del fuego y detener aquellas actividades que se realizan de manera ilegal dentro de esos espacios

Alrededor de 200 personas han sido detenidas en los operativos desplegados por las autoridades en áreas protegidas afectadas recientemente por incendios forestales, con el objetivo de evitar nuevos fuegos que continúen perjudicando esos espacios.
La información fue ofrecida por el viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, José Elías González.
“Alrededor de 200 personas han sido apresadas sin documentación legal para permanecer en el país. En los operativos hemos detectado mucha ilegalidad. Han sido detenidos y sometidos a la justicia migrantes que posteriormente han sido procesados para ser enviados a sus países”, indicó.
Según explicó, las intervenciones buscan impedir el uso inapropiado del fuego y detener aquellas actividades que se realizan de manera ilegal dentro de esos espacios.
“En esta época, los agricultores usan el fuego como herramienta, pero, como es un periodo de sequía, esa práctica puede salirse de control y convertirse en un incendio forestal”, agregó.
La “franja gris” en áreas protegidas
González explicó que la legalidad de las actividades agropecuarias dentro de las áreas protegidas depende de la categoría de manejo de cada espacio.
Puso como ejemplo las reservas forestales, donde pueden permitirse determinadas prácticas, entre ellas el cultivo de café bajo sombra y algunos sistemas agrícolas que incorporan medidas de conservación.
La situación es distinta en los parques nacionales, donde las actividades agropecuarias no están permitidas.
Sin embargo, señaló que existen propietarios que ocupaban terrenos antes de que se estableciera la categoría de parque y que todavía están pendientes de procesos de compensación o reubicación.
“Mientras no paguemos al propietario, no podemos desalojarlo, pero la actividad no está permitida y la estamos tolerando hasta lograr el pago total”, explicó.
Citó como ejemplo el Parque Nacional Valle Nuevo, donde todavía existen terrenos agrícolas cuyos propietarios deben ser compensados y posteriormente reubicados.
En cambio, advirtió que las nuevas ocupaciones dentro de esas áreas constituyen una actividad completamente ilegal y que sus responsables no adquieren derechos sobre los terrenos ocupados.
“Por eso es que hay una franja gris: aquellos que estaban previamente y que tienen documentos de propiedad pueden realizar ciertas actividades reguladas”, sostuvo.
Los operativos podrían extenderse a otras zonas protegidas en función de la disponibilidad de recursos, agregó González, quien reconoció que las limitaciones presupuestarias condicionan la capacidad de intervención de las autoridades.
Las operaciones son ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), el Ministerio de Defensa (MIDE), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Dirección General de Migración (DGM).
También participan la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería (Digega) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).



Paola Wisky