Uso de paneles solares en Casa de Campo genera impasse
Residentes piden mediación de la Superintendencia de Electricidad
Paola Wisky
Propietarios de villas ubicadas en el complejo Casa de Campo, en La Romana, denunciaron supuestas irregularidades en el servicio eléctrico en esa zona, incluyendo un aumento en la tarifa a quienes han instalado paneles solares en sus propiedades, una medida que, según señalaron, se tomó sin contar con la regulación de la Superintendencia de Electricidad y a las leyes dominicanas.
Durante una visita a Diario Libre, el empresario Carlos Janáriz manifestó que la administración con los propietarios de las villas del complejo es manejada por la empresa Costasur, que tiene una concesión de sistema eléctrico aislado con el Estado. Agregó que por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios del servicio eléctrico. Un sistema aislado es aquel que no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Agregó que por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios del servicio eléctrico. “Ese contrato tiene que regirse bajo la ley y los reglamentos de República Dominicana”, sostuvo.
Janáriz manifestó que de las 3,000 villas que hay en Casa de Campo, 106 tienen paneles solares, un generador que en República Dominicana tiene un reglamento para regular la producción de energía.
En ese sentido, sostuvo: “El Reglamento de Medición Neta habla sobre la energía producida con paneles solares en los techos de una vivienda. La sobrante va a la red eléctrica y a fin de mes se hace un neteo (cálculo), por eso se llama medición neta. Es decir, lo que yo te he mandado a la red, menos lo que me has mandado a la casa es kilo por kilo”.
Agregó que al final de mes se determina que “si me sobran kilos, lo voy a tener de crédito para el siguiente mes y si tengo kilos a favor de la distribuidora los pago al precio pactado”. Señaló que en Casa de Campo los propietarios de villas solo pueden instalar hasta 25 kilos en paneles solares, como establecen las leyes, una cantidad de energía que no es suficiente para las viviendas.
El empresario sostuvo que el precio que pagan actualmente los propietarios por la energía es 16 pesos por kilovatio/hora. Sin embargo, Janáriz denunció que la empresa “compra la energía sobrante mía a 7.4 pesos y la energía que compro de la red (cuesta) 16 pesos, es un tremendo negocio para Costasur, pero no es legal”. Debido a esta situación, explicó, los propietarios piden que se les retribuya dinero de la energía sobrante, desde el momento en que se colocaron los paneles.
Cambio de tarifa
Carlos Janáriz, quien hace dos años instaló paneles solares en su propiedad, sostuvo que cuando se colocaron estos aparatos no hubo objeción de parte de los administradores de Costasur, salvo con aspectos de diseños como el color de los paneles y que estos no se vean desde la calle, condiciones que fueron aceptadas por los propietarios.
Sin embargo, explicó que la empresa ha enviado desde finales de noviembre a los propietarios un acto de alguacil informando sobre el cambio de tarifa por potencia, una decisión tomada, según explicó, luego de que Costasur contratara asesores para la gestión del servicio.
“El acto dice que, si no quitamos los paneles solares en el plazo del mes, ellos automáticamente nos van a cambiar la tarifa y nos van a cobrar 2,000 pesos por cada kilo de potencia máxima que hayamos tenido”, sostuvo.
Janáriz añadió que la empresa busca “cobrar 2,000 pesos por potencia (no consumo). Es decir que una persona que tenga villa en La Romana (Casa de Campo) y que vaya tres veces al año, el día que vaya, si sube ese día a 40 kilos (la energía), va a pagar 80,000 pesos mensuales por los 12 meses”.
El empresario explicó que un propietario puede pagar actualmente unos 35,000 pesos por el servicio eléctrico, adicional a los 60,000 pesos de mantenimiento de la propiedad.
Manifestó que Costasur, al igual que otras empresas con sistemas aislados, no son regulados y que “no hay una tarifa enviada por la Superintendencia de Electricidad para que Costasur se la dé al cliente”.
- “No puedes cambiar unilateralmente la tarifa a personas que tengan paneles solares para ponerlo en potencia, porque te dé la gana. No te están obligando a quitar los paneles, te dicen o los quitas o te cobro potencia”, señaló, al tiempo que indicó que saldrá más caro tener paneles solares que no tenerlos.
Janáriz señaló que la medida era contradictoria “en un mundo en que se habla del medio ambiente, el cambio climático y las energías verdes”. Agregó que la notificación fue enviada sin que se desarrollaran encuentros previos entre la empresa y los propietarios, lo que consideraron “un acto de intimidación”.
Reacción
Los propietarios de paneles solares en el complejo turístico enviaron un acto de alguacil a la empresa Costasur, en la que expusieron las razones por las cuales entendían que no se podía cambiar la tarifa. “La Superintendencia es la que está llamada a cambiar las tarifas y regular los sistemas aislados, y no lo han hecho”, señaló Janáriz.
Agregó que tras la notificación enviada por los propietarios de paneles solo obtuvieron como respuesta una nota, enviada por correo y publicada en las redes sociales.
En el referido comunicado, la empresa señala que no ha impedido que se instalen “ni solicitado que se remuevan, los paneles solares dentro de las residencias ubicadas en el complejo. Muy por el contrario, nuestra empresa apoya los esfuerzos en favor del medio ambiente, mediante la colocación de paneles solares como alternativa eléctrica, siempre y cuando los mismos se hagan en cumplimiento de las leyes y reglamentos correspondientes”.
Agregó que las medidas tomadas han sido “en cumplimiento con dichas leyes y reglamentos y en coordinación con las autoridades competentes”, y señaló que “ha actuado con apego a la ley y de manera socialmente responsable. Igualmente, nos hemos destacado por no solamente cumplir con dichas leyes, sino en procurar beneficios para todos nuestros propietarios y residentes en general sin excepción ni favoritismo”.
Janáriz sostuvo que con la comunicación enviada por la empresa entienden que no están de acuerdo con lo solicitado, “por lo que hemos ido a la Superintendencia y depositamos una solicitud de mediación y adopción de medida cautelar, anticipada y urgente”, con el objetivo de que la entidad establezca una solución al impasse, generado, según Janáriz, por la “mala asesoría” que ha tenido la empresa.
Tras las declaraciones de los residentes, Diario Libre intentó obtener una reacción de la empresa, sin éxito
Paola WiskyEgresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.
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