El mítico encanto con la representación directa del pueblo

La idea de que el pueblo debe representarse a sí mismo, sin mediación alguna, en los procesos de decisiones políticas es un tema recurrente a través de los siglos. Su origen está en el mítico encanto con ciertas experiencias del mundo antiguo, particularmente en la forma de democracia que adoptó Grecia, en la cual el pueblo (un grupo de hombres libres y propietarios) deliberaba y tomaba resoluciones en la plaza pública.

El primero que formuló una crítica a esa visión romántica de la estructuración del poder fue el barón de Montesquieu, en cuya obra El espíritu de las leyes hizo una defensa radical de la representación política. Si bien su lado aristocrático lo llevaba a ser escéptico respecto del papel del pueblo y a defender una cuota de poder institucional a las clases aristocráticas, Montesquieu articuló, por primera vez, una idea de la representación política que excluía cualquier noción de mandato directo o vinculante entre representados y representantes, de modo que estos últimos pudiesen tener un amplio margen de actuación en el ejercicio de la representación política.

James Madison, también en el siglo XVIII al igual que Montesquieu, defendió la noción de república representativa por oposición a la democracia pura como eje para estructurar un sistema político basado en la representación en lugar de la participación directa del pueblo en la resolución de los asuntos públicos. Con esta idea, plasmó un diseño institucional con elecciones periódicas de autoridades, separación de poderes y frenos y contrapesos.

En el siglo XIX se produjeron dos importantes contribuciones sobre esta cuestión. La primera fue la conferencia que dictó en el Ateneo de Paris, en 1819, el pensador liberal Benjamin Constant titulada “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”. En este texto, Constant aborda las dificultades que se presentan en la época moderna, con sociedades cada vez más complejas, para tener un orden político similar al de los antiguos, lo que lo llevó a defender, con gran lucidez, la representación política. La otra contribución en ese siglo fue la de John Stuart Mill, uno de los pensadores liberales más importantes, si no el más importante, de todos los tiempos. Mill dedicó uno de sus libros -Del gobierno representativo- a reflexionar sobre la representación política y a formular sugerencias de formas institucionales para llevarla a cabo.

En el siglo XX hay un autor que de manera particular debe resaltarse como defensor de la representación política en contraposición a la democracia directa: el gran Norberto Bobbio. En su libro El futuro de la democracia hay páginas lúcidas sobre este tema que mantienen plena vigencia bastante tiempo después de que lo escribiera. Otro autor de referencia es Giovanni Sartori, quien también reflexionó sobre esta cuestión en la misma línea que Bobbio.

Esta breve reseña de momentos intelectuales significativos sobre el tema de la representación política procura simplemente poner de relieve que esta cuestión ha estado siempre presente tanto en la filosofía como en la práctica política. La idea de la autorepresentación popular, como contraposición a la representación política, resurge cíclicamente con discursos que usualmente vienen de los extremos, de izquierda y de derecha. Hugo Chávez, por ejemplo, antes de su fascinación con el fracasado Socialismo del Siglo XXI, articuló su movimiento político en torno a la crítica a la democracia representativa y a los partidos políticos, así como su defensa de la democracia directa: referendos, plebiscitos y revocación de mandatos. Lo que resultó de esa experiencia no necesita contarse en este artículo. Por su parte, la ultraderecha populista también recurre a argumentos similares: apelar directamente al pueblo para obviar las instituciones intermedias que sirven de balance y contrapeso. No es casual que a las dictaduras les encanten los plebiscitos, pues estos polarizan, eliminan los matices y son muy susceptibles de manipular.

En la República Dominicana ha habido una cierta corriente a favor de la democracia directa, al punto que algunas modalidades institucionales, como el referendo y el plebiscito, se incorporaron en la Constitución de 2010, pero dieciséis años después no se han implementado. A finales de los años noventa, en medio de los debates sobre la necesidad de la reforma constitucional en el Diálogo Nacional, surgieron propuestas a favor de una constituyente con cuotas de participación a la sociedad civil. Recientemente ha surgido la idea de las candidaturas independientes al margen de los partidos y agrupaciones políticas, las cuales serían sustentadas, según la definición que el Tribunal Constitucional tomó de algún lugar que no es la Constitución, en organizaciones cívicas y sociales. Lo que subyace en estas propuestas es la idea de que los males del sistema político se podrán resolver si, finalmente, el pueblo puede, por sí mismo, sin el estorbo de la mediación política, autorepresentarse.

A los entusiastas de estas ideas, este articulista desea, humildemente, darle un consejo: revisen el primer proceso constituyente en Chile durante el gobierno de Gabriel Boric. Ahí se verá una multiplicidad de sujetos, muchos representándose sólo a sí mismos o a grupos particulares de la sociedad, empujando cada quién su propia demanda, sin posibilidad de construir consensos y acuerdos ante la ausencia de fuerzas políticas articuladoras en la Asamblea Constituyente. La representación estuvo marcada por una atomización de intereses (candidaturas independientes, podría decirse), que, a la postre, hizo que la Asamblea produjera un texto abigarrado de ideas incoherentes, inconexas y extravagantes que resultó en un fracaso.

Los partidos políticos constituyen piezas claves en el sistema de representación. Estos están llamados a articular voluntades, representar sectores sociales, generar políticas públicas y formar cuadros políticos para la labor legislativa y gubernamental. Les corresponde también construir mayorías para la toma de decisión en los diferentes niveles de gobierno. En fin, los partidos políticos sirven de mediación entre el Estado y la sociedad y permiten articular -unas veces mejor que otras- un orden político dentro de la diversidad y la fragmentación social.

Sin duda, los críticos de los partidos políticos tienen buenas razones para quejarse. Con frecuencia se habla de una crisis de representatividad precisamente porque los partidos y las instituciones representativas no responden eficazmente a las demandas sociales o sólo velan por sus propios intereses, lo que genera desconfianza y desencanto colectivo con la política. Esa es una verdad que no puede ignorarse. Sin embargo, fomentar la representación política a través de organizaciones cívicas y sociales es una receta segura para la ingobernabilidad, además de que no resolverá los problemas de representatividad que afectan al sistema político. Por demás, lo que subyace en este enfoque es que, de alguna manera, las organizaciones de la sociedad civil representarán mejor que los partidos políticos los “verdaderos” intereses de la sociedad.

La crítica a los partidos políticos debe llevar más bien a pensar en cómo mejorar la calidad de la representación, cómo fortalecer los mecanismos de democracia interna y rendición de cuentas, cómo fomentar la renovación de liderazgos y cómo lograr que los propios partidos asuman su cuota de responsabilidad ante la crisis de confianza que se está produciendo respecto de ellos. Desde luego, no hay soluciones a mano para resolver este mal de nuestro tiempo, pero lo que sí es seguro es que la respuesta no está en apelar a la democracia directa ni a la participación electoral de organizaciones cívicas y sociales cuya misión en la sociedad -necesaria y válida, sin duda- nada tiene que ver con el ejercicio de la representación política.

Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.