El sistema de transporte es un pilar para la accesibilidad y la igualdad de derechos

Como dominicanos, sabemos bien que el medio que elegimos para movernos por la ciudad y el país es mucho más que un simple medio de desplazamiento. Cada elección significa una variación significativa de gastos, de tiempo y de comodidad; en carro, en guagua o en motor, las diferencias se sienten.

Dentro de un sistema de movilidad, el transporte público es crucial, es un facilitador esencial para el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso al trabajo, la vivienda, la salud y la educación. La accesibilidad a estos derechos depende en gran medida de la calidad y disponibilidad de ese sistema de transporte; cuando no está diseñado para beneficio de los ciudadanos, las consecuencias son profundas y multifacéticas, afectando a la sociedad en general y a cada individuo en particular. Esta situación es aún más crítica para las personas con discapacidades y aquellas en situación de vulnerabilidad, quienes encuentran barreras adicionales en su movilidad diaria.

Accesibilidad y derechos fundamentales

El transporte público eficiente y accesible permite a las personas desplazarse de manera asequible y rápida a sus lugares de trabajo, centros educativos y de salud. Esto no solo incrementa la productividad laboral y académica, y asegura la protección de derechos, sino que también mejora la calidad de vida al reducir el tiempo y el estrés asociado con los desplazamientos. Nadie sale con buenos ánimos luego de perder tiempo en un tapón.

Cuando el transporte público es ineficiente hay costos que los dominicanos pagamos a nivel familiar y colectivo. Voy a mencionar los más significativos, intentando traer luz sobre algunos que no son tan evidentes.

A nivel familiar, un claro costo es la pobreza monetaria. Cuando el transporte público no satisface las necesidades de una persona, ella debe recurrir a medios privados, ya sean propios o gestionados por terceros. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018), las familias del quintil más bajo de ingresos gastan aproximadamente entre el 8 y 20 % de su presupuesto en transporte, una carga desproporcionada para los sectores más vulnerables. Como consecuencia, estas familias ven reducido su acceso a otros bienes y servicios esenciales. Es decir que un dominicano deja de comprar algo que necesita porque debe usar ese dinero en algún medio para llegar a su trabajo o a la escuela.

Otro costo familiar, esta vez invisible, es la pobreza de tiempo. Los largos trayectos reducen las horas disponibles para actividades productivas, educativas y recreativas, afectando negativamente la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo personal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares y Viviendas (ENHOGAR) 2016, los dominicanos dedican, en promedio, 2.5 horas diarias de traslado al trabajo. Esas son horas en las que una madre no puede desayunar con su hijo, que un joven no puede aprovechar para practicar su deporte favorito o que un empleado no puede dedicar a estudiar otro idioma. Los tapones roban momentos de socialización y crecimiento.

A nivel colectivo, las repercusiones son igualmente graves. Un sistema de transporte público deficiente implica un aumento en el uso de carros y motores, incrementando la congestión vial y los accidentes de tránsito, con consecuencias devastadoras tanto humanas como económicas. En nuestro informe «Institucionalidad y gobernanza en la eficacia de las políticas públicas de seguridad vial», recientemente publicado, señalamos que más de 3,000 personas fallecen anualmente debido a accidentes de tránsito. Estas cifras colocan al país en el quinto lugar más peligroso del mundo para desplazarse y el segundo en la región de las Américas en términos de seguridad vial. Los grupos más propensos a sufrir accidentes mortales son los peatones y los motociclistas, que frecuentemente son la otra cara de la falta de alternativas de transporte público.

Otros de los costos colectivos impactan de forma directa en nuestro desarrollo nacional. Por un lado, la dependencia excesiva de vehículos privados incrementa la demanda de combustibles, lo que lleva al Gobierno a destinar grandes sumas en subsidios, desviando fondos que podrían ser utilizados en otras áreas críticas como la educación y la salud. En el presupuesto del año fiscal 2023 se destinaron aproximadamente 11, 195 millones de dólares para subsidios a combustibles, lo que representó un desafío considerable para las finanzas públicas. 

Por otro lado, las deficiencias en el transporte pueden afectar la productividad laboral a escala nacional, reduciendo la competitividad del país y frenando el crecimiento económico. Se estima que las pérdidas económicas debido a la ineficiencia en el transporte pueden alcanzar el 0.7% del PIB anual, según datos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Finalmente, podemos mencionar el costo que un sistema centrado en la movilidad privada tiene en uno de nuestros derechos colectivos establecidos en la Constitución: la protección del medio ambiente. El aumento de vehículos en circulación contribuye significativamente a la contaminación ambiental y a la emisión de gases de efecto invernadero, afectando la salud pública y exacerbando el cambio climático.

Escenarios y oportunidades

Como en toda política pública, para alcanzar nuevos objetivos es posible elegir dos opciones: mejorar las herramientas con que se cuentan hoy o incorporar nuevas (o ambas a la vez).

Hace pocas semanas participamos de un taller de formación en accesibilidad con transportistas de la OMSA. Allí trabajamos, desde nuestro rol de defensores de los derechos, en acercar a los choferes la experiencia de las personas con discapacidad en relación con la movilidad, de manera que a partir de ese momento pudieran brindar un servicio más consciente y considerado. Con este tipo de acciones buscamos que actores claves del sistema de transporte público —como los choferes— se conviertan en líderes y promotores del cambio. Mientras más personas con roles de relevancia en el sistema se junten para encontrar consensos sobre las siguientes medidas a adoptar, más rápidamente alcanzaremos los objetivos de mejora.

También es posible y deseable comenzar a considerar cómo debería ser la movilidad en nuestro país en un futuro. La promoción de medios de movilidad alternativos como bicicletas y monopatines eléctricos en determinados barrios o sectores puede ser una propuesta beneficiosa. Estos medios no solo no contaminan, sino que también pueden reducir significativamente la congestión del tráfico y la demanda de espacios de estacionamiento. Además, al fomentar la actividad física regular, tienen un impacto positivo en la salud pública, ya que reducen el riesgo de enfermedades relacionadas con el sedentarismo. Es decir, estos medios permiten ahorrar costos en combustibles y en servicios de salud. 

Estas alternativas también pueden fortalecer los vínculos sociales dentro de las comunidades, facilitando la interacción entre vecinos y fortaleciendo el tejido social. Las ciudades con altos niveles de ciclismo urbano suelen reportar una mayor cohesión social y una mejor calidad de vida comunitaria. Los dominicanos no estamos acostumbrados a verlas en nuestras ciudades, pero si abrimos el espacio a nuestros jóvenes para que las usen, ellos quizás puedan disfrutar de otra calidad de vida urbana en un futuro mediato.

Garantizar un transporte público de calidad en República Dominicana es, por tanto, una necesidad imperiosa para promover el desarrollo integral del país y de los dominicanos. El objetivo de congregar a los actores involucrados para que trabajen en la implementación de políticas que mejoren la infraestructura y la accesibilidad del transporte público y alternativo debe ser firme. Solo así se podrá asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o situación económica, tengan igualdad de oportunidades para acceder a servicios esenciales y mejorar su calidad de vida. El transporte público eficiente y sostenible es un derecho y una herramienta indispensable para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Pablo Ulloa

Defensor del Pueblo de la República Dominicana.