El pacto nacional ante la crisis en Haití

En un acto solemne celebrado en el Palacio Nacional el pasado jueves 26 de octubre, se firmó el Pacto ante la Crisis en Haití. La nación se encuentra ante un enorme desafío. Afrontar esa amenaza requiere del concurso de todos, sin banderías políticas.

El pacto tiene visión abarcadora. Es recordatorio de lo que debió de hacerse desde hace muchos años y no se ha hecho; propósito de enmienda para realizar con alto grado de consenso lo que es políticamente sensible, a la par que inaplazable; guía para ser desarrollada con acciones concretas.

Bajo el proceso de desnacionalización que lleva décadas conformándose se cobijan grandes intereses que han impulsado un modelo de crecimiento económico excluyente, de baja protección social, que expulsa dominicanos de su territorio y los sustituye por inmigrantes indocumentados de escasa formación educativa, dependiente de remesas y endeudamiento externo, con sesgo anti exportador.

Cambiar ese estado de cosas requiere de una transformación profunda. El pacto pretende avanzar en aspectos medulares relacionados con esa transformación.

Varios grupos llevaron a cabo los trabajos, distribuidos en las áreas de relaciones exteriores, migración, frontera y economía, interrelacionadas entre sí.

Las recomendaciones del grupo sobre el impacto económico de la crisis de Haití están esparcidas en varios acápites del documento. Veamos algunas de ellas.

Promover un compromiso empresarial para ordenar el mercado de trabajo (¿persuasión o coacción?); fomentar la transformación productiva y la incorporación progresiva de la mano de obra dominicana; reformular la norma general núm. 97-2007 de la DGII, que permite a las empresas constructoras considerar como gastos deducibles los pagos de nóminas de trabajadores, sin anexar el listado de los contratados y sus datos personales, ni el monto de lo pagado efectivamente a cada trabajador; cesar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley en obras o actividades de instituciones del Estado.

Se discutió, en atención a una elucubración de quien suscribe, aunque no queda reflejado en el documento, la conveniencia de que mediante la aprobación de legislación especial y durante un período de transición de varios años se iguale el costo laboral regulatorio en los mercados formal e informal para eliminar el sesgo favorable que existe en favor de la contratación de mano de obra indocumentada en detrimento del trabajador dominicano.

En ese período de transición se iría reconstituyendo el 80/20 en un porcentaje fijo cada año, de modo que cada vez haya una menor proporción de trabajadores extranjeros, documentados o no, para lo cual tendría que aplicarse un severo régimen de consecuencias. Al mismo tiempo los trabajadores indocumentados iniciarían la formalización de su situación migratoria y se les otorgarían las prestaciones laborales que correspondan, tales como derecho a cesantía, servicios de salud, seguro de accidentes laborales y pensiones, previa cotización sufragada por las partes, incluido el Estado.

En esa misma línea, en razón de que la concentración de mano de obra indocumentada tiene lugar en la agropecuaria y la construcción, con objeto de reducir ese impacto y elevar la productividad se propone constituir el Fondo Nacional de Mecanización y Tecnificación Agropecuaria; crear el Fondo de Mecanización y Tecnificación de la Industria de la Construcción e incentivos a la industria de la fabricación de viviendas prefabricadas urbanas y rurales; mejorar las tarifas laborales para la industria de la construcción y abrir en INFOTEP cursos básicos para trabajadores dominicanos.

Asimismo, se recomienda evaluar la liberación a la agropecuaria por 10 años de impuestos a la renta y a la propiedad para facilitar su modernización; establecer políticas para el equilibrio de los precios de sustentación en finca para alimentos básicos; incrementar las inversiones públicas en el campo para evitar que la juventud lo abandone.

De igual manera, poniendo la visión del otro lado de la frontera desde la perspectiva de que el bienestar económico de Haití conviene a ambas naciones, se recomienda incentivar la producción, la inversión y el comercio por medio de alentar la reproducción del modelo vigente de CODEVI -en Ouanaminthe-Dajabón- para la instalación de industrias en el interior del territorio haitiano (mientras más alejado de la frontera, mejor).

Y se sugiere promover en el ámbito internacional un plan de rescate del aparato productivo de Haití; apoyar el otorgamiento de financiamiento internacional para su sostenibilidad ambiental; reequilibrar el balance comercial dominico-haitiano y concertar un acuerdo de facilitación de comercio.

Estos temas, en adición a los contenidos en los demás acápites del pacto, deben merecer la atención de todos los dominicanos. Se trata de una agenda compleja, vital para los intereses de la República Dominicana.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.