Fideicomiso ProAeropuertos y la necesaria Ley de aeropuertos

Hace unos días se conoció públicamente el Decreto No. 374-23, que dispone la constitución de un fideicomiso público de administración, fuente de pago, y oferta pública, denominado Fideicomiso Público para el Fomento de Proyectos Aeroportuarios Dominicanos (Fideicomiso ProAeropuertos). Dentro de los objetivos principales para esta iniciativa se indica que los aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje civiles con fines comerciales, desempeñan un papel vital en el desarrollo del turismo y que estos espacios facilitan la conectividad aérea, el intercambio comercial y cultural, y la integración regional con otros países.

Asimismo, reconoce que los aeropuertos y aeródromos constituyen infraestructuras estratégicas para el país, especialmente, para el turismo y su continuo desarrollo; sector que representa una de las principales fuentes de ingresos, empleo y divisas para la economía nacional.

El Fideicomiso ProAeropuertos tendrá por objeto fomentar proyectos aeroportuarios dominicanos, captando, gestionando e invirtiendo recursos, tangibles e intangibles, que sean necesarios para apoyar en el diseño, estructuración, financiamiento, desarrollo, operación, construcción, ampliación, mantenimiento, y correcta operación o administración de los aeropuertos, aeródromos y helipuertos dominicanos, tanto domésticos como internacionales, que lo requieran. Dentro de sus principales fines destaco los siguientes:

• Suscribir y gestionar los acuerdos necesarios para asegurar la financiación de proyectos que garanticen el funcionamiento y correcta operación de los aeropuertos, aeródromos y helipuertos dominicanos, de conformidad con las regulaciones especiales y estándares locales e internacionales.
• Iniciar sus operaciones apoyando, en el diseño, construcción y puesta en operación de un nuevo Aeropuerto Internacional en Cabo Rojo, como parte integral del Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales.
• Ejecutar a favor del Fideicomiso Pro-Pedernales las acciones que sean necesarias para financiar total o parcialmente el desarrollo y construcción del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo.

El Fideicomiso ProAeropuertos, contará con un Consejo Técnico, integrado por funcionarios de alto nivel vinculados a las infraestructuras aeroportuarias y proyectos de esta naturaleza. Igualmente, contará con una Dirección Ejecutiva responsable de la operación del Fideicomiso. Se designó de manera honorífica a Víctor Pichardo, quien desde el 2020 es el director del Departamento Aeroportuario, y ha estado muy activo e involucrado en los avances y cambios positivos experimentados en las infraestructuras aeroportuarias del país, contribuyendo al gran repunte ocurrido luego de la pandemia en el turismo y el sector aeroportuario.

El nuevo Fideicomiso Público puede ser un instrumento ágil de cara al proyecto del aeropuerto internacional en Cabo Rojo, en lo que se refiere al desarrollo y levantamiento de fondos, así como otras infraestructuras aeroportuarias que requieran mantenimiento o ampliación y que estén bajo la gestión y administración de la Comisión Aeroportuaria. No obstante lo anterior, esta nueva estructura presenta desafíos institucionales administrativos, que destaca la necesaria y urgente actualización de la regulación aeroportuaria, tal y como comentaba en mi artículo publicado en mayo del 2022, donde expreso ideas relativas al robustecimiento regulatorio aeroportuario.

El Fideicomiso ProAeropuertos constituye una nueva estructura jurídico-administrativa para gestionar infraestructuras aeroportuarias, en adición al esquema existente en nuestro país de aeropuertos concesionados (Aeropuerto Internacional de Las Américas, Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, Aeropuerto Internacional Arroyo Barril, Aeropuerto Internacional María Montez, Aeropuerto Internacional de Samaná y Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer (La Isabela), cuyo operador es Vinci Airports; los aeropuertos privados (Aeropuerto Internacional Punta Cana, Aeropuerto Internacional la Romana, y Aeropuerto Internacional Cibao); aeropuertos domésticos  y aeródromos; helipuertos; y otras infraestructuras aeroportuarias administradas por la Comisión Aeroportuaria.

Esta iniciativa de fideicomiso puede ser una oportunidad para acelerar el proceso de discusión para dotar al país de una nueva regulación de las infraestructuras aeroportuarias que corresponda a los avances del siglo XXI. Nuevas leyes sobre aeropuertos particulares y actualizadas de las regulaciones de aviación o aeronáuticas, es promovido y recomendado por ACI-LAC por sus siglas en inglés, que significa el consejo internacional de aeropuertos para Latinoamérica y el Caribe. De hecho, en la declaración de Santo Domingo, se resalta la necesidad de dictar “(…) una Ley de aeropuertos que dé unidad, seguridad y racionalidad jurídica a la actual dispersión normativa existente sobre la actividad aeroportuaria tutelando el servicio aeroportuario bajo sus particulares principios y necesidades”.

La concepción del aeropuerto como una cadena de valor, y todas las relaciones jurídicas que dentro de esta infraestructura sucede, debe ser el motor inspirador de esta nueva política pública, ajustado a la visión integral y estratégica del país, siendo un signo distintivo y diferenciador para mantener la vanguardia frente a otros destinos turísticos. Una aproximación a todas las relaciones y situaciones jurídicas que se presentan en un aeropuerto y cómo impacta en la vida de las personas se puede observar en la serie “Tormenta de Navidad” o “A Storm for Christmas”. Por eso, dentro de una nueva regulación aeroportuaria se debe tener al usuario en el centro.

Los desafíos y oportunidades en el siglo XXI son muchos para la sociedad. Las infraestructuras aeroportuarias no escapan a ello, por lo que, siendo los aeropuertos internacionales la entrada (primer encuentro del turista con el país) y salida (última impresión) de lo que constituye el ecosistema turístico, pero también la principal entrada y salida de la mayoría de los habitantes, los inversionistas, o quien visite la República Dominicana para cualquier actividad, se debe de robustecer y estar a la vanguardia no solo en la propia infraestructura, sino también en la regulación que permita aprovechar las oportunidades para el país.

Los avances tecnológicos, inteligencia artificial, descarbonización, movilidad aérea avanzada (Advanced Air Mobility (AAM), drones, taxis aéreos, eVTOL, vertipuertos, y otros aspectos interesantes en este sector, hace que sea inevitable una revisión de la regulación aeroportuarias y del transporte aéreo. También es fundamental reformular las distintas autoridades y administraciones públicas involucradas, en lo que he denominado como la “Autoridad Reguladora de las Infraestructuras Aeroportuarias (ARIA)” para que cuente con una estructura sistemática, organizada y robusta de las autoridades involucradas en el sector.

La cadena de valor que se genera desde los aeropuertos y todos los actores que intervienen en ese ecosistema deben asumir el liderazgo de promover y dotar a la República Dominicana de una regulación de vanguardia, técnica, enfocada en prestar servicios de calidad, que promueva la innovación tecnológica, entre otros aspectos, que genere seguridad y previsibilidad a las inversiones públicas-privadas que puedan surgir en el futuro, todo lo cual impactaría positivamente al país y a las personas. Esta puede ser una de las políticas públicas más relevantes y estratégicas que un gobierno pueda asumir e impulsar. Ojalá en el futuro inmediato este sea uno de los temas relevantes en la agenda nacional, ya que es una pieza fundamental para continuar la evolución y desarrollo que se ha experimentado en los últimos años.

Rafael Dickson Morales

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Abogado y Profesor en Derecho Administrativo.