Urge una política nacional de medicamentos

El programa de medicamentos de alto costo de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) del Ministerio de Salud Pública, ya cuenta con más de 15,000 pacientes con enfermedades “raras” y/o tratamientos complejos. Gracias a esta cobertura, y a la casi duplicación de su presupuesto, se ha logrado mejorar la salud de los pacientes y curar algunos casos.

No obstante, a pesar de la importancia de estos medicamentos y de su costo creciente, todavía no aplica una política moderna de adquisición, prescripción y entrega. Desde hace cuatro décadas, en el país se viene hablando del tema; se han aprobado políticas y normas, quedando en el papel como otras letras muertas.

 El asesor en Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) doctor Rogers Montes, recomendó revisar las políticas públicas de Salud, porque el país no cuenta con un marco legal, legislativo y jurídico, que garantice la compra y entrega de medicamentos de alto costo, de acuerdo a los objetivos y metas de este importante servicio público.

Resaltó que el desarrollo de la atención primaria implica la educación general con la participación y movilización social en la promoción y prevención. En adición, garantizar la calificación de los recursos humanos, incluyendo un plan de retención para el personal que trabaja en lugares remotos, para asegurar la capacidad resolutiva local.

A pesar de contar con el 98% de la población asegurada, todavía el gasto familiar de bolsillo representa el 45% del gasto nacional en salud, uno de los más elevados de la Región, dentro del cual, la compra de medicinas equivale al 66%. En consecuencia, alrededor del 30% del gasto nacional en salud corresponde al consumo de medicamentos.

Los medicamentos de alto costo son demandados por los pacientes con enfermedades “raras”, de alta complejidad y/o duración. A pesar de su baja frecuencia, resultan muy costosos para las familias, pudiendo llevarlas a la quiebra o a la pobreza extrema.  Algunos son de alto riesgo, porque podrían causar daños graves o incluso la muerte, si se producen errores en su prescripción y/o consumo.

Es lo que muchos conocen como enfermedades catastróficas, por el altísimo impacto negativo en la economía familiar, incluso en la clase media. Para evitar situaciones de pobreza extrema o indigencia, los Estados mantienen programas especiales para financiar y suministrar esos fármacos a las familias afectadas.

La unión hace la fuerza

El mercado farmacéutico está fuertemente concentrado y controlado por gigantescos laboratorios multinacionales, que imponen sus políticas y prácticas para maximizar sus ganancias. Su estrategia es la renovación constante de los fármacos de última generación, con moléculas cada vez más complejas, para asegurar “precios monopólicos extremadamente altos”.

Estos medicamentos son de alto costo, porque incluye los gastos en investigación, desarrollo y promoción. Son producidos por grandes laboratorios protegidos por el derecho de patentes, asegurando su comercialización exclusiva durante hasta dos décadas, bajo un nombre comercial registrado.

En contraposición, en Europa y América Latina grupos de países han avanzado en coaliciones públicas-privadas para comprar los medicamentos de altos costos por volumen. Logrando, de esta forma, elevar la capacidad colectiva de negociación, con precios más razonables y suministros más confiables, bajo las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante el alto costo de los medicamentos en general, y en especial, de los catastróficos, resulta imperativo definir una política nacional de medicamentos, con alianzas público-privadas y métodos de compra transparentes y eficientes. Solo de esta forma los países pequeños podrán obtener precios asequibles para asegurar una cobertura universal de los medicamentos de alto costo.

Arismendi Díaz Santana

Economista especializado en seguridad social en España. Dirigió el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano Seguridad Social (SDSS) y redactó la Ley 87-01. Primer Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).