Es la hora de una definida política de Estado en las relaciones con Haití

1. Sin dudas, las relaciones de la RD con Haití constituyen posiblemente la problemática más compleja que enfrentan las actuales generaciones dominicanas.

2. Ambos países compartimos como espacio vital una misma isla de un poco más de 76 mil kilómetros, de los cuales Haití ocupa 27,750 km2 y la RD 48,442 km2, con una población cada uno de más o menos 11 millones, resultando que mientras la densidad poblacional de RD es de 225 habitantes por klmt2, la de Haití es de 416 por klmt2.

3. Más alarmante son los desiguales niveles de desarrollo. En el 2022, mientras la RD registró un crecimiento del PBI de 4.9 %, Haití tuvo un crecimiento negativo de 0.4%.

4. La frontera dominico haitiana, de unos 376 kilómetros, más allá de la vigilancia oficial, en muchos puntos está bajo el control de mafias civiles y militares que organizan el tráfico permanente de personas, drogas y armas para la RD y trasiego de ganado robado y contrabando de mercancías para Haití, entre otras.

5. La RD es un país atractivo para millones de haitianos porque aquí encuentran trabajo y mejores condiciones de vida que en su país. Al mismo tiempo, empleadores dominicanos contratan mano de obra haitiana porque este trabajador acepta menor salario, no exige seguridad social y en muchos casos es deportado antes de cobrar su salario.

6. Además, Haití, hoy como nunca antes, carece de instituciones y de interlocutores legítimos y no es un Estado unificado pues una parte importante del país está bajo control de bandas armadas que imponen su ley en los territorios y población bajo su control.

7. Lo más grave es que, frente a este enorme problema humanitario presente en Haití, la comunidad internacional se ha hecho indiferente y se resiste a jugar el papel que le corresponde para encontrar una solución viable.

8. La consecuencia de todo lo descrito es que en los hechos la RD resulta la salida más fácil para la solución cotidiana de millones de haitianos que migran de forma permanente o transitoria a nuestro territorio.

9. Hay que agregar que las 7 provincias fronterizas nuestras –Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco— tienen el más bajo índice de desarrollo humanos del país y muy pocas oportunidades lo que se refleja en un progresivo proceso de migración interno y al exterior que hemos denominado “las segundas depoblaciones” del territorio de la parte oeste de lo que hoy es la RD.

10. Frente a este grueso problema los gobiernos dominicanos han tenido de modo general un comportamiento irresponsable y ha sido común instrumentalizar el tema haitiano para sacarle provecho politiquero.

11. Es pues más que evidente que la gravedad de la crisis haitiana obliga a la RD a definir con carácter prioritario una política de Estado para regularizar y precisar de una vez y para siempre el marco de nuestras relaciones con la vecina República de Haití.

12. Por su complejidad, debemos pensar en una estrategia a ejecutarse a corto, mediano y largo plazo, teniendo como meta que el 200 aniversario de nuestra independencia, el 27 de febrero de 2044, encuentre a la República Dominicana reafirmada en su territorio e identidad nacional y su soberanía consolidada, como lo concibiera Juan Pablo Duarte, el padre fundador de nuestra nacionalidad.

13. No hay solución dominicana a la problemática haitiana. Es correcto el concepto que encierra esta expresión repetida insistentemente por el actual presidente de la República. Como hemos detallado, la complejidad y gravedad de la situación de Haití solo puede ser afrontada por la comunidad internacional y por tanto rebasa con creces las posibilidades de la RD que a su vez tiene serios problemas internos de desigualdad, alimentación, desempleo, bajos salarios, economía informal, déficits educativos y de salud, seguridad ciudadana, migración, para solo mencionar unos cuantos. Es importante puntualizar que en su planteamiento a la comunidad internacional, en ninguna circunstancia la RD puede llamar ni endosar ninguna intervención armada unilateral de un país en Haití, debiendo solo avalar la intervención de organismos multilaterales a fines humanitarios y para restablecer el orden y la seguridad interna y la democracia, para lo cual debe siempre contarse con los liderazgos políticos, civiles y religiosos de Haití.

14. El control de la frontera. Hay que reconocer como una línea de actuación correcta que se distancia de gobiernos anteriores, las operaciones que viene realizando el ministerio público para desmontar las estructuras mafiosas responsables del tráfico de ilegales por la frontera. Ese camino hay que profundizarlo especialmente depurando y dándole seguimiento al cuerpo militar responsable de la frontera, así como también a las autoridades de las provincias fronterizas y del cuerpo consular y diplomático en Haití.

15. Las provincias fronterizas. Se requiere de un plan de desarrollo económico, social y ambiental para las 7 provincias de la frontera. En sentido general puede decirse que han sido positivas las leyes de incentivo a la inversión en la frontera, tanto la #28-01 del 2001, como la vigente # 12-21, promulgada en el 2021. Pero los niveles de pobreza, falta de oportunidades, la migración y despoblación ameritan de mucho más que la eventualidad de que algún empresario se anime a invertir. En las provincias fronterizas se requiere que el Estado se asuma directamente como motor del desarrollo humano e integral y trace una estrategia a corto, mediano y largo plazo y haga las inversiones necesarias para efectivamente revertir la situación presente.

16. Dominicanizar la mano de obra. Como es sabido hay ramas de la producción nacional que en un 60% y 70 % utiliza mano de obra haitiana. Corresponde al Estado dominicano trazar una estrategia para progresivamente dominicanizar la mano de obra y conforme las características llevarla, en un proceso, en cada rama productiva a lo que dispone la ley: 80% dominicana y 20% extranjera. Para ello es necesario mejorar las condiciones salariales y de trabajo en general y también mecanizar y tecnificar la producción, especialmente en la construcción y agropecuaria. De igual modo aplicar de forma estricta la ley a los empleadores que la violen, conforme se vaya estableciendo el proceso gradual de dominicanización de la mano de obra. En este contexto, el primero que debe dar el ejemplo es el Estado dominicano en la construcción de obras públicas.

17. Aplicación de las leyes migratorias. En el marco de las medidas antes expuestas, la aplicación estricta y con respeto de la dignidad y derechos de las personas es el principal muro que tiene el país para frenar la migración ilegal. Un corolario importante a destacar es que en las condiciones actuales todo lo relativo a la normativa migratoria debe mantenerse exclusivamente como competencia de la ley interna dominicana.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.