Las rígidas finanzas del sector eléctrico

Los apagones han vuelto a azotar a la población en estas semanas y lo raro es que esto sea noticia, porque la realidad es que el país tiene más de cincuenta años con el problema del sector eléctrico. No hay dudas de que habrá razones válidas para esta nueva tanda, pero la realidad es que esto ocurre muy poco en países que se consideran serios.

Durante décadas se decía que el problema eléctrico era la falta de generación, pero esto gradualmente se fue resolviendo. Luego la traba era que teníamos generación, pero la mayoría de las plantas funcionaban con combustibles derivados del petróleo, de precios más volátiles. La solución fue ir diversificando hacia fuentes renovables, gas natural y carbón, estos dos últimos con precios históricos bastante estables. Ahora todos los combustibles han subido de precio al mismo tiempo. Esto es lo que se llama mala suerte.

Pero están otros temas que inciden igual o más en el problema eléctrico: el robo de energía, el no pago, el hecho de que la tarifa no cubren los costos de las empresas distribuidoras, por citar algunos. Es decir, es un problema complejo.

Si nos vamos al resultado financiero, podemos decir sin lugar a dudas que el sector eléctrico tiene un déficit estructural. ¿Y qué se quiere decir con esto? Que al final del año, por más cosas que se hagan, el monto resulta ser alto y predecible, hágase lo que se haga. El año pasado el déficit del sector fue cercano a los US$1,200 millones. Esto equivale a 1.3% del PIB y casi a la mitad del déficit presupuestario del Gobierno Central. Y una muestra de la rigidez es que este monto es similar al promedio observado en los últimos veinte años. 

Hubo factores que incidieron en el aumento del déficit: se suplió más energía a los clientes y las empresas Distribuidoras tuvieron que adquirirla a un mayor costo. Otros factores contribuyeron a que bajara el déficit: un menor gasto financiero (pago de intereses) y un menor gasto de inversión.

En cuanto al monto de inversiones, lo que se alega es que ahora hay más eficiencia: se está invirtiendo menos, pero se consiguen igual o mejores resultados. Y esto no hay forma de verificarlo, al menos no en el corto plazo. En cualquier caso, es algo que no es sostenible en el tiempo, porque está muy documentado que el sector necesita una inversión considerable.

Las pérdidas de energía se colocaron en 32.6%, nivel superior al 27% del 2019, aunque no necesariamente comparable porque ahora se suple más energía. Las cobranzas fueron de un 95.1%, cifra similar a la de años anteriores y el número de empleados bajó, pero el gasto en nómina se mantuvo. Al final, unas cosas suben, otras bajan y otras se mantienen. Pero al igual que todos los años, llegamos a un déficit alto.

Básicamente lo que cobran las empresas a los clientes no da ni cerca para pagar la energía que se compra, ni mucho menos para el pago de personal, compra de materiales y las inversiones necesarias. El Gobierno tiene que cubrir la diferencia. De hecho, este déficit entre el cobro de la energía y la factura de compra a los generadores fue el mayor desde el año 2011, casi 600 millones de dólares.

Aún si no se publicaran los datos del sector, es fácil tener una aproximación a su situación financiera. Simplemente hay que sumar el monto de transferencias que hizo el Gobierno (US$953.7 millones) con los atrasos en pagos reportados por las generadoras (US$238.5 millones). Esto nos da un total de US$1,192 millones, que es muy parecido al monto reportado por las empresas. 

Viendo estos indicadores la única conclusión certera que podemos sacar es que el déficit es bastante rígido y que en el mejor de los casos las mejoras serán graduales y tendremos que convivir, si tenemos suerte con los precios internacionales, con déficits en el entorno de los 1,000 millones de dólares anuales en los próximos años. Por ahora, y debido en gran parte a la crisis internacional, el déficit será mucho mayor.

Haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes. Este era el momento de sacar la política del sector, pero eso ahora parece difícil porque se han satanizado las privatizaciones, los fideicomisos y hasta ahora no tenemos ninguna alianza público-privada. Lo que sea que decida el presidente hay que apoyarlo porque lo que está claro es que como país no podemos seguir con este lastre. 

Magín J. Díaz

Columnista de Diario Libre.