Rafael NúñezCriminalidad y conflictividad social
Por qué la percepción de inseguridad aumenta a pesar de las estadísticas oficiales
Las muertes violentas y los homicidios parecen haber escalado en los últimos meses generando conjeturas en medios de comunicación y en hacedores de opinión, que buscan explicar el fenómeno sin que muchas de las reflexiones toquen con profundidad su origen, porque no pocas veces las opiniones no se apoyan en estudios que analicen los distintos factores estructurales, económicos, sociales y culturales que los originan.
Aunque el país lleva los últimos seis años ejecutando y monitoreando un Plan de Seguridad Pública con dedicación de tiempo e inversión de recursos, las ocurrencias de muertes violentas y de conflictividad social permanente tienden a crear la percepción de inseguridad, aunque las estadísticas indiquen lo contrario.
La criminalidad y la conflictividad en el país no responden a una sola causa, sino a un complejo entramado de factores estructurales.
Conforme con estudios oficiales e independientes, las riñas tienen una prevalencia muy alta en las estadísticas, seguida de la intolerancia asociada a una baja cultura de mediación y alta propensión a la violencia; las condiciones de vulnerabilidad, la informalidad laboral y la falta de oportunidades de movilidad social de la gente, especialmente en jóvenes; la presencia del microtráfico de drogas y de otros delitos en todo el territorio nacional que actúan incentivando la delincuencia; otro factor es la disponibilidad de armas de fuego que se incrementa exponencialmente debido al tráfico ilegal. Un último elemento es la debilidad institucional y los retos que esta genera a la prevención. Hay otros desafíos en el ámbito de la justicia y la persecución del crimen organizado.
De acuerdo con el Observatorio Interamericano de Seguridad de la OEA, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el país era de 9.12 (2022) y otros estudios criminológicos independientes levantados establecen que “una proporción mayoritaria de las muertes violentas (50 o 60 % de los casos) tiene su origen en la convivencia cotidiana y no en el delito planificado”. Se trata de homicidios que se producen durante riñas repentinas, disputas vecinales, problemas familiares o discusiones por rencillas personales. En el 2022 la tasa de homicidios era de 13 %.
El alcohol y la impulsividad están asociados con el consumo excesivo de bebidas y la disponibilidad de armas de fuego o blanca, lo que significa que el peso de la conflictividad social no se reduce exclusivamente a la delincuencia organizada, que también la genera, sino que se ubica con profundas deficiencias en la salud mental, la tolerancia social, la mediación comunitaria y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos.
Aunque el crimen organizado presenta un porcentaje menor que las riñas interpersonales, este aporta una cuota importante en la percepción de inseguridad. Y esto se debe a que no pocos de estos hechos violentos, se registran en los espacios públicos cotidianos y residencias, generando un clima de temor. Por ejemplo, la muerte de la esposa del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo (Julián Oro Duro).
El crimen organizado, el macro y micro tráfico son los detonantes de ajustes de cuenta, sicariato y de enfrentamientos violentos por el control territorial, que cada vez cubre los rincones más apartados del país.
Como establecen las estadísticas oficiales y los estudios del Observatorio de Seguridad Ciudadana, estos escenarios se tornan más peligrosos por la convergencia de dos factores que he señalado: el tráfico de drogas y el de armas ilegales, que fomentan tragedias.
La seguridad pública es un camino largo, costoso, estratégico y que debe combinar más acciones de saneamiento en las filas policiales, además un riguroso sistema de emulación policial y la eliminación del peaje en la institución del orden, fenómeno viejo y que funciona de abajo hacia arriba.
Rafael Núñez