¡Ponlo en 29!

Todo crimen, cualquier crimen, se comete no solo contra la víctima, sino también contra la sociedad. Tanto si el victimario es un delincuente como si lo es el Estado. No hay gradación moral posible que permita atenuar su pavorosa naturaleza. Hay, eso sí, responsabilidades diferenciales: el individuo criminal lesiona a la comunidad y la resarce con su condena; quienes comandan el Estado pervierten la democracia en la que decimos vivir. Fracturan la confianza en ella, pisotean sus reglas básicas y hacen prevalecer la violencia letal como mecanismo de control social.

Cuando un presidente electo toma posesión, jura cumplir con la Constitución que organiza la convivencia ciudadana y establece derechos inalienables. Uno de esos derechos, expresado en el artículo 37, es la inviolabilidad de la vida.  Artículo que concluye de manera taxativa con la prohibición de la pena de muerte.

Que el presidente Abinader llamara a entregarse a los sospechosos de asesinar a la esposa de Julián Oro Duro porque, de no hacerlo, «les irá peor», justificaba anticipadamente su ejecución extrajudicial. Descartaba de plano la presunción de inocencia, anulaba la potestad del Ministerio Público de dirigir la acusación penal, prescindía de los jueces como impartidores de justicia. En suma, legitimaba la actuación policial al margen de la ley. 

Cuando la seguridad ciudadana es sustituida por ejecuciones extrajudiciales, las expectativas de una sociedad regida por normas se desvanecen. Aunque resuene el aplauso público cuando un supuesto o real delincuente es «puesto en 29», el miedo no atenaza el ánimo de los proclives al delito; se instala subrepticiamente en el de todos los ciudadanos que, no habitando en el mundo de las élites, están potencialmente expuestos a la disposición casi mecánica de los policías a disparar sus armas.

El problema es político y social. No es la  guerra de una autoridad tutelar contra los «malos» que dañan a los «buenos», como afirmara el director policial hace apenas unos días en Santiago. Es una cultura que enmascara su talante autoritario y antiderechos con la falaz retórica en favor de un sistema político en el que nuestros dirigentes no creen.

Solo este año, la policía ha asesinado a 170 reales o presuntos delincuentes. Lo ha hecho frente a la indiferencia consentidora del Gobierno y del cada vez más prolongado y denso silencio de la ministra de Interior Faride Raful, como si su propósito fuera desnudar el sofisma de la reforma y reafirmar su estatus de corporación delictiva impune. Hasta el pasado lunes, y solo en septiembre, la policía impuso sobre el orden constitucional y jurídico la primacía de  su código 29.

Hace unos tres años, Diario Libre publicó Patrulla Letal, una minuciosa investigación de Mariela Mejía, Tania Molina y Suhelis Tejero sobre la muerte de ciudadanos a manos de policías. Encontraron que tras los llamados «intercambios de disparos» pululan montajes de escenas, ejecuciones por encargo y búsqueda de ascenso. ¿Quiénes son los delincuentes?

En este país, cuyos gobiernos sucesivos han vendido como un oasis en una región atravesada por conflictos, el Estado abre todos los días por lo menos una fosa para cuerpos marginales que, por serlo, no gozan del derecho a ser juzgados, ni a beneficiarse de acuerdos de delación premiada. En esa fosa también entierra el crédito de nuestra desprolija democracia. 

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.