El rasero de la ley: derechos sin deberes en la era del linchamiento digital

El diseño constitucional de un Estado social y democrático de Derecho no responde a un idilio estático, sino a un escenario de tensiones dinámicas entre derechos y deberes. En su arquitectura jurídica, los derechos y los deberes fundamentales se sitúan en extremos opuestos de una balanza de precisión.

La salud de la república y la viabilidad del pacto social dependen de la convivencia simétrica y ponderada de estas dos fuerzas cooperantes. Sin embargo, cuando estos extremos se desbordan en un ejercicio absoluto, insolidario y abusivo, el tejido social experimenta una peligrosa hipertrofia.

Es en ese preciso instante de asimetría cuando el Estado debe activar sus mecanismos institucionales para aplicar el rasero de la ley: un parámetro normativo y homeostático que nivele el cumplimiento de ambas dimensiones, restaurando la paz pública dentro de los límites de la saturación normal del conflicto.

Tradicionalmente, la noción de un rasero unificador remite a la igualación estricta ante la norma. En el contexto de la sociología jurídica contemporánea y el constitucionalismo moderno, este principio adquiere un papel clave: no opera como una disminución autoritaria de los derechos fundamentales, sino como una respuesta legítima del aparato estatal para corregir las distorsiones que surgen cuando un derecho fundamental se divorcia de su función social, o cuando el ciudadano pretende habitar en una democracia de puras prerrogativas, vacía de obligaciones básicas.

El síntoma más alarmante de esta anomalía se manifiesta en el ecosistema digital, específicamente en la degeneración del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Consagrado en el artículo 49 de la Constitución, este derecho ha encontrado en las plataformas y redes sociales un megáfono de alcance masivo.

No obstante, al ejercerse desprovisto de un elemental filtro ciudadano —entendido como la falta de autolimitación ética y deferencia hacia el prójimo—, el espacio virtual ha mutado de plaza pública de debate a tribunal inquisitorio de posverdad y condena mediática.

La colisión armónica se quiebra cuando estas herramientas tecnológicas se instrumentalizan para imponer etiquetas y juicios paralelos sobre ciudadanos que se encuentran apenas en la fase inicial de una investigación penal.

En este escenario, el derecho a expresar e informar se absolutiza de manera abusiva, canibalizando la presunción de inocencia y el derecho al honor, pilares del debido proceso. Quien difama a través del algoritmo asume erróneamente que su libertad de expresión carece de fronteras, ignorando el correlato de sus deberes fundamentales.

El conflicto, en consecuencia, desborda el umbral tolerable, transformando la discrepancia civilizada en una violencia reputacional irreversible que fractura la paz social y socava la autoridad de las instituciones jurisdiccionales.

Frente a este desborde, el Estado no puede permanecer inerte ni abdicar de su rol de garante del orden público. Debe responder mediante la aplicación eficiente del marco normativo vigente, como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y los tipos penales que tutelan el honor.

La respuesta estatal no consiste en implantar una censura previa —lo que implicaría la destrucción misma del derecho fundamental—, sino en la utilización rigurosa de las responsabilidades ulteriores para corregir la distorsión del emisor y salvaguardar la integridad de la víctima.

Restablecer el equilibrio en este ámbito significa operativizar el principio de solidaridad constitucional. El artículo 75 de nuestra Carta Magna no es una declaración lírica, sino un mandato imperativo que impone como deber fundamental el acatamiento a la ley y el respeto a los derechos de los demás.

Cuando los órganos competentes actúan para contener la difamación digital o salvaguardar el buen nombre del investigado, el Estado no está constriñendo la democracia; la está protegiendo de su propia degradación. Se pasa el rasero de la ley para advertir que en la arquitectura republicana no existen derechos exclusivos ni impunidades garantizadas por la tecnología.

El conflicto es una variable inherente a la vida en sociedad. Lo que el Estado debe asegurar es un clima de paz social donde las legítimas tensiones entre las libertades individuales y las exigencias colectivas se mantengan dentro de cauces gobernables.

Esta normalidad solo es posible si la ley mide con la misma firmeza el derecho reclamado y el deber omitido. La verdadera justicia social y la estabilidad institucional no se logran permitiendo la tiranía del individualismo absoluto, sino robusteciendo un marco donde el cumplimiento del deber sea la única garantía real para que los derechos de todos puedan prevalecer.

Edwin Cuello

Es un Procurador Fiscal de la República Dominicana.