Enrique E. De Marchena Kaluche
Regulación del hospedaje de renta corta: una tarea necesaria
El reto de fiscalizar la expansión acelerada de los alquileres de corta estadía
La regulación del llamado hospedaje de renta corta o alquiler vacacional es una necesidad perentoria en el país. La razón es sencilla, su crecimiento sin supervisión y fiscalidad supone una amenaza latente contra la industria turística dominicana luego de seis décadas de esfuerzo conjunto del sector público y privado. Lo es mayor sobre la hotelería nacional, sujeta a supervisión permanente y a una fiscalidad que alcanza no solo a las empresas, también a sus empleados, a la vez que les otorga seguridad social.
Una investigación realizada por Diario Libre en Mayo 2026 reveló que “las propiedades destinadas a corta estadía rondaban las 56,973 a fines del 2025 y que las habitaciones ascendían a 136,338 a finales del 2024”, mientras que las unidades hoteleras eran 94,309 al término del 2025.
Como bien indicaba el artículo señalado, esa expansión del modelo ha ocurrido “en un contexto carente de regulación, registro, fiscalidad y seguridad”.
El 22 de julio pasado, Diario Libre, con la rúbrica de la acuciosa periodista, Irmgard De la Cruz, traía la información de que “Airbnb respaldaba la regulación de los alquileres vacacionales de corta estadía”. “Consideraba valiosa la creación de un registro que impulse la transparencia y la seguridad…” “fomentando un entorno inclusivo, proporcional y libre de cargas burocráticas excesivas”. Abogó porque el marco normativo sea aprobado a través del Congreso Nacional.
Lo que deja dicho Airbnb es interesante por más de una razón. Impulsar la transparencia y la seguridad supone un reconocimiento a que la existente es al menos insuficiente. Que sea a través del Congreso Nacional nos parece adecuado, puesto que una ley supone un instrumento de mayor valor jurídico y, consecuentemente, de mayor seguridad jurídica que una resolución de MITUR.
La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (Adoreco), con su sola formación, muestra lo vigoroso que resulta el sector de rentas cortas, su ánimo de establecer una defensa cohesionada y de participar en el proceso, y todo eso lo saludamos. Resultan por igual reveladoras la última declaración de esta entidad, recogidas por el periódico HOY del pasado 5 de agosto que indica, entre otros, “que debe revisarse regular las rentas cortas con la misma lógica de la actividad hotelera tradicional”. “También que podría imponer obligaciones, cargas administrativas y procedimientos que no corresponden a la naturaleza de esta actividad ni a la diversidad de actores que la integran, desde el pequeño anfitrión hasta el operador profesional”.
La naturaleza de la actividad es hospedaje puro y duro y que lo opere un ciudadano que busca un ingreso adicional (pequeño anfitrión es un eufemismo) o un operador profesional no dista mucho del argumento de un hotel independiente vs una cadena internacional. No creo que al Hotel Billini se le haya ocurrido pedir un régimen de operación o fiscal distinto que al Kimpton Las Mercedes, por ejemplo, porque uno sea un hotel independiente y el otro manejado por una cadena hotelera. Dura lex, sed lex. Por demás, lo que se identifica como “grietas encontradas” y “para seguridad jurídica” son argumentos atendibles, a nuestro entender.
En definitiva, República Dominicana ha avanzado en la modernización de su sector hotelero y en conectividad aérea, pero tiene un punto ciego que se agranda cada año, las decenas de miles de unidades de renta corta que operan fuera de los sistemas de datos oficiales. Un destino que no puede medir con precisión su propia oferta de alojamiento tiene una desventaja estructural en la mesa de negociaciones, tanto con aerolíneas como con inversionistas. ¡Es hora de tomar el toro por los cuernos!
Enrique E. De Marchena KalucheEl autor es abogado experto en inversión extranjera y turismo, y fue presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES).