Minerales críticos: regular bien, atraer mejor

En minería, dilema no es escoger entre soberanía regulatoria e inversión privada. El verdadero reto es construir un marco en el que ambas dejen de verse como amenazas recíprocas y empiecen a operar como condiciones complementarias del desarrollo.

Ese es, probablemente, uno de los debates más importantes de nuestro tiempo. La transición energética, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y la creciente demanda de minerales críticos han colocado a muchos países frente a una pregunta estratégica: cómo aprovechar sus recursos naturales sin debilitar ni la autoridad del Estado ni la confianza necesaria para atraer inversión responsable.

No estamos fuera de esa conversación. Por el contrario, tenemos razones para asumirla con seriedad, sin prejuicio alguno. El país necesita una discusión más madura: menos centrada en caricaturas ideológicas y más enfocada en reglas, instituciones y resultados.

Desde la perspectiva del sector minero, el punto de partida debería ser sencillo: la minería moderna no necesita un Estado débil. Necesita un Estado claro. Un Estado que regule, supervise, fiscalice y sancione cuando corresponda, pero que lo haga con criterios previsibles, procedimientos transparentes y decisiones debidamente fundamentadas.

La diferencia no es menor. El sector no objeta la potestad regulatoria del Estado. Lo que reclama es que esa potestad se ejerza dentro de un marco de seguridad jurídica. Y seguridad jurídica no significa privilegios para el inversionista. Significa reglas estables, competencias bien delimitadas, plazos razonables, debido proceso y coherencia institucional.

Ese equilibrio es especialmente importante cuando se habla de minerales críticos. Hoy sabemos que no hay transición energética posible sin minerales. No hay electrificación sin cobre, níquel, litio, tierras raras y otros insumos estratégicos. No hay paneles solares, redes eléctricas, baterías, centros de datos ni tecnologías limpias sin una base material que depende, en buena medida, de la actividad minera.

Pero reconocer esa realidad no implica desconocer las preocupaciones legítimas que acompañan toda actividad extractiva. Agua, territorio, licencias, fiscalización ambiental, cierre de minas, transparencia y relación con las comunidades son temas demasiado serios como para ser tratados como asuntos secundarios. Una política minera responsable no se mide solo por el volumen de inversión que atrae, sino también por la confianza pública que es capaz de construir.

Ahí radica la clave del debate. La pregunta útil no es si el Estado debe regular o si el sector privado debe invertir. La pregunta correcta es cómo diseñar un marco en el que la regulación proteja el interés general sin convertirse en arbitrariedad, y en el que la inversión encuentre certidumbre sin pretender inmunidad frente al interés público.

Ese es el tipo de conversación que conviene promover en la República Dominicana

Durante mucho tiempo, en América Latina, parte del debate sobre inversión y recursos naturales ha estado atrapado entre dos extremos igualmente improductivos. De un lado, la idea de que toda exigencia regulatoria desalienta el desarrollo. Del otro, la idea de que toda defensa de la seguridad jurídica encubre una pretensión de debilitar al Estado. Ambas posturas simplifican en exceso una realidad mucho más exigente.

Ningún país atrae inversión seria con arbitrariedad. Pero tampoco construye legitimidad pública con reglas débiles. El desarrollo sostenible exige instituciones capaces de sostener ambas cosas: autoridad pública y confianza económica.

Asumir esa visión también supone una obligación propia. No se puede reclamar seguridad jurídica sin aceptar estándares más altos de cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas. La licencia social no se decreta; se construye. Y se construye con información verificable, con conducta empresarial responsable, con apertura al escrutinio y con beneficios reales en los territorios donde operan los proyectos.

Por eso, la defensa de una minería formal no debería formularse como una resistencia a la regulación, sino como un compromiso con una mejor regulación. Mejor regulación significa menos dispersión institucional, menos duplicidades, menos discrecionalidad y más capacidad técnica del Estado. Significa permisos y controles más rigurosos, pero también más claros. Significa supervisión ambiental efectiva, pero también procesos administrativos que no descansen en la incertidumbre permanente.

La oportunidad dominicana está precisamente ahí: en construir un marco donde el interés nacional no se exprese ni en la hostilidad al capital ni en la renuncia a regular, sino en la capacidad de ordenar bien el sector. Eso supone fortalecer instituciones, modernizar normas, clarificar competencias y elevar la calidad del diálogo público.

Un país que aspira a insertarse inteligentemente en la nueva economía de los minerales estratégicos no puede conformarse con un debate emocional o reactivo. Necesita una visión de Estado. Una visión donde la minería sea entendida como parte de una política de desarrollo, de encadenamiento productivo, de infraestructura, de exportación de valor y de sostenibilidad territorial.

El sector minero puede contribuir a esa visión si se asume, no como un actor a la defensiva, sino como un promotor de institucionalidad. No para pedir concesiones discursivas, sino para respaldar un marco moderno donde el país gane legitimidad, competitividad y capacidad de ejecución.

En fotografía, Henri Cartier-Bresson hablaba del “momento decisivo”: ese instante en que forma, sentido y oportunidad coinciden. En política pública ocurre algo parecido. Hay momentos en los que un país debe decidir si seguirá administrando sus recursos desde la improvisación y la desconfianza, o si dará el paso hacia un marco institucional moderno, claro y legítimo. La conversación sobre minerales críticos coloca hoy a la República Dominicana precisamente ante uno de esos momentos.

Al final, la discusión verdaderamente útil no es minería sí o minería no. Tampoco es Estado o inversión. La discusión verdaderamente útil es qué reglas, qué instituciones y qué compromisos necesita la República Dominicana para que sus recursos minerales se traduzcan en desarrollo legítimo, sostenible y compartido.

Regular bien y atraer mejor: ahí está el verdadero desafío. Y también, si sabemos encararlo con madurez, una gran oportunidad de país

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.