José Antonio Delgado Hidalgo
Justicia bajo presión: confianza, crítica y Estado de derecho
Entre la vigilancia ciudadana y el prejuzgamiento institucional
La justicia dominicana atraviesa uno de sus momentos más exigentes en términos de percepción pública. Procesos judiciales de alto perfil, investigaciones sensibles y casos que involucran instituciones del Estado han colocado al sistema de justicia en el centro del debate nacional. En este contexto, la crítica ciudadana resulta no solo legítima, sino necesaria para la vida democrática.
El reto, sin embargo, no está en criticar, sino en cómo se critica. Exigir transparencia, rendición de cuentas y sanciones cuando corresponda es una obligación ciudadana. Lo que debe evitarse es que esa exigencia derive en deslegitimación anticipada de las instituciones o en juicios paralelos que desnaturalicen el funcionamiento del sistema.
La confianza en la justicia no implica ingenuidad, pero tampoco puede construirse sobre la base de la sospecha permanente. En un Estado social y democrático de derecho, la determinación de responsabilidades no se produce por presión mediática ni por percepciones coyunturales, sino a través de los órganos constitucional y legalmente competentes, mediante procedimientos previamente establecidos y con pleno respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a las garantías fundamentales.
En las últimas semanas, investigaciones vinculadas a instituciones públicas, como el caso que involucra al Seguro Nacional de Salud SeNaSa, han generado inquietudes razonables en la opinión pública. Estas inquietudes se explican por la naturaleza de los recursos involucrados y por el legítimo interés ciudadano en la correcta administración de los fondos públicos.
Ese interés, sin embargo, no puede confundirse con prejuzgamiento. Una cosa es vigilar y exigir explicaciones claras. Otra muy distinta es adelantar conclusiones que solo pueden ser establecidas al término de un proceso judicial. La justicia no se fortalece cuando se prejuzga, sino cuando se investiga con rigor, se persigue con objetividad y se decide conforme a la ley.
Cuando la sospecha se transforma en condena anticipada, el debate deja de ser institucional y se convierte en un factor de distorsión. Los sistemas de justicia sólidos no son aquellos donde no hay cuestionamientos, sino aquellos donde las críticas se canalizan dentro de los márgenes del orden jurídico y del respeto a las competencias de cada órgano.
La credibilidad del sistema se sostiene en la actuación objetiva e independiente del Poder Judicial y del Ministerio Público. Aun en medio de críticas atendibles, no puede desconocerse que se han producido avances relevantes en materia de independencia, profesionalización y control. Investigaciones complejas, procesos técnicamente estructurados y decisiones contrarias a intereses relevantes son evidencia de que el sistema sigue operando.
El Ministerio Público enfrenta una responsabilidad particularmente delicada. Su rol no es satisfacer expectativas mediáticas, sino ejercer la persecución penal con apego estricto a la legalidad. La legitimidad de su actuación descansa en la calidad jurídica de las investigaciones, en el respeto a las garantías procesales y en la solidez probatoria de los casos que somete a los tribunales.
Por su parte, el Poder Judicial continúa siendo el espacio donde, en última instancia, se definen las responsabilidades. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para los ciudadanos. Sin jueces independientes no hay derechos protegidos ni seguridad jurídica posible.
La valoración de los procesos en curso debe hacerse desde parámetros jurídicos y no desde emociones o presiones circunstanciales. Exigir rendición de cuentas es propio de una democracia sana. Desconocer las reglas del debido proceso no lo es
Apostar por la justicia, aun en medio de la duda, no es un acto de complacencia ni una toma de partido. Es una posición de responsabilidad institucional. La sociedad dominicana está informada, atenta y vigilante del desarrollo de los procesos en curso, y esa vigilancia debe traducirse en una exigencia firme de legalidad, transparencia y respeto a las reglas del proceso.
Cuando se debilita la confianza en la justicia, lo que se pone en riesgo no es un caso concreto ni una persona determinada, sino la capacidad del Estado para garantizar derechos, resolver conflictos y sostener la convivencia democrática.
José Antonio Delgado HidalgoEl autor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y magíster en Derecho Administrativo y Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Puede ser contactado vía correo electrónico en: Josedelgadolegal@gmail.com