Un largo proceso por delante: la acusación de genocidio contra Israel
El gobierno israelí califica los cargos de “difamación sangrienta”
RFI
La Corte Internacional de Justicia puede tardar años en emitir un juicio, pero tiene la capacidad jurídica para ordenar de forma inmediata que Israel cese sus ataques en Gaza.
El pasado 29 de diciembre el Estado sudafricano presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), institución de Naciones Unidas, una “solicitud” acusando a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. El texto sostiene que las acciones de Israel, desde que el 7 de octubre de 2023 Hamas realizara un masivo ataque terrorista en ese país, “tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino... en la Franja de Gaza”.
La acusación, opina el académico de la Universidad de Chicago John Mearsheimer, “se ajusta claramente a la definición de genocidio de la Convención de Ginebra”. El gobierno israelí califica los cargos de “difamación sangrienta” sin “base fáctica ni judicial”.
El concepto de genocidio se usa en muchas ocasiones de forma incorrecta confundiéndolo con crímenes de guerra o contra la humanidad, violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, pero que no necesariamente están orientados a destruir un grupo debido a su identidad.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, para evitar la repetición del Holocausto y en el marco de la creación de las Naciones Unidas, se fijaron normas de Derecho Internacional contra este crimen. La Asamblea General de la ONU definió el 11 de septiembre de 1946 que el genocidio es “la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros”.
En diciembre de 1948 se aprobó el Convenio para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio, que entró en vigor en 1951. Se comete genocidio en cinco supuestos: a) matanza de miembros de un grupo social determinado; b) lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Actualmente 153 estados han firmado y ratificado el Convenio, incluyendo a Israel y Sudáfrica.
En la solicitud de Sudáfrica a la Corte se presenta detalladamente el bloqueo a que Israel somete desde hace dos décadas a la población de Gaza, la forma en que desde el 7 de octubre pasado asedia a esos palestinos, sin agua, energía, comida y medicinas, la destrucción de viviendas e infraestructuras fundamentales, la matanza masiva de civiles en nombre del derecho a la autodefensa, y las declaraciones de miembros del gobierno israelí incitando a la eliminación de la población palestina.
Las medidas provisionales
Si acepta la solicitud, la CIJ puede tardar años en emitir un juicio. Desde su creación ha sido criticada por la indeterminación sobre las posibles penas, que quedan, paradójicamente, en manos de los Estados signatarios que son, a la vez, los que practican o amparan el genocidio. La creación de la Corte Penal Internacional (1998) trata de paliar esa deficiencia al incluir dentro de su jurisdicción los crímenes de genocidio.
En casos anteriores al israelí, la CIJ ha dictado medidas provisionales “para evitar un daño irreparable”, como ocurre en la guerra en Gaza. En estos casos, la CIJ obliga al Estado demandado a abstenerse de realizar determinadas acciones hasta que el tribunal haya dictado sentencia definitiva. Por ejemplo, en 2022 la Corte ordenó medidas provisionales a Rusia, ignoradas por Moscú, para que cesara inmediatamente sus operaciones militares regulares e irregulares en Ucrania.
Sudáfrica indica en su solicitud que Israel suspenda en una semana todas las operaciones militares y adopte medidas preventivas de genocidio y preserve pruebas que precise la Corte. El catedrático de Relaciones Internacionales Antonio Remiro indica que las medidas cautelares “han prosperado siempre, aunque la Corte puede tomar medidas diferentes a las solicitadas. La razón es que al solicitante (Sudáfrica en este caso) es competente a primera vista sobre el fondo del asunto, es plausible el supuesto genocida que se denuncia, y que los daños, de no tomarse las medidas solicitadas, pueden ser irreparables”.
Contraargumentos e implicaciones
El analista israelí Yossi Alpher considera que tanto las declaraciones de algunos ministros de Netanyahu en favor de “la eliminación de los palestinos” como las formas de la guerra llevada a cabo por Israel podrían no ser causa suficiente de genocidio al no tratarse de “una política oficial del Gobierno israelí”. “Sudáfrica, afirma, presenta un poderoso argumento de que la totalidad del sufrimiento económico y físico de Gaza es un desastre humanitario. Pero eso no prueba una intención genocida por parte del Estado de Israel”.
Sin embargo, explica Alpher “el desplazamiento por parte de Israel de los habitantes de Gaza de sus hogares, la mayoría de los cuales ahora están en ruinas, sugiere de manera bastante obvia que cuando esta guerra termine habrá más de un millón de habitantes de Gaza sin hogar que necesitarán alojamiento y sustento de emergencia. En este sentido, los hechos sobre el terreno son suficientes para respaldar de que ésta sea la acusación más reveladora formulada contra Israel en La Haya”.
Las decisiones que tome la CIJ serán relevantes también para Estados Unidos. La Convención prevé que otros Estados pueden ser juzgados por complicidad con el genocidio. El Centre for Constitutional Rights (CCR), una organización de defensa legal estadounidense, ha presentado una demanda federal alegando que el gobierno de Estados Unidos habría violado el derecho estadounidense e internacional al ser cómplices del “genocidio del pueblo palestino” al "proporcionar apoyo militar y diplomático incondicional" a Israel.
Mientras la guerra prosigue en Gaza, Israel se enfrenta a una lucha por probar si es un Estado que respeta o viola el orden internacional.
Mariano Aguirre es miembro asociado de Chatham House y asesor de la Red de Seguridad Inclusiva de la Fundación Friedrich Ebert.
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