Detienen al dueño y al CEO de aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales
La UDEF registró la sede de la aerolínea por orden judicial en una causa reabierta por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid
Agencias
La Policía Nacional detuvo este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli, como parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales.
La operación fue ejecutada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que también registró la sede de la empresa en busca de documentación, archivos digitales y dispositivos electrónicos.
Según fuentes policiales, los agentes accedieron a los sistemas informáticos y dispositivos móviles de los ejecutivos para realizar un análisis forense de las comunicaciones y movimientos económicos.
La sede de la aerolínea española Plus Ultra ha sido registrada este jueves por la Policía Nacional, en el marco de una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Según informan a EFE fuentes de la investigación, los agentes han entrado en la sede de esta empresa en una actuación que se mantiene bajo secreto.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó anteriormente el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito y descartó que se cometieran malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas del partido de la oposición PP, el ultraderechista Vox y Manos Limpias, una asociación vinculada a la ultraderecha.
Antecedentes y contexto judicial del rescate a Plus Ultra
La causa, instruida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se mantiene bajo secreto de sumario.
Los arrestos se producen en el marco de diligencias reabiertas tras la revisión de nuevos documentos y aportes recibidos por la justicia. El mismo juzgado había archivado en enero de 2023 un expediente vinculado al polémico rescate de 53 millones de euros que el Gobierno español otorgó a Plus Ultra durante la pandemia.
En esa ocasión, la jueza Esperanza Collazos consideró que no existían pruebas suficientes y que la decisión del rescate correspondió exclusivamente al Consejo de Ministros.
Sin embargo, las nuevas diligencias apuntan a revisar posibles operaciones irregulares relacionadas con el uso de esos fondos y otras actividades financieras de la aerolínea. El procedimiento ha vuelto a poner a Plus Ultra bajo el foco judicial, en medio de señalamientos políticos y cuestionamientos sobre los vínculos de la empresa con intereses estatales venezolanos.
Hasta el momento, los responsables legales de la aerolínea no han emitido declaraciones públicas. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas actuaciones judiciales.
Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones del conglomerado público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lara, y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno español que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Este registro coincide temporalmente con otra operación en la que también estaría implicado otro expresidente de la SEPI por sus supuestos vínculos con una trama de corrupción que ha salpicado al Gobierno socialista y ha llevado a prisión a un exministro.
Agencias