España sigue luchando contra el lodo 30 días después del temporal que dejó 230 muertos
Los trabajos de limpieza en las calles han conseguido retirar 250.000 toneladas de residuos
Vecinos, voluntarios y servicios especializados siguen enfundados en monos de trabajo retirando lodo y residuos de viviendas, garajes y calles, treinta días después del temporal en España que se ha llevado la vida de 230 personas, 222 de ellas en la provincia mediterránea de Valencia, y cuyas consecuencias políticas y económicas no han hecho más que empezar.
El paisaje ya no es tan dantesco como hace un mes, pero las montañas de coches convertidos en chatarra siguen impactando a las personas que llegan a Valencia, mientras los vecinos de la llamada 'zona cero' de la dana se han acostumbrado a ellas y están más preocupados por el lodo y las aguas fecales que anegan los sótanos y garajes y que impregnan con su olor insalubre las viviendas.
Los fotógrafos de prensa continúan retratando diariamente los trabajos de limpieza en las calles, que en un mes han retirado 250.000 toneladas de residuos.
Pero el foco ha virado en los últimos días hacia los políticos, que entran y salen de reuniones a puerta cerrada y encabezan comparecencias públicas en las que intentan dar explicaciones de los sucedido y soluciones a los damnificados, además de enzarzarse en agrias disputas sobre quién es el responsable de que la cifra de muertos haya sido tan alta y de que las labores de limpieza sean tan lentas en algunos lugares.
La cifra de víctimas sigue actualizándose
El recuento de víctimas aún actualizándose porque hay cuatro personas desaparecidas, pero en Valencia la cifra de 222 fallecidos está ya cerca de la que será la definitiva, según se desprende de la información que facilita periódicamente el Centro de Integración de Datos (CID).
La mayoría de los muertos fueron localizados en sus casas o en garajes y sótanos, entre ellos siete menores de 10 años y 26 víctimas de once nacionalidades distintas a la española.
A este dramático balance hay que añadir la muerte el pasado domingo de un operario que efectuaba labores de limpieza por un derrumbe.
Ayudas para los damnificados
El día en que se cumple un mes de la tragedia, el Gobierno español ha aprobado un tercer paquete de ayudas para los damnificados valorado en 2.274 millones de euros.
En total, son 16.600 millones de euros los que ha movilizado el Gobierno de España y 400 millones los aprobados por la administración regional (Generalitat) en ayudas urgentes.
En los paquetes hay ayudas directas para los que han perdido familiares, sufrido daños en sus viviendas o se han visto obligados a parar su actividad laboral o empresarial, así como créditos y medidas fiscales.
A pesar de que las ayudas son medidas muy demandadas, han sido objeto de disputa política porque el gobierno regional considera que son insuficientes y el estatal denuncia que la Generalitat está difundiendo mentiras al respecto.
Agria disputa política
El temporal ha generado crispación política desde el primer momento, porque son muchos los que consideran que la cifra de muertos hubiera sido mucho menor si los avisos a la población hubieran sido más ágiles y efectivos.
El Gobierno de España, liderado por los socialistas, insiste en que las competencias en este caso son del gobierno regional y ha denunciado que el presidente conservador de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, estuvo ausente durante las horas críticas, mientras que éste último culpa al Estado de dejación de sus funciones.
Este cruce de acusaciones ha llevado a un choque entre socialistas y conservadores tanto en el gobierno regional como en el estatal y mientras la oposición regional ha pedido la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, los conservadores españoles han pedido la de Pedro Sánchez.
Las consecuencias económicas
Las cifras del peor temporal del siglo registrado en España dan idea de su magnitud: 230 muertos, 75 municipios afectados, cientos de miles de damnificados, 25.000 hectáreas anegadas y hasta 771 litros de agua por metro cuadrado en solo 24 en las zonas más dañadas.
El coste de la reparación y reconstrucción de las infraestructuras dañadas se acerca a los 3.000 millones de euros y el Gobierno ha movilizado más de 16.600 millones de euros en ayudas.
Las consecuencias de la dana podrían restar una décima a la tasa de crecimiento de España en el cuarto trimestre, según el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo.