Maduro ordena que Policía use bienes confiscados de corrupción y narcotráfico
En su último reporte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, subió a 58 el número de detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción
EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este viernes entregar a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) "todo" lo confiscado a personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y la corrupción, en medio de una oleada de detenciones de funcionarios y allanamientos de propiedades por presuntos enriquecimientos ilícitos.
Durante un acto en Caracas, a propósito de cumplirse este viernes 10 años de su elección como jefe de Estado, Maduro informó que en las últimas semanas las fuerzas de seguridad han confiscado más de 500 vehículos costosos, relacionados con tramas de corrupción descubiertas recientemente en instituciones del Estado.
"Con la operación anticorrupción, nosotros hemos confiscado, de acuerdo a la ley, más de 500 vehículos de alta gama, comprados con dinero de la corrupción, y yo he ordenado que, una vez que se obtenga la posesión de esos vehículos (...) se le entreguen a la Policía Nacional Bolivariana para los cuadrantes de paz, para que vayan a garantizar la seguridad ciudadana", dijo el mandatario.
"Todo lo que le confisquemos al narcotráfico y la corrupción, (que) vaya a la Policía Nacional", reiteró, para luego solicitar a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que organice "pronto" un acto de entrega de estos automóviles.
Este jueves, Maduro afirmó que no habrá "convivencia ni complicidad" con aquellos funcionarios que están siendo procesados judicialmente por sus presuntos vínculos con tramas de corrupción que involucran a la estatal petrolera Pdvsa y otras instituciones del Estado.
En su último reporte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, subió a 58 el número de detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción.
El pasado 10 de abril, Saab señaló que estas son acciones emprendidas para sancionar a "mafias" en el marco de la operación anticorrupción que denunció el Gobierno en marzo pasado y que se cobró la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, así como el levantamiento de la inmunidad al diputado oficialista Hugbel Roa.
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