Cristina Fernández critica condena a seis años de cárcel
Esta es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones
EFE
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández repudió el histórico fallo judicial que la condenó el martes a seis años de prisión por administración fraudulenta y señaló que obedece a una “mafia judicial” que decide sobre la vida y libertad de los ciudadanos.
“Esto es la confirmación de un sistema paraestatal”, sostuvo la también exmandataria en su canal de YouTube en reacción a la condena que también incluye su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La dirigente peronista grabó las declaraciones en su despacho en el Senado, desde el cual siguió de forma virtual el momento en el que un tribunal federal integrado por tres jueces leyó el veredicto. Como vicepresidenta, Fernández de Kirchner preside la cámara alta.
Esta es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones.
Se espera que el fallo tenga un fuerte impacto, ya que Fernández es la figura política más relevante de los últimos 20 años. Fue legisladora y presidenta durante dos mandatos consecutivos (2007-2015) y ahora vicepresidenta, además de ser la líder de un sector centroizquierdista dentro del peronismo con gran capacidad de movilización en las calles.
La corte que sentenció a la exgobernante dio por probada la administración fraudulenta, pero desestimó la acusación de la Fiscalía de que la dirigente, de 69 años, había liderado una asociación ilícita y por los cuales había pedido una condena total de 12 años de prisión.
Fernández fue hallada culpable de causar una defraudación el Estado por cerca de 1.000 millones de dólares mediante la adjudicación de forma irregular de 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, durante sus dos mandatos.
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La exmandataria subrayó que el tribunal ya tenía previsto condenarla desde el inicio del juicio y cuestionó que considerara “que el delito lo cometí mediante la ejecución del presupuesto” nacional al sostener que “la presidenta no es responsable de la ejecución" del mismo, sino los jefes de gabinete.
También se refirió al intento de atentado que sufrió el 1 de septiembre y sostuvo que “presa o muerta me quieren”. Por ese hecho están detenidos y procesados tres jóvenes.
Decenas de simpatizantes de fuerzas izquierdistas se congregaron en torno de la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído.
El edificio se encontraba rodeado de vallas y fuertemente custodiado por policías.
El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Hasta entonces, la vicepresidenta podrá postularse para cualquier cargo de elección popular -desde una banca en el Congreso hasta la presidencia- según lo establece la ley.
Sin embargo, Fernández adelantó que “no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”.
El tribunal también dictó penas de seis años de prisión para otros acusados, como Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López -quienes ya cumplen condenas de cárcel por corrupción- y penas menores para varios exfuncionarios. Tres de los 13 acusados fueron absueltos o sobreseídos por falta de pruebas.
Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político, dijo a The Associated Press que Fernández ahondará su “estrategia de victimización y de equipararse” con Luiz Inácio “Lula” Da Silva, el dirigente izquierdista que acaba de ser elegido presidente de Brasil luego de que la justicia anuló su condena a prisión por corrupción.
Este es el primer juicio a Fernández y la primera condena a la que se enfrenta. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.
El fallo adverso "es lo que está esperando” desde hace tiempo la principal fuerza de la oposición Juntos por el Cambio, mientras que para la vicepresidenta significa la ratificación de que es víctima de una persecución judicial, dijo Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública,
La vicepresidenta caracteriza al Poder Judicial como un peón de los medios de comunicación opositores y del conservador Mauricio Macri, que la sucedió como presidente (2015-2019) y hoy es uno de los referentes de la oposición.
Bacman sostuvo que a partir de ahora “se tensionará la grieta política en Argentina” y se sucederán las movilizaciones de sindicatos y otros sectores afines al movimiento político de la vicepresidenta.
Durante el juicio los fiscales sostuvieron que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante la asignación irregular de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández desapareció. También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron.
Señalaron que este esquema corrupción también estuvo vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), marido y antecesor de la vicepresidenta y quien falleció tres años después de dejar el poder.
La defensa de la vicepresidenta sostuvo que nunca hubo partidas presupuestarias que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular y negó que la exmandataria hiciera uso de las decisiones administrativas que corresponden a los jefes de Gabinete para redireccionar recursos económicos en favor de Báez.
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