Organismos internacionales hacen recomendaciones para que RD actualice Ley de Competencia
República Dominicana necesita sanciones más fuertes en Ley de Competencia
Joaquín Caraballo
En la República Dominicana hay una falta de cultura general en materia de competencia, de acuerdo a un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proceso denominado peer review, arrojó que la ley de competencia dominicana también presenta limitaciones importantes. Por ejemplo, señala el documento, no hay un régimen de control de las concentraciones aplicadas a toda la economía, las multas máximas por prácticas anticompetitivas son bajas y con un bajo efecto disuasorio, y las investigaciones están sujetas a plazos de prescripción y vencimiento muy cortos.
“El examen inter par es un ejercicio que tiene herramientas para evaluar a países que buscan fortalecer sus leyes y regímenes de competencias para identificar los puntos débiles, para identificar los controles de competencias y proponer maneras de mejorar el marco de referencia de competencia y sus aplicaciones basadas en las mejores prácticas y las experiencias”, expresó Frederic Jenny, presidente del Comité de Competencia de la OCDE.
Agregó que en las últimas tres décadas ha habido un desarrollo importante en el mundo con relación a las leyes de competencia. También, en países que están en desarrollo.
Apuntó que en el mundo hay más de 140 países tienen leyes de competencia, las mismas son necesarias para llegar a establecer acuerdos comerciales entre países.
La OCDE hizo algunas recomendaciones a la República Dominicana, entre ellas: adoptar un marco común de competencia, que incluya normas tanto sustantivas como de procedimiento, que se apliquen de manera uniforme a todos los sectores.
Además, aclaró qué entidades son responsables de la aplicación de la ley de competencia en los diferentes sectores (es decir, Pro-Competencia o reguladores sectoriales).
- También, reforzar los recursos presupuestarios y humanos dedicados a la aplicación de la ley de competencia en la República Dominicana, incluido el presupuesto de Pro-Competencia (por ejemplo, mediante financiación gubernamental, tasas administrativas de un futuro régimen de control de fusiones y recursos procedentes de acuerdos de cooperación internacional, y evitar el uso de sanciones para este fin).
- Además, permitir a Pro-Competencia priorizar las de aplicación de la ley y abogacía en función de criterios transparentes acciones como, por ejemplo: impacto económico y geográfico, relevancia para los consumidores, contrataciones públicas o industrias estratégicas, incluyendo la facultad de no emprender acciones de aplicación de la ley o cerrar investigaciones en función de sus prioridades o disponibilidad de recursos.
Aplicación de la ley de competencia
El estudio arrojó que se debe adoptar un régimen general de control previo de las concentraciones conforme a las normas de la OCDE y las mejores prácticas internacionales.
Asimismo, aumentar las medidas de aplicación de la ley contra los cárteles y los casos de abuso de posición dominante: desarrollar herramientas eficaces de detección de cárteles, como métodos proactivos, por ejemplo: filtros económicos y supervisión de los mercados, y denuncias anónimas.
Por igual, se debe garantizar que las sanciones tengan suficientes efectos disuasorios. Los topes máximos de las multas deben basarse en elementos flexibles que permitan considerar las circunstancias específicas de los casos y los mercados afectados en línea con las normas internacionales.
La presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez, señaló que el sometimiento de la normativa y políticas de competencia nacionales al examen inter-pares y el informe que a tales efectos ha preparado la OCDE y el BID, no serán suficientes si no se adoptan las recomendaciones que procuran mejorar la calidad de la legislación y las políticas de competencia de la República Dominicana.
“La Ley 42-08, en el nuevo esquema económico que vivimos, presenta algunas debilidades que justifican su modificación integral. Debo destacar que, previo al proceso del “peer review”, la institución había recibido la gentil colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para que mediante un panel de expertos nos hiciera un diagnóstico de los aspectos que debían ser ponderados en una futura modificación a la Ley 42-08”, explicó la funcionaria.
Añadió que el examen inter-pares o “peer review” constituye una valiosa radiografía a la normativa y políticas de competencia en el país, que permitirá identificar las áreas vulnerables e implementar las herramientas eficaces que se requieren para fortalecer el sistema nacional de defensa de la competencia.
“A modo de ejemplo, entre las debilidades de la Ley 42-08 que más ha dificultado la tarea de Pro-Competencia ha sido la brevedad de los plazos de prescripción y de caducidad para realizar las investigaciones que, de una manera u otra, socavan la eficacia de la aplicación de la legislación”, precisó.
Al hablar en el acto que estuvo encabezado por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Vásquez apuntó que sujetar la investigación de prácticas anticompetitivas a plazos cortos puede provocar que ciertas conductas anticompetitivas no sean sancionadas efectivamente.
“La existencia de plazos de prescripción y de investigación breves fomenta la impunidad de conductas y prácticas restrictivas a la libre competencia”, indicó.
En ese sentido, la titular de ProCompetencia, dijo que se ha comprobado que los países que cuentan con una eficiente legislación en materia de competencia no solo disfrutan de un crecimiento económico entre un 2 % y 3 % mayor que aquellos que carecen de ella, sino que también experimentan un impacto directo y positivo en la calidad de vida de sus ciudadanos.
“Una sólida política de competencia no solo actúa como un imán para la atracción de inversión extranjera directa (IED), sino que también promueve un entorno donde la innovación y la eficiencia son la norma, traduciéndose en un acceso más amplio a bienes y servicios de mayor calidad y a precios más competitivos”, expresó.
Es una prioridad reformar la ley
Sobre el tema, el ministro de industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito-Bisonó, dijo que las recomendaciones presentadas hoy por los "Exámenes Inter-Pares OCDE-BID" ofrecen al país una hoja de ruta clara para continuar fortaleciendo la política de competencia.
Agregó que para la República Dominicana constituye una prioridad contar con leyes que reformen y fortalezcan su marco de competencia, y que éstas se erijan sobre una robusta y eficaz estructura institucional.
"La implementación de leyes que propicien una competencia leal entre las empresas fomenta la innovación, la eficiencia y la mejora continua de productos y servicios, lo que conlleva a mayores beneficios para los consumidores", indicó Ito Bisonó.
Dijo que competencia justa es sinónimo de eficiencia económica, ya que las empresas buscan mejorar sus procesos y ofrecer productos y servicios de alta calidad a precios competitivos.
"Un entorno empresarial caracterizado por la competencia leal y reglas claras puede resultar atractivo para inversores nacionales e internacionales, fomenta la innovación, y mejora la calidad y la accesibilidad a los servicios del sector privado, impactando también en los servicios públicos", señaló.
Joaquín CaraballoGraduado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Cursó un Máster en Comercio Internacional en el Centro Europeo de Postgrado. Tiene varios diplomados en economía, aduanas, sector eléctrico, impuestos y periodismo de investigación.
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