Comercios e industrias rechazan cambios en la Ley de Residuos Sólidos
Arguyen que afecta su sostenibilidad financiera
Comerciantes mayoristas y agroindustriales manifestaron su desacuerdo a las modificaciones propuestas para la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos sólidos, debido a que consideran que los incrementos impositivos son insostenibles e impactarían negativamente a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) mostró su preocupación ante el aumento de los montos de las escalas de contribución especial que deben hacer las empresas, que van desde los 1,200 pesos hasta los 10 millones de pesos, según la cantidad de ingresos que perciba.
Su presidente, Alberto Leroux, calificó como “devastador” el efecto que tendría la ley para el comercio mayorista de ser aprobada, ya que los negocios formales de este sector trabaja con márgenes de ganancia “mínimos, de entre 1.5 % y 2 %”.
“La imposición de nuevas cargas sobre nuestras operaciones haría insostenible nuestra labor, comprometiendo no solo la estabilidad de nuestras empresas, sino también el acceso a productos esenciales para la población” alertó Leroux en una nota de prensa.
Indicó que los comerciantes ya pagan, cada mes, una factura de cobro por residuos sólidos a los ayuntamientos, además del cumplimiento anual con la ley de residuos sólidos, lo que representa “una doble tributación por el mismo concepto”.
En esto coincide el presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo (Amaprosado), Andrés Cosma, quien tildó las modificaciones de “injustas y draconianas”, ya que incentivarían los comerciantes a la informalidad.
Explicó que la propuesta limita el desarrollo, ya que una mipyme que genere 50 millones de pesos en ingresos verá aumentada su contribución de 250,000 pesos –como lo dispone la ley vigente– a 350,000 pesos.
“Como está el alto costo de la vida, cualquier micro, pequeña y mediana empresa deberá pagar esos montos de manera automática”, deploró, luego de considerar las escalas como desproporcionadas.
Afectará a las agroindustrias
La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa) concuerda con estas posturas, analizando que las enmiendas propuestas incluyen alzas de hasta 3,750 % en las contribuciones impositivas que se realizan actualmente.
“Estos aumentos podrían limitar la capacidad de las mipymes agroindustriales para sostener empleos, erosionando su competitividad y dificultando su contribución al crecimiento económico del país”, señaló.
Abogó por garantizar la aplicación de las disposiciones pendientes de la ley vigente, equilibrando las necesidades ambientales con las realidades económicas de los sectores productivos.
Animpa resaltó que cualquier modificación a la ley 225-20 debe incluir la participación de sectores productivos como las agroindustrias, a los comerciantes y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se deben integrar entidades claves, como el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado sostenible.