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Licitaciones irregulares en las laptops del Minerd

Un vocal suplente de Banreservas y un empresario que es juzgado por lavado y defraudación tributaria están entre los ganadores de la licitación de urgencia del Minerd

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Licitaciones irregulares en las laptops del Minerd
El gobierno asumió el costo de la educación a distancia para salvar un año escolar sometido por la pandemia. (ARCHIVO)

Un funcionario activo en el Banreservas y un empresario sometido a la justicia por defraudación tributaria son dos de los ganadores del proceso de adjudicación de urgencia que realizó el Ministerio de Educación para la compra de 752,000 equipos tecnológicos para la educación escolar a distancia, en el marco del plan nacional “Educación para todos, preservando la salud”, en diciembre del año pasado.

La pandemiadel COVID-19, que obligó al entonces recién instalado gobierno de Luis Abinader a decidir que la educación desde casa sería el camino para salvar el año escolar, desnudó la desigual realidad que enfrentan familias dominicanas para acceder a las nuevas tecnologías. De allí que la administración de Abinader decidiera que el Estado asumiría la factura para conectar a los niños y adolescentes del país con las aulas, mediante el uso de la tecnología.

Así se abrió una vía en la que el gobierno dominicano asumió el costo de la conectividad de cada estudiante con las compañías telefónicas y de cable, al igual que el pago a emisoras de radio, televisoras y de cable para transmitir el contenido educativo. El siguiente paso fue abrir dos licitaciones de urgencia para adquirir laptops, tabletas y computadoras: una general para la compra de 752,000 equipos y otra especial dirigida a las pymes para 188,000 más.

En la licitación de los 752,000 equipos —la MINERD-MAE-PEUR-2020-0002— resultaron ganadoras un total de 56 empresas, en un proceso que realizó el Ministerio de Educación (Minerd) en diciembre pasado. La factura del ambicioso programa de compra de equipos para asegurar el acceso a la educación en medio de la pandemia del COVID-19 asciende a unos 10,200 millones de pesos, por debajo de los 12,068 millones de pesos que el gobierno inicialmente estimaba destinar.

Entre esas 56 compañías destacan dos: Madison Import SRL y Omega Tech que, entre ambas, se adjudicaron los contratos de venta de casi 30,000 equipos por más de 621 millones de pesos.

Detrás de Madison Import SRL está el actual vocal suplente de Banreservas, Anel Marcial Veras, quien fue designado en esa posición pública el 21 de agosto del año pasado, según el decreto presidencial 373-20. Madison Import es una compañía creada en 2004, que entre los años 2005 y 2010 tuvo como su accionista mayoritario a Maxy Geraldo Montilla Sierra, el hermano de la exprimera dama de República Dominicana, Candy Montilla de Medina.

De acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, en marzo de 2010 Montilla Sierra vendió la mayoría de las acciones de Madison Import al Grupo Laugama, una empresa registrada en Panamá que también era propiedad del cuñado del expresidente Danilo Medina. Pero ese mismo mes el Grupo Laugama —que hasta entonces se llamaba Laugama Limited Corp.— cambió de manos y fue vendido mayoritariamente al actual vocal suplente de Banreservas, según reposa en el Registro Público panameño.

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Infografía

En el Grupo Laugama, Marcial Veras es accionista junto otras empresas, una de ellas Vihisa Investments, de Víctor Hipólito Sánchez Feliz, un político que fue electo como diputado por el PLD en 2010 y luego candidato a senador por el PRM en el año 2016.

El objeto social de Madison Import indica que está autorizada a la construcción de obras de todo tipo, promoción inmobiliaria, importación, distribución y ventas de equipos del hogar, médicos, informáticos, textiles y hasta de ferretería y pintura. En la licitación se adjudicó el contrato para vender 25,000 netbooks al gobierno dominicano por 455,123,935 pesos, de acuerdo al acta de adjudicación de la licitación.

Diario Libre intentó comunicarse con Anel Marcial Veras para obtener su versión sobre la participación de su empresa en la licitación del Minerd, pero no se había logrado hasta la publicación de este reportaje. Desde el Grupo Laugama indicaron que el vocal suplente del Banreservas se encuentra fuera del país.

Omega y la defraudación

Mientras tanto, Omega Tech obtuvo el contrato para vender al Estado dominicano 4,000 unidades de laptops para profesores que dan clases a distancia en medio de la pandemia. En este caso, se trata de una operación por un monto de 166,791,206 pesos.

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La pandemia desnudó la desigualdad en el acceso a tecnologías.

Lo curioso en ese contrato es que, a diferencia del resto de las empresas, la compra se hizo a un precio que supera en 21 % el referencial que había estimado el Ejecutivo a través del oficio DGTIC 359-2020 que emitió el Minerd el 16 de noviembre del año pasado. Es decir, mientras que el Departamento de Compras y Contrataciones del despacho educativo había fijado en 137,520,000 pesos la compra de cada lote de 4,000 laptops para profesores, a Omega Tech se le adjudicó el contrato por 166,791,206 pesos, unos unos 29,271,206 millones por encima de lo que había planteado el Minerd en el proceso licitatorio.

Omega Tech tiene como accionista a Alvin Emilio Jiménez Fernández, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por supuestamente realizar operaciones irregulares con empresas pantallas para defraudar y estafar al Estado dominicano y lavar activos entre los años 2015 y 2016. Fiscales del Ministerio Público conocedores del caso fueron consultados por Diario Libre e indicaron que el juicio contra Jiménez Fernández no ha concluido.

Omega Tech es una sociedad anónima registrada en República Dominicana en el año 2002 que, de acuerdo al registro de la Onapi, está habilitada para compra, venta, comercio internacional, contratos, construcciones de equipos de informática, materiales eléctricos, luces, árboles y obras de arte, entre otros.

Se solicitó varias veces al director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, que precisara si un empresario sometido a un juicio por presunta defraudación al fisco y lavado podía seguir participando en licitaciones públicas, si funcionarios públicos activos estaban habilitados para participar en proceso de contrataciones del Estado y si se estaban investigando irregularidades en la adjudicación de los dispositivos para la educación a distancia, pero no se obtuvo respuesta al momento de esta publicación.

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