Comerciantes piden que se revisen las medidas anunciadas para abordar el déficit eléctrico
Apagones afectarán a sectores de Santo Domingo Este, La Romana, Higüey y San Cristóbal
Diario Libre
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) expresó su preocupación ante las recientes medidas anunciadas por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Estado (CUED), para estabilizar el déficit entre la generación y el consumo eléctrico per cápita en el país.
El CUED ha decidido implementar un calendario de apagones programados de lunes a viernes, afectando localidades Santo Domingo Este, La Romana, Higüey, San Cristóbal, entre otras, con interrupciones de entre dos y tres horas diarias.
Sin embargo, Conacerd, representado por su vicepresidente y vocero, Antonio Cruz Rojas, manifestó su desacuerdo con la forma de implementación de estas medidas.
“Apoyamos la intención de reducir y equilibrar el déficit energético, pero no compartimos que se castigue de manera generalizada, afectando tanto a quienes cumplen con sus pagos como a los sectores productivos”, declaró Cruz Rojas.
Sugerencias de Conacerd
La organización instó al CUED a redirigir las medidas hacia los usuarios que no cumplen con el pago del servicio energético, aplicando sanciones estrictas sin perjudicar a quienes pagan regularmente.
Además, enfatizó la necesidad de proteger a los sectores productivos para evitar un impacto negativo en la economía nacional.
“Nuestros socios, más de 14,000 en todo el país, están debidamente educados en el cumplimiento de sus obligaciones. Pedimos que se premie a quienes cumplen, no que se les castigue por las deficiencias del sistema”, agregó Cruz Rojas.
Por último, Conacerd reiteró su respaldo a la aplicación de consecuencias legales para quienes no paguen el servicio, como una medida justa y efectiva para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.
Pérdidas de las distribuidoras
Actualmente, las distribuidoras tienen un nivel de pérdidas del 37 % por diversos factores, entre los que se incluyen el deterioro de las redes de abastecimiento y el hurto del servicio.
De acuerdo con el titular del CUED, el fraude eléctrico le cuesta al Estado 800 millones de dólares al año, por lo que el Gobierno destina una partida del Presupuesto General de la Nación para cubrir el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE): Edesur, Edeeste y Edenorte.
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