Fiscalía de Perú denuncia a presidenta Boluarte por presunto soborno en caso Rolexgate

El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, denunció este lunes ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho (soborno) en el marco del escándalo de relojes de lujo conocido como Rolexgate.

"La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado", indicó en un comunicado el Ministerio Público en la red social X.

La denuncia, entregada esta tarde al Congreso, es el paso previo a un antejuicio político, que debe ser posteriormente valorado por el poder judicial cuando ella termine su mandato.

Para la fiscalía los hechos que fundamentan la denuncia se refieren "a tres relojes marca Rolex que la presidenta habría recibido en calidad de donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, (junto a) un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes".

La presidenta es investigada en el Rolexgate desde marzo por "cohecho pasivo impropio", un delito que implica recibir beneficios indebidos por parte de funcionarios.

También por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos.

En el Parlamento, controlado por bancadas de derecha afines a Boluarte, la denuncia debe ser evaluada por una subcomisión de acusaciones constitucionales antes de ser debatida por el Pleno en un trámite sin plazo determinado.

El jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, consideró que existe una clara persecución en materia fiscal contra la presidenta, lo cual afecta al trabajo diario que realiza en beneficio del país.

"Esta no es más que una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le hace a la presidenta de manera indebida, inconstitucional e ilegal", dijo Adrianzén al canal N de televisión.

Boluarte, quien cumplirá 62 años este viernes, solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la constitución.

Con su caso, son seis los presidentes implicados en casos de corrupción en el último cuarto de siglo. En apenas ocho años, Perú ha tenido seis mandatarios, en medio de la peor ola de inestabilidad de su historia moderna.

- Rolexgate, un dolor de cabeza-

La denuncia es la segunda que presenta la fiscalía contra Boluarte luego que en noviembre pasado la acusara por el presunto delito de homicidio, como responsable de la represión a las protestas que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder el 7 de diciembre de 2022.

En su primera declaración ante la fiscalía, Boluarte indicó que los relojes Rolex le fueron entregados en préstamo por su amigo el gobernador regional de Ayacucho.

"Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima", declaró Boluarte.

Las indagaciones por "la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos" comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona.

"He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano", dijo en abril la primera presidenta mujer de Perú.

La información reveló que usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

- Gobierno débil e impopular

La mandataria, cuya desaprobación alcanza el 88%, según una reciente encuesta de Ipsos, carece de bancada propia y partido, por lo que el apoyo de las fuerzas conservadoras es clave para que pueda terminar su mandato en julio de 2026.

"¡Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026! Porque aquí el pueblo escogió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe de respetar", dijo hace una semana en un acto público descartando que renunciaría por las investigaciones.

En abril, el gobierno disolvió sorpresivamente la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que allanó en marzo la vivienda de Boluarte y el despacho presidencial, en busca de las joyas.