Administración Trump recorta casi 1,000 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso

La administración del presidente Donald Trump anunció el recorte de casi 1,000 millones de dólares en fondos previamente aprobados por el Congreso, una medida que afecta principalmente programas para inmigrantes, refugiados y menores no acompañados, así como iniciativas relacionadas con diversidad y desarrollo de comunidades minoritarias.

La Casa Blanca informó este viernes que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) utilizará una figura conocida como "rescisión de bolsillo" para recuperar los fondos.

Según AP, se trata de una facultad poco utilizada y controvertida que ha generado cuestionamientos sobre los límites del poder presidencial frente a las atribuciones presupuestarias del Congreso.

La OMB describió los recortes como dirigidos a "los gastos gubernamentales más perjudiciales".

La mayor parte de los fondos afectados corresponde a programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos destinados a atender a refugiados y menores no acompañados que, según las autoridades, se encuentran en el país sin autorización. La administración sostiene que esos recursos ya no son necesarios debido a la disminución de los cruces fronterizos.

Programas afectados

Entre los programas incluidos también figuran uno del Departamento de Educación dirigido a estudiantes migrantes; una oficina del Departamento de Justicia enfocada en reducir las tensiones raciales; una iniciativa para apoyar a emprendedores de minorías; servicios de asesoramiento en materia de vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, así como varias subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos que la administración calificó de "francamente perjudiciales y descaradamente ideológicas".

De acuerdo con AP, la Casa Blanca también señaló que algunas de las organizaciones beneficiarias de estos fondos están dirigidas por personas que trabajaron durante la administración del expresidente demócrata Barack Obama.

La medida fue cuestionada por la senadora republicana Susan Collins, de Maine, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, quien afirmó que el gobierno tomó la decisión sin consultar previamente al Congreso.

Collins dijo que trabajaría con otros legisladores para enfrentar "estas acciones ilegales".

“La demora en sí misma no solo constituye una retención de fondos que no fue reportada al Congreso, sino que también representa una usurpación de las facultades presupuestarias del Congreso”, declaró Collins. “La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) es una agencia del poder ejecutivo. No le corresponde decidir qué programas merecen financiación”.

Según la ley federal, el Congreso dispone de 45 días para revisar los recortes de gastos propuestos por el presidente antes de que entren en vigor. Sin embargo, Trump anunció la medida cuando faltaban solo cinco días para el cierre del año fiscal federal y mientras la Cámara de Representantes se encontraba en receso hasta las elecciones de noviembre.

Reacciones y consecuencias

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un organismo que trabaja para el Congreso, sostiene que este procedimiento, conocido como "rescisión de bolsillo", es ilegal, según AP.

Collins calificó la medida como el más reciente intento de la OMB de "socavar el poder constitucional del Congreso en materia presupuestaria".

El año pasado, Trump realizó una revocación parcial de fondos de ayuda exterior por unos 4,900 millones de dólares aprobados por el Congreso, la primera de este tipo en casi cinco décadas.

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear esas revocaciones y consideró que la autoridad presidencial en materia de política exterior tenía un peso importante en el caso.

Este año, la administración ha utilizado esta estrategia para centrarse en programas de gasto interno.

El uso de la "rescisión de bolsillo" forma parte de una disputa más amplia sobre el alcance del poder presidencial y la autoridad del Congreso para decidir cómo se gastan los fondos públicos.

La última revocación parcial de fondos de este tipo ocurrió esencialmente en 1977, durante la presidencia del demócrata Jimmy Carter. La administración Trump sostiene que la herramienta es legalmente permisible, aunque existe ambigüedad sobre su aplicación, ya que Carter había propuesto inicialmente la recuperación de los fondos con suficiente antelación al plazo de 45 días.

AP también señala que la administración Trump ha tomado otras medidas para ampliar el control del Ejecutivo sobre el gobierno federal, entre ellas despidos de empleados públicos, un aumento de los aranceles y acciones militares relacionadas con Irán, algunas de las cuales han generado disputas sobre los límites de la autoridad presidencial.

La senadora Patty Murray, demócrata por Washington y principal integrante de su partido en el Comité de Asignaciones del Senado, describió la decisión de la Casa Blanca como "un robo al pueblo estadounidense, simple y llanamente".

“Estos son fondos que el Congreso ha aprobado de forma bipartidista y que deberían estar ayudando a la gente, no siendo interrumpidos por un presidente más centrado en construir un salón de baile que en invertir en las familias”, dijo Murray.

Murray afirmó que, durante las recientes negociaciones sobre el gasto público, los demócratas intentaron incluir una cláusula que impidiera a la administración asumir las facultades del Congreso sobre las decisiones presupuestarias, pero los republicanos rechazaron la propuesta.

“Mientras Trump gasta el dinero de los contribuyentes en anuncios para promocionarse, el Congreso necesita reafirmar sus poderes para ayudar a la gente, y ya es hora de que los republicanos se unan a nosotros en esa lucha”, dijo.

Además de los programas relacionados con inmigrantes, la Casa Blanca anunció la cancelación de 70 millones de dólares destinados a programas de educación internacional que calificó de "progresistas"; 28 millones de dólares en subvenciones para investigaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y 9 millones de dólares en alivio de deuda para países extranjeros que financian políticas relacionadas con el cambio climático.

También fueron retenidos otros 10 millones de dólares correspondientes a un programa de desarrollo empresarial para minorías.