ICE desiste de convertir dos almacenes de Pensilvania en centros de detención para inmigrantes
La infraestructura de agua y alcantarillado en los condados de Berks y Schuylkill fue clave para la decisión de ICE de cancelar el proyecto
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) abandonó sus planes de convertir dos almacenes rurales de Pensilvania en centros de detención para miles de inmigrantes, luego de que las autoridades estatales negaran los permisos necesarios por preocupaciones sobre la capacidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Negativa estatal
La decisión quedó formalizada después de que un abogado de ICE retirara la apelación presentada contra la negativa del estado a otorgar los permisos, poniendo fin al proceso administrativo.
El Departamento de Protección Ambiental (DEP) de Pensilvania había argumentado que la infraestructura disponible en los condados de Berks y Schuylkill no era suficiente para atender a la población prevista en las instalaciones.
En una carta enviada al DEP y publicada este miércoles, ICE informó que reconsideró el destino de los inmuebles y confirmó que no serán utilizados como centros de detención.
"Ha considerado el uso final que le dará a esta propiedad y, por la presente, informa al DEP que no la utilizará como centro de detención", señala el documento fechado la semana pasada.
La agencia federal no precisó cuál será el nuevo uso que dará a los almacenes.
Reacciones oficiales
Tras conocerse la decisión, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, aseguró que las instalaciones no reunían las condiciones necesarias para albergar personas.
En un comunicado, el mandatario afirmó que los almacenes "no son adecuados para albergar personas y que convertirlos en centros de detención habría supuesto graves riesgos para la salud, la seguridad y la infraestructura de las comunidades circundantes".
La cancelación del proyecto se produce en medio de un cambio de rumbo dentro de ICE respecto a la expansión de su capacidad de detención.
La agencia había adquirido almacenes en distintas partes del país como parte de un plan de 38,000 millones de dólares impulsado por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para ampliar rápidamente el número de plazas disponibles.
Sin embargo, el mes pasado ICE comenzó a revertir esa estrategia. Tras la salida de Noem del cargo, su sucesor, Markwayne Mullin, suspendió la compra de nuevos almacenes destinados a centros de detención.
El plan había generado críticas en varias comunidades, cuyos residentes y autoridades locales denunciaron que las adquisiciones se realizaron sin información previa y que, en algunos casos, se enteraron de los proyectos solo después de que ICE comprara o alquilara las propiedades.